20 de mayo de 2019
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FIN DE SEMANA

La trama usaba sociedades radicadas en Luxemburgo y Andorra con conexiones bancarias en Suiza y Andorra

Así fue el entramado que montaron los testaferros de Eduardo Zaplana con el que blanquearon 10,5 millones de euros

Joaquín Miguel Barceló, a la izquierda y Francisco Grau.
Joaquín Miguel Barceló, a la izquierda y Francisco Grau.
La investigación del conocido como caso Erial, por el que Eduardo Zaplana fue encarcelado el mayo pasado -y puesto en libertad hace poco más de un mes- sigue desvelando el entramado empresarial que, supuestamente, habría tejido el exministro y que todavía investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Los testaferros usados por el expresident de la Comunidad Valenciana y exministro de Aznar fueron figuras claves en la trama, desde Barceló hasta Grau.

Los agentes especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen en su informe elaborado tras obtener información sobre el entramado del caso Erial, que acusa al exministro Eduardo Zaplana de varios delitos económicos y fiscales, que varias sociedades mercantiles fueron creadas para optar a contratos públicos del Plan Eólico de Valencia y de las ITV. Gracias a esas adjudicaciones se habrían cobrado comisiones desviadas a otras sociedades y ese dinero se trajo a España. Para blanquearlo se usaron dos formas, la compraventa ficticia de participaciones de sociedades y la facturación a terceros por la prestación de servicios inexistentes.

El informe del fiscal Pablo Ponce, incorporado al sumario, resume la operativa del entramado societario que se usó para gestionar 10,5 millones de euros de sobornos, cantidad estimada por la Guardia Civil. Los investigadores pudieron seguir el rastro de los 6,4 millones de euros que habrían vuelto a España. Así, el fiscal dice que “se ha creado un entramado societario para posibilitar el retorno a España de los fondos a través de sociedades como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica”.

Eduardo Zaplana, a la salida del Juzgado.

Las investigaciones dedujeron que la sociedad Costera del Glorio transfirió el 6 de septiembre de 2005 la cantidad de 4,4 millones de euros a la empresa ASEDES, que ese mismo día pasó a ser administrada por Joaquín Miguel Barceló, considerado uno de los testaferros del exministro Zaplana. Esta sociedad está participada por él y su mujer, Felisa López, al 50 por ciento. Barceló Llorens, amigo íntimo de Zaplana, es considerado por la Guardia Civil el principal testaferro del exministro y administraba junto con su mujer hasta 10 sociedades mercantiles por valor de 9 millones de euros. Cinco años después, en concreto el 25 de octubre de 2010, Costera del Glorio y Joaquín Miguel Barceló constituyeron Medlevante, siendo Barceló el administrador único, con un capital inicial de 3.500 euros.

La forma de blanquear dinero

La manera de blanquear dinero era sencilla, la sociedad Imisión Internacional, con domicilio en Luxemburgo, pasó a controlar Medlevante transfiriendo fondos por importe de 2,9 millones de euros en tres envíos en diciembre de 2005, mayo de 2006 y julio del mismo año, a la cuenta de Medlevante. De esta manera, una sociedad legalmente establecida en Luxemburgo compraba una sociedad española, sin actividad comercial importante ni conocida. Todo vestido de la más absoluta legalidad.

Según el relato que hace el fiscal en las diligencias, las sociedades usadas, además de Imison Intenational fueron Inversiones Imison, Servicio de Excavaciones, Valencia de Revisiones SL, Levantina de Obras y Servicios SL, Proyectos Eólicos Valencianos, Inversiones Impega y Poinds Net. Para terminar de enredar la trama esta sociedad radicada en Luxemburgo está administrada por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa y que residió durante muchos años en la Comunidad Valenciana.

El documento del informe fiscal continúa con que “el control que ejerce Imisión Internacional se constata que en el año 2014 se produce un cambio, pasando a ostentar el control de forma paritaria dos sociedades radicadas en Uruguay, Misleny SA y Disfey SA, gestionadas por un sobrino de Fernando Belhot, apareciendo vinculado en Sudamérica a operaciones de blanqueo de capitales”. El citado sobrino se trataría de Daniel Gonzalo García Belhot, investigado en otra parte del sumario.

