Denuncian a la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo por negarse a cumplir la Ley de Violencia de Género

Elena del Pilar Ramallo Millán, una víctima de Violencia de Género, ha denunciado a la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo por negarse a cumplir la Ley de Violencia de Género (VG). A consecuencia de dicha denuncia la funcionaria afima haber sido acosada laboralmente por exigir su cumplimiento.

Incluso, Elena Ramallo asegura que habrían llegado supuestamente a "suplantar mi identidad para crear una cuenta en la red social Instagram con mi nombre, presentar un pantallazo de mi teléfono de una conversación privada y habrían vigilado mis movimientos y con quién hablaba incluso fuera del centro escolar y del horario de trabajo… Todo ello está en el expediente y en la resolución de sanción". 

En palabras de la propia afectada, tal y como recoge la querella en poder del elcierredigital.com y presentada contra varios inspectores y altos cargos de la Xunta de Galicia que permitieron el supuesto abuso, la funcionaria sufrió un "implacable acoso y escarnio público en el instituto “por órdenes del inspector de educación que me humilló, se burló de mi y ninguneó mi condición de víctima con frases como "a mí, los temas personales de mujeres y esos rollos no me importan" o "soy el inspector, se hace lo que yo digo, soy autoridad pública".

Correo enviado por la afectada

Esta funcionaria, con varias carreras universitarias, doctora en Derecho y autora de múltiples publicaciones, fue acusada incluso de no saber escribir con claridad y cometer faltas de ortografía. Su coche, tal y como registra la denuncia presentada ante la Guardia Civil, fue destrozado en una puerta y denunciado de manera continuada mientras estaba aparcado a las puertas del Instituto donde imparte docencia.

Tanto la querella, como la denuncia presentada por ser apartada de la docencia de manera verbal y sin notificación alguna, han sido admitidas a trámite en los juzgados gallegos. Ambas van dirigidas contra los inspectores de educación que “participaron y permitieron tales abusos”, así como, contra determinados altos cargos del gobierno de presidente Alberto Núñez Feijóo por "conocer, permitir y consentir" los hechos relatados.

Estos altos cargos de la Xunta, firmaron las sanciones y la resolución de expediente, e hicieron caso omiso de las peticiones de cumplimiento de la ley de violencia de género y del Estatuto de los trabajadores, “sin importarles lo injusta y abusiva que era la situación” y el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer.

Presiones ante la denuncia

Antes de hacer públicas sus denuncias, la afectada afirma que "lo único que pretendía era poder reconstruir su vida con sus hijas, ya que no podía soportar más presión".Por eso, señala, "realizó un último intento para no tener que volver a los tribunales".

La funcionaria Elena Ramallo

Así, por distintos medios y vías, Elena Ramallo puso en conocimiento del presidente Núñez Feijóo que no se cumplía la Ley de Violencia de Género en la Administración que preside. También que había remitido cartas y comunicaciones sobre esta ilegalidad, del acoso y del abuso de poder al que estaba siendo sometida por parte de la Inspección educativa, de miembros de su Gobierno a través de la Secretaria de Igualdad, de la Conselleira de Educación y del Vicepresidente, Alfonso Rueda Valenzuela, máximo responsable del funcionamiento de la Administración y del cumplimento de la Ley de Violencia de Género en Galicia.

Finalmente, según afirma, "envié una carta para solicitarle un encuentro. Fue imposible, Feijóo no quiso recibirme y se me dijo extraoficialmente que el Presidente no estaba para esa nimiedades".

Denuncia presentada por Elena Ramallo

Esta decisión administrativa puede ocasionar que la víctima pueda perder la custodia de sus hijas, al no tener sueldo para mantenerlas al ser retirada de su empleo por la Xunta y tener que pleitear para recurrir esta decisión.

Según afirma, "además tengo que defenderme con mi dinero, mientras que los funcionarios y altos cargos de la Xunta pleitean con dinero público contra una víctima de género a la que han vulnerado sus derechos. Y como consecuencia, al abuso se suma a la destrucción anímica, emocional y laboral".

La denunciante insiste en que "la Administración gallega es la primera que no cumple la ley de protección a las víctimas. Sin embargo, hay desconocimiento de los derechos y miedo a reclamar, porque te destruyen y te dejan sin el pan de tus hijos". Como víctima manifiesta que "en Galicia impera la ley del silencio y los medios gallegos no son amigos de publicar nada en contra del presidente Feijóo y su Gobierno".

Respaldo de Asociaciones

Elena Ramallo se ha puesto en contacto con asociaciones de mujeres de toda España para dar a conocer su caso y pedir su apoyo. Como también con la nueva Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la exjueza Victoria Rosell, para lanzarle una pregunta sobre ¿qué piensa hacer cuando no se cumple la Ley de Violencia de Género en una Comunidad Autónoma?

Elena Ramallo arrastra su calvario desde hace más de dos años cuando, tras su separación, le fue retirada la custodia de sus dos hijas pequeñas "por dar prioridad a su trabajo y no querer renunciar a él". La funcionaria denuncia que "a su ex marido en la vista nadie le cuestionó cuántas horas trabajaba al día, ni la idoneidad para ser padre, lo que a ella sí, y por eso perdió la custodia".

Esta resolución judicial cambió su vida y desde entonces emprendió una lucha contra el maltrato institucional y judicial que, según sus palabras, "destruye a las mujeres personal, profesional y socialmente". Afirma que , trsa dedicarse estos años a investigar y analizar los fallos con el fin de encontrar soluciones, ahora espera que quieran escucharla en las Instituciones.

Alberto Núñez Feijóo

Por el momento, continuará su interacción con mujeres de toda España que se ponen en contacto ella, según relata, “para compartir sus experiencias y pedir su asesoramiento y ayuda”. Cuenta que muchas acuden a ella con desesperación, miedo, sin saber qué hacer y que se niegan a denunciar porque “no sirve de nada”. Se lamenta.