La muerte de Luis Roldán reaviva los hitos de la corrupción en los últimos años del ‘felipismo’

Este jueves fallecía en Zaragoza Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil y protagonista de una de las fugas más famosas de España. Su huida, así como el caso de corrupción por el que fue apresado, fueron causa de crisis para el gobierno de Felipe González. El presidente, que se mantuvo en el poder durante quince años (de 1982 a 1997), sufrió en sus últimos momentos como mandatario varios escándalos que condujeron a su caída del poder.

Luis Roldán fue director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993. Un civil, de familia humilde, que estuvo a punto de convertirse en ministro del Interior. Aunque si algo sorprendía más que su rápida escalada al poder, fue su patrimonio. A finales de 1993 el periódico Diario 16 se encargó de destapar las propiedades a nombre de Roldán: un total de nueve. El número era bastante alto para el sueldo neto del director, que rondaba las 400.000 pesetas (menos de 2.500 euros actuales).

La primera consecuencia de esta información fue la destitución de Roldán el 3 de diciembre de ese mismo año y la segunda, que la jueza Ana Ferrer iniciara una investigación a raíz de la denuncia (apoyada en recortes de prensa) de José María Ruiz Mateos.

En 1994 fueron numerosas las personas que testificaron en la Comisión Parlamentaria del caso y, aunque muchos negaban tener conocimiento de las actividades de Roldán, la investigación descubrió que el que fue exdelegado del Gobierno en Navarra (1982-1986) obtuvo aproximadamente 1.700 millones de pesetas (más de diez millones de euros) por comisiones de obras en los cuarteles de la Guardia Civil.

Viéndose acorralado por las pruebas, el socialista huyó de España. Finalmente, Roldán se entregó en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) y fue trasladado a España, donde le condenaron a 28 años de prisión (que aumentarían más tarde) en el centro de mujeres de Brieva (Ávila), en un módulo especial aislado y custodiado por la Policía.

Luis Roldán en una de las fotos de 'Interview'.

Caso Filesa: la financiación irregular del PSOE

El caso Roldán fue solo uno de los muchos a los que se tuvo que enfrentar Felipe González. Probablemente, el más importante de todos fue la trama de corrupción de Filesa, desvelada hace veintisiete años por el director de Elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, en su libro Filesa: Las tramas del dinero negro en la política.

El escándalo estalló en 1991, cuando El Mundo y El Periódico destaparon la financiación del PSOE a través de las sociedades Filesa, Time Export y Malesa. Estas empresas se dedicaron a facturar millones a bancos, entidades financieras y grandes compañías a cambio de unos estudios de consultoría que nunca llegaron a realizarse. La suma de dinero que habrían recaudado en dos años ascendería a más de 1.000 millones de pesetas (más de seis millones de euros). Una parte de este dinero llegaría a las arcas del PSOE, que financiaba sus campañas electorales gracias a estas sociedades.

El caso fue investigado y en 1997, el Tribunal Supremo condenó a los miembros y dirigentes del PSOE Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Josep María Sala, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Vivas y Eugenio Marín a diversas penas de cárcel y económicas.

'Filesa: Las tramas del dinero negro en la política' de Juan Luis Galiacho y Carlos Berbell.

Sin embargo, este no fue el fin del caso Filesa. Recientemente se abrió una de las ramificaciones de esta trama, que consistía en la desviación por parte del PSOE de 42,2 millones en prestaciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales. Este dinero habría sido extraído de las partidas liberadas por el Imserso —entre los años 1988 y 1990— que cubrían los traslados y estancias de hasta 250.000 personas de la tercera edad que acudían al programa para irse de vacaciones.

Gran parte de estos fondos fueron desviados con las sociedades Filesa y Malesa, con las que Ferraz se embolsó unos seis millones de euros, según sentenció el Tribunal Supremo en 1997.