Eligieron Uruguay por opacidad

Pero, ¿por qué eligieron Uruguay? El fiscal Pablo Ponce lo explica: “Uruguay tiene una legislación societaria opaca, porque permite la posesión de acciones al portador sin desvelar el verdadero titular pudiendo ser gestionadas por un tercero y apareciendo de forma indiciaria como sociedades que recibirían el dinero no retornado a España”.

Pero las inversiones con dichos fondos no llegaron desde Medlevante, sino desde la sociedad Gesdesarrollos Integrales S.L. Dicha empresa se constituyó el 10 de abril de 2006 por la sociedad Turnis Syvatica y un particular, María de la Paloma Domínguez Pérez, como administradora única. Paloma es la esposa de Francisco Grau Jornet, contratado como asesor por Zaplana, pero considerado por los investigadores de la UCO de la Guardia Civil el auténtico cerebro y artífice de la ingeniería financiera del caso Erial. Joaquín Miguel Barceló y Grau protagonizaron diversos incidentes, grabados por los investigadores, porque el primero presentaba una constante y poco disimulada enemistad hacia el segundo.

El 8 de junio de 2006, siendo Barceló el representante de Costera del Glorio y Medlevante, ambas sociedades adquirieron un porcentaje paritario por el 42% de la sociedad Gesdesarrollos, quedándose el 15% restante en manos de los transmitentes, la empresa Turnis Syvatica y María de la Paloma Domínguez.

La confianza de Zaplana en Grau era antigua y forjada en la política valenciana, y para el fiscal Ponce, “Francisco Grau habría intervenido como artífice en la sombra de esta ingeniería como recoge una conversación con Barceló. Francisco Grau, al igual que Barceló, es un amigo íntimo de Zaplana y facilita su incorporación a CAM (dado que en el gobierno de Zaplana hubo un cambio legislativo que posibilitó un mayor control autonómico de las cajas valencianas) puesto que mantuvo como parte de la Comisión de control hasta su intervención por el Banco de España en 2011”.

La empresa Gesdesarrollos habría recibido de Medlevante un total de 2,2 millones de euros, contabilizados en la receptora como el pago de una antigua deuda entre empresas del mismo grupo y en Medlevante figuró como “inversión”. Ambas cantidades aparecen así contabilizadas en el último balance, el de 2016. Ese dinero, según la investigación, se habría destinado a comprar varios inmuebles por Gesdesarrollo y posteriormente venderlos para obtener liquidez. Según las intervenciones telefónicas, las operaciones realizadas permitirían al “socio principal” recuperar los dos millones doscientos mil euros “que se le deben” ya blanqueados.

 El dinero de Fenix Investments

Los investigadores de la Guardia Civil detectaron que en los años 2012 y 2013, provenientes de la empresa Fenix Investments, con sede en Luxemburgo, retornaron a España 2.239.107,19 euros. Como ya publicó elcierredigital.com, la empresa luxemburguesa habría recibido ese dinero de Sedesa, empresa de la familia Cotino que resultó adjudicataria de varios contratos del Plan Eólico valenciano y de las ITV, a principios de siglo

El 14 de noviembre de 2012 se transfirieron 2.100.000 euros y el 1 de febrero de 2013 otros 139.107 euros desde la sociedad Fenix. Estas cantidades se abonaron en una cuenta de Caixabank a nombre de Juan Francisco García Gómez. Este hombre fue el director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat con Eduardo Zaplana. Se da la circunstancia de que, además, García Gómez se acogió a la amnistía fiscal ofrecida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para declarar ese dinero. La forma de acogerse a la amnistía fiscal de Rajoy consistió en abonar 233.439 mil euros en concepto de impuestos. El resto del dinero se empleó, según el fiscal, para “constituir diferentes depósitos financieros a su nombre y al de su esposa”.

La investigación policial culminó con la entrega de un atestado que recogía toda la investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y que según la acusación fiscal, “ha permitido desentrañar una verdadera organización estructurada que se ha beneficiado de importantes cantidades dinerarias como consecuencia de su intervención en adjudicaciones públicas y que ha reportado importantes beneficios a las empresas adjudicatarias, todas ellas controladas por una misma familia”, la familia Zaplana Barceló.

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