23 de junio de 2021
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FIN DE SEMANA

El catedrático de la UCLM José Luis García Guerrero recuerda que solo el Congreso regula sobre derechos y libertades, y no los Tribunales Superiores

Reconocidos juristas advierten de la "inconstitucionalidad" de las decisiones que se tomarán tras finalizar el Estado de Alarma

/ Sánchez y Calvo. Foto: Flickr PSOE.
Este domingo 9 de mayo decae el estado de alarma tras la decisión del Gobierno de España de enviar la 'patata caliente' sobre los derechos y libertades fundamentales. Estas materias sensibles deben ser reguladas por el Congreso, tal y como señala la Constitución. El catedrático de Derecho Constitucional José Luis García Guerrero aclara en elcierreidigital.com todas las dudas que surgen a partir del domingo.

Este domingo 9 de mayo decae, de forma precipitada para muchos, el estado de alarma tras la decisión del Gobierno de España de sortear sus responsabilidades impopulares con una decisión que quizás tuvo un toque electoralista de cara a las elecciones madrileñas: que sean los tribunales los que decidan sobre los derechos y libertades fundamentales de carácter general de los españoles.

La Constitución de 1978 deja claro que sobre este material sensible debe regir el Congreso de los Diputados, tal y como nos explica el cadredrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Luis García Guerrero.

"Eludir responsabilidades"

García Guerrero asegura que el Gobierno, con esta decisión "inconstitucional", podría estar pretendiendo "eludir responsabilidades en la toma de decisiones tan impopulares como estas. Los jueces pueden resolver sobre derechos y libertades concretos o quirúrgicos: un virus que se ha propagado en un edificio concreto, por ejemplo. Pero para medidas de carácter general, está la Constitución. Y esta dice que es el Congreso el que decide".

El catedrático recuerda que la Constitución de España, "una de las más garantistas del mundo en materia de derechos y libertades fundamentales antes de acometerse varias fallidas reformas", establece que en el Congreso ha de darse cuenta cada quince días de medidas como el estado de alarma... a pesar de que el Gobierno de España ha estado seis meses sin dar explicaciones sobre esta situación.

"El Ejecutivo hasta ahora había fijado el marco regulatorio y eran las comunidades autonómas las que decidían las medidas concretas. Pero ahora La Moncloa no quiere ni fijar el catálogo de medidas, que serán decididas por las autonomías y avaladas o rechazadas por los Tribunales Superiores de Justicia en primera instancia y por el Tribunal Supremo en última", explica.

Hasta ahora eran los Tribunales Superiores de Justicia los órganos de máxima instancia para las medidas autonómicas, cabe recordar que el del País Vasco permitió en febrero reabrir bares en contra del criterio del Gobierno de Euskadi. Ahora el Gobierno central permitirá que sea el Supremo el que decida y, de paso, unifique criterios.

                    José Luis García Guerrero. 

Según la opinión de García Guerrero, el Tribunal Supremo debería rechazar las pretensiones autonómicas y dictaminar que este tipo de medidas han de estar regladas por un estado de alarma que no debería decaer y que obligaría al Gobierno central a dar cuenta de la situación ante el Congreso.

El catedrático muestra su desacuerdo con el criterio del Partido Popular, que ha pedido reformar varias leyes orgánicas (principalmente la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas de Salud Pública, llena de generalidades y falta de concreciones), cuando "es el Parlamento el que debe de regular sobre estas materias".

García Guerrero cree que el fondo de la decisión del Consejo de Ministros (a través del Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo) de decretar que sea el Supremo el órgano decisorio del asunto "es positivo porque viene a corregir un error previo de legislación que dejaba el asunto en el campo de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Eso sí, creo que es el Tribunal Constitucional, que no ha resuelto varios recursos sobre medidas restrictivas, el que debiera fijar criterio".

Esos criterios sin embargo serán unificados por el Supremo para garantizar que todos los españoles, tal y como marca la Constitución, tengan los mismos derechos y libertades fundamentales.

"Situaciones excepcionales"

Esta polémica surgió por la decisión del Gobierno de España de hacer decaer el estado de alarma. La medida la anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que explicó que el estado de alarma es "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo". La pregunta que surge es, ¿el día 9 no seguiremos estando en una situación excepcional?

Es evidente que el Gobierno estatal ha preferido "delegar" la toma de decisiones en el Tribunal Supremo, ante el que las autonomías podrán interponer un recurso de casación en el caso de que sus medidas en materia de movilidad o cierre de hostelería sean rechazadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

Cierto es que el Gabinete Técnico del Supremo ha puesto en duda la viabilidad del decreto ley surgido de La Moncloa por su presunta inconstitucionalidad. Aun así este órgano judicial, en el caso de querer resolver estos recursos y no enviarle la 'patata caliente' de vuelta al Gobierno central, tendrá que hacer malabares con plazos ajustados y sobrecarga laboral.

En cualquier caso, el Supremo tendrá que digerir la colección de recursos que interpongan autonomías como Baleares, cuya Sala de lo contencioso-administrativo declaró ayer la admisibilidad del mantenimiento del 'toque de queda' solicitado por el Ejecutivo autonómico de la socialista Francina Armengol.

Enfado en el norte

La situación sanitaria es especialmente preocupante en la Comunidad de Madrid, que además de apelar a la "libertad" de comercio tendrá que tomar medidas, y en Euskadi, donde parecen realmente preocupados con la situación.

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, recordó hace unos días que "las comunidades autónomas no tenemos ningún instrumento legal para gobernar tras el estado de alarma. Hemos pasado de una gestión de mando único por el gobierno central al anuncio de que las comunidades ya tienen instrumentos legales suficientes".

El lehendakari Iñigo Urkullu parece tener intención de mantener el cierre perimetral de Euskadi, tal y como desveló su parlanchín homólogo Miguel Ángel Revilla tras una reunión bilateral entre País Vasco y Cantabria.

Urkullu pretende poner en marcha una 'ley Antipandemia' que compense la dejación del Gobierno central, pero admite que estas medidas no estarán listas "hasta finales de junio, por lo que vamos a tener un periodo de muy difícil gestión por parte de las administraciones".

También preocupa la situación sanitaria en la 'socialista' Navarra de María Chivite, que sigue apostando por el seguidismo hacia La Moncloa y ya ha dejado claro que levanta el cierre perimetral, amplía hasta las 22.00 horas el horario de terrazas y, al menos, mantiene un 'toque de queda' nocturno que quizás corrijan los tribunales.

En La Moncloa parecen mirar para otro lado con este asunto que puede derivar en graves consecuencias sanitarias mientras no dejan de anunciar subidas de impuestos y tasas con la intención de cumplir los deseos de Bruselas, que se cobrará los fondos Next Generation mediante una condicionalidad de la que la oposición no se entera y partidos como Unidas Podemos no parecen querer enterarse.

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