Juan Guerra y sus comisiones por favores

Otro de los escándalos a los que se vio enfrentado el PSOE de Felipe González tuvo que ver con Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. La revista Época descubrió que el que ejercía como asistente del Ejecutivo andaluz utilizó su posición para hacer favores, de los que se embolsaba una importante cantidad. Sus conexiones ascendían a un centenar de sociedades que poseían activos inmobiliarios, y los ingresos que Juan Guerra obtenía por “ayudar” a estas empresas llevaron a sospechar que servían para financiar al PSOE. Un hecho que, según explicaba el periódico ABC, no se llegó a demostrar.

Debido a esta trama, Alfonso Guerra tuvo que abandonar el poder y su hermano Juan se enfrentó a seis juicios. Juzgado por delitos como malversación o estafa, finalmente fue condenado a prisión y al pago de una multa. Sin embargo, no pagó la multa por declararse insolvente y tampoco pisó la cárcel ya que fue absuelto. Su modo de actuar también le hizo ser acusado de tráfico de influencias, delito que no estaba en el Código Penal por aquel entonces y que fue tipificado como tal a consecuencia de sus acciones.

Juan Guerra.

GAL: el 'grupo terrorista' que luchaba contra ETA

Las siglas GAL pertenecen a Grupos Antiterroristas de Liberación. Así es como se denominó al grupo terrorista que se creó con el fin de combatir a otra banda terrorista: ETA. Sus actuaciones tuvieron lugar entre 1983 y 1986, años en los que llegaron a matar y herir a más de setenta personas.

La vinculación de este grupo con el gobierno de Felipe González surge a raíz del secuestro de Segundo Marey, un español de Irún que en 1983 vivía en Hendaya (Francia). Los GAL confundieron al español con el etarra Mikel Lujua, y esa confusión llevó a una investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los resultados de la misma apuntaron directamente a que el grupo terrorista fue creado por la cúpula del Ministerio del Interior, con la fuerte teoría de que el presidente del Gobierno se encontraba también implicado.

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, los dos cabecillas de la trama, José Barrionuevo (ministro del Interior) y Rafel Vera (secretario de Estado) fueron condenados por secuestro y malversación de caudales públicos. Además de estos nombres, también se condenó a Francisco Álvarez (comisario jefe de la Lucha Antiterrorista), Miguel Planchuelo (comisario jefe de la Brigada de Información de Bilbao), Julián Sancristobal (exgobernador civil de Vizcaya y director de la Seguridad del Estado), José Amedo (subcomisario de la Jefatura de Policía de Bilbao) y Michel Domínguez (Inspector de policía).

La última clave del caso la tenía la CIA que, según informaba La razón, en 2020 desclasificó una serie de documentos entre los que se encontraba una extensa investigación sobre los GAL. En ella, además de constatar algunos de los hechos y especulaciones que tuvieron lugar en esos años en España (el informe data del año 1984), se confirmaba la vinculación de González con el grupo. De este modo, el expresidente del gobierno sería el conocido como ‘señor X’ de los GAL: “González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”, expresaba La razón en su información, citando directamente el informe de la CIA.

Las escuchas del CESID y el fraude del BOE

CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) es como se denominaba en los años de legislatura de González al actual CNI. La agencia de inteligencia supuso otro revés al gobierno socialista cuando el diario El Mundo destapó la amplia colección de cintas que el organismo poseía con conversaciones de personajes de las altas esferas de la sociedad española. Entre ellos se encontraban el emérito y numerosos políticos del PSOE, lo que llevó a este mismo diario a acusar al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, de usar las grabaciones para perjudicar a sus rivales dentro del partido político. Serra, Julián García Vargas (ministro de Defensa) y el general y director del CESID Emilio Alonso Manglano, dimitieron de sus cargos.

Un escándalo más de fraude asedió al partido cuando en 1989 se denunciaron los gastos del BOE (Boletín Oficial del Estado) en obras, maquinaria y viajes. La directora del boletín, Carmen Salanueva, fue acusada de defraudar más de 1.000 millones de pesetas en la compra de papel prensa (adquirido a un precio muy superior al que tenía en el mercado). La situación llevó al cese de Salanueva en 1991.