La maldición de Pablo Escobar: Las propiedades inmobiliarias de 'El Zar' no consiguen venderse

Un ingeniero y empresario llamado Jaime Salazar compró en una subasta pública en  2008, tres propiedades que pertenecían a la sociedad Valencia Henao, que desde 2003 fue embargada y extinguida por ser parte de la familia de Pablo Escobar. Las propiedades que adquirió Salazar fueron una bodega, el 50% de un local-bodega y una oficina por un precio de 1.938 millones de dólares. 

Los tres cheques fueron abonados a la cuenta del entonces liquidador Pablo Arango, designado por la Dirección Nacional, para administrar la sociedad Valencia Henao. Sin embargo, el ingeniero descubrió que, aunque el negocio parecía cerrado, no se firmó oficialmente porque la Sociedad de Activos Especiales (SAE) encargada de administrar los bienes incautados por las autoridades colombianas, no aprobó el trámite y no firmó las escrituras de las propiedades para realizar el traspaso.  

Salazar también se percató de que Arango empezó a complicar la firma de las escrituras y se percató de que el 50% del local y la oficina estaban embargados pues la sociedad Valencia Henao estaba inmersa en una demanda civil. Además, la oficina y los parkings que compró por 240 millones de dólares tenían una deuda con la administración del edificio por una cantidad superior de la que pagó.  

Una de las mansiones abandonadas de Pablo Escobar. 

Esta deuda previa hizo que Salazar exigiese a Arango solucionar el problema, pero éste le contestó que lo solucionase él. Ante la respuesta el ingeniero reclamó el dinero que le costaron las tres propiedades, pero nunca se lo devolvieron.  

Las escrituras nunca se firmaron  porque el liquidador no quería perder el negocio y sí seguir recibiendo las retribuciones correspodientes. Además, firmar las escrituras significaba el fin de la sociedad, porque si la sociedad se quedaba sin ningún bien ya no quedaría nada por administrar.  

Jaime Salazar denunció que el liquidador no hizo el trámite de traspaso de papeles y tampoco pagó los impuestos correspondientes a las propiedades. Ya en el 2011, se levantó el embargo y en el 2013 se anunció la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que fue reemplazada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).  

Al entrar la Sociedad de Activos Especiales en 2014, se reactivaron los trámites, pero por falta de respuesta para firmar las escrituras, Salazar interpuso una demanda que llegó al Consejo de Estado. En ese momento, la SAE suspendió el pago de cánones a favor de Salazar ya que no se pudo demostrar que Salazar pagara por los tres inmuebles de la Sociedad Valencia Henao.  

Al principio, el ingeniero perdió en los estados judiciales porque no logró acreditar el pago que realizó en el 2008 en el Banco Agrario, debido a que la entidad bancaria donde depositó los cheques no le envío los comprobantes de pago. Sin embargo, 11 años más tarde, Salazar consiguió que la vicepresidenta del Banco Agrario le enviase una certificación del ingreso del dinero a las cuentas autorizadas por la DNE. Gracias a este comprobante, Jaime Salazar presentó ante la SAE una nueva petición para la firma de las escrituras, pero la SAE volvió a denegarlo.  

La razón de la negación de la SEA fue que hubo muchos inconvenientes durante el proceso, por ejemplo, que el ingeniero depositó la consignación a Pablo Arango y que la validación de la liquidación de los ingresos sufrió una demora en ser entregada.  

Al final, la SAE decidió que, tras presentar el caso al Comité de Negocios del Nivel Central, durante la sesión 91 se aprobaría la escrituración de la bodega y el local-bodega a favor del ingeniero Jaime Salazar. Sin embargo, en cuanto a las propiedades de las oficinas continúan en un proceso de demanda por parte del administrador del edificio porque siguen impuestos pendientes por pagar.