09 de mayo de 2021
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FIN DE SEMANA

Un particular ya solicitó conocer esa información en 2019 pero Presidencia del Gobierno se negó a facilitarla

La Audiencia Nacional obliga al Gobierno a informar sobre el uso privado de aviones oficiales

El presidente Sánchez a bordo del Falcon.
El presidente Sánchez a bordo del Falcon.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno por el que pretendía no tener que dar cuenta de los aviones oficiales -el Falcon- usados por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, entre el 1 de enero y el 20 de mayo en desplazamientos ajenos a su condición de presidente. El Tribunal sentencia que el Gobierno debe facilitar esa información al particular que la solicitó.

Todo comenzó con la petición de información de un particular solicitando conocer ese dato, circunscribiéndolo además a los viajes que se habían realizado en territorio nacional. Después de que no se le facilitaran acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno donde, en octubre de 2019, le dieron la razón aunque no las respuestas que buscaba.

Elcierredigital.com ya publicó en noviembre de 2018 el escandaloso gasto para el erario público que suponía tomar los helicópteros del Ejército del Aire para desplazarse desde Moncloa a Torrejón, para tomar el avión oficial.

La resolución dictada por el Consejo de Transparencia señalaba en su parte dispositiva que se estimaba la reclamación de esa persona contra la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Y daba por tanto luz verde a que el Ejecutivo diera cuenta de esos desplazamientos y enviara "copia de los informes justificativos de la necesidad de utilizar medios de transporte aéreos oficiales, si los hubiere".

Sin embargo, la Abogacía del Estado, en representación de la Administración General del Estado, argumentó que ese registro de vuelos "no existe" dado que "la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno no dispone de un archivo, base de datos o sistema de información sobre los medios de transporte utilizados en cada uno de los desplazamientos efectuados".

El Falcon donde viaja Pedro Sánchez.

Y añadían que "entre las competencias atribuidas a la Presidencia del Gobierno, a la que se circunscribe la actividad del órgano, no se encuentra ni la gestión sobre el parque automovilístico del Estado, ni la gestión del Grupo 45 del Ejército del Aire al que pertenecen las aeronaves destinadas al transporte de altas personalidades del Estado, entre ellas el Presidente del Gobierno".

Pero el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional en su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ahora da un toque de atención al Gobierno, y le expresa que el hecho de no haber contestado a la solicitud de información y no haber realizado alegaciones en el trámite ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "evidencia una actitud renuente a facilitar" información. "Planteamiento o pretensión que mantiene en esta sede", añade.

Y le recuerda que la Presidencia del Gobierno "debería disponer" de esa información solicitada, y que si no es así, a lo sumo habrá de ordenarla para facilitársela a la interesada. Pero la Audiencia Nacional incluso añade que esto puede hacerlo consultando las fuentes en que consten los desplazamientos del presidente del Gobierno, en los medios aéreos y periodo indicados, discriminando entre los de naturaleza oficial y privada.

"En el caso de que, como indica la resolución del Consejo, no se hayan producido desplazamientos privados del presidente del Gobierno durante el período fijado en la solicitud en los que se hayan usado medios oficiales, se deberá indicar expresamente", remata.

Además, la Audiencia Nacional le dice al Ejecutivo que no se está ante una solicitud de información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, por lo que rechaza la  justificación que alegaba el Ejecutivo.

La Sala concluye que la información requerida no implica además ningún perjuicio a la Seguridad del Estado o a la integridad de la autoridad que se desplaza teniendo en cuenta de que "se trata de hechos ya acaecidos, que no se trata de una información clasificada y, finalmente, que los desplazamientos son de conocimiento público en la mayoría de las ocasiones dada su cobertura mediática".

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