El exministro chavista Javier Álvarado Ochoa se sienta el jueves en el banquillo de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales

A comienzos de mayo, Javier Álvarado Ochoa (Caracas, 1995) fue detenido por la Policía en la ciudad de Madrid. El delito: blanqueo de capitales. Según Andorra y Estados Unidos, el chavista habría recibido millones de euros en sobornos y pagos de la estatal que ha sido “desfalcada” según denuncia la oposición al régimen.

Javier Alvarado Ochoa.

Ochoa trabajó durante cuatro décadas en el área de la energía del país caribeño; no obstante, fue la dictadura chavista la que le catapultó hasta cargos altos y le permitió amasar una fortuna. El acusado llegó a dirigir la empresa Bitúmenes del Orinoco (BITOR), tan solo un año después de que Hugo Chávez llegase al poder. Además, fue el responsable de varios proyectos en el occidente del país y región insular en el área energética.

También dirigió la empresa pública de electricidad CORPOELEC, controlada por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cuya gestión ha derivado en la crisis energética más grande de la historia del país, con apagones diarios y continuos en varias zonas del país y varios apagones nacionales en los últimos años.

PDVSA ha sido "desfalcada" según los investigadores internacionales.

Aunque sus empleos conseguidos a través de enlaces chavistas parecían marcar un futuro profesional “exitoso”, Ochoa cayó en la mira de las autoridades internacionales luego de ingresar en 2011 a PDVSA, la empresa petrolera del gobierno venezolano. Ahí presidió BARIVEN, una de sus filiales regionales.

Desde entonces, las sospechas sobre el desfalco denunciadas por la oposición llegaron a instancias internacionales. Los millones defraudados por otros dirigentes chavistas como Nervis Villalobos no dejaron indiferentes a las autoridades anticorrupción, que también abrieron causas por los movimientos de dinero realizados por Alvarado en Estados Unidos y Europa.

Así, Estados Unidos, España, Portugal y Andorra abrieron investigaciones contra el chavista. En España la investigación llegó a la Audiencia Nacional después de la inhibición del juzgado de Instrucción de Madrid, por su papel en la comisión por parte del grupo empresarial Duro Felguera.

Por su parte, Portugal ha iniciado investigaciones por sobornos realizados a través del banco portugués con sede en Venezuela, Espiritu Santo. A través de estas operaciones Alvarado habría logrado controlar activos de la estatal pdvsa.

La detención del exdirigente chavista fue el resultado de una orden de captura internacional dictada por un juez de Texas por delitos de corrupción. Poco después de la escalada del caso a la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama Teixerira ordenó el ingreso a prisión de forma provisional.

El patrón de los apagones

Alvarado dio su vida al área de la electricidad y la energía del país sudamericano. Aunque su gestión al mando de las empresas de electricidad públicas fue previa a la unificación total del sector en torno al Ministerio de Energía. En 2010, Hugo Chávez le nombró viceministro de Desarrollo Energético.

La Audiencia Nacioanal asumió el caso.

Alvarado Ochoa comenzó a gestionar esta área coincidiendo con una de las primeras crisis eléctricas de la Venezuela chavista. Los fallos generales en todo el país se deben según los sindicatos a falta de inversión y abandono; no obstante, la versión oficial ha variado. Comenzando por la responsabilidad del fenómeno climático El Niño, seguido de problemas con animales como iguanas que ingresaban a los generadores y finalmente se mantuvo la tesis del “sabotaje”.

Entre las medidas que tomó el régimen para evitar las crisis del sector, proyectó la construcción de siete plantes eléctrica. Uno de los centros proyectados fue asignado a la española Duro Felguera, en un contrato de 2.000 millones de dólares. La planta no culminada fue el kilómetro cero de la investigación contra la asturiana por blanqueo de capitales.

Además, la investigación llegó a la fiscalía venezolana que abrió expediente después de la acusación en el tribunal de Texas. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, leal a Nicolás Maduro, solicitó a España la extradición de Javier Alvarado y Nervis Villalobos.

No obstante, la investigación continúa dirigida por la Audiencia Nacional y los tribunales de Estados Unidos, Andorra y Portugal, sin que se visualice en el horizonte una extradición a Venezuela del exministro.