Los abogados del caso Julen toman el mando a partir de hoy en el accidente de Totalán

El dueño de la finca donde murió el pequeño Julen, David, ofrecerá este martes una rueda de prensa en El Palo, junto a su abogado, Antonio Flores Vila, un conocido jurista marbellí de 47 años, especializado en derecho internacional y en llevar los asuntos de extranjeros, sobre todo británicos, residentes en la Costa del Sol.

Flores Vila es fundador y director de la firma Lawbird Legal Service, especializada en la asesoría de inversiones. El despacho de abogados tiene 16 trabajadores y facturó el pasado año 1.173.000 euros. Nadie sabe muy bien las causas de esta elección, sobre todo teniendo en cuenta que el abogado Flores cuenta con una gran experiencia internacional en la gestión legal de inversiones pero en accidentes laborales o penales.

En 2014 fue denunciado por Ángeles Muñoz, entonces alcaldesa de Marbella, al entender que había vulnerado el código deontológico de la abogacía por filtrar que ella y su esposo adquieron un producto financiero destinado a la evasión fiscal en el banco Nordea Bank. El colegio de abogados de Málaga estimó entonces que Flores Vila no había incurrido en ninguna falta y archivó la queja.

Quizás en la decisión de David, dueño de la finca, haya influido que el hecho de que su hermano es el ya conocido arquitecto José María Flores Vila, quien tuvo un gran protagonismo mediático durante los días que duró la tragedia. Fue la persona que avanzó que había sido contratado por un bufete de abogados de Marbella -sin citar nunca que era de  su hermano- para realizar un informe técnico sobre los errores realizados en los trabajos de rescate del pequeño Julen, cometidos presuntamente por parte de los ingenieros que lo llevaron a cabo. Un informe hoy prácticamente ultimado.

El abogado Antonio Flores Vila.

Sin embargo, los padres de Julen, José y Victoria, han preferido contratar los servicios de una abogada, Antonia Barba García, de 52 años, especialista en reclamaciones por "responsabilidad a aseguradoras, entidades bancarias así como a navieras", según reza en su página web.  Barba García llevó las reclamaciones de los españoles afectados por el accidente del crucero Costa Concordia en 2012. Es decir, una especialista en reclamaciones civiles, como pude derivar finalmente este caso.

El bufete de Barba García cuenta además entre sus filas con el letrado Emilio Ginés Santidrián, experto en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Este abogado es desde 2006 representante de España ante el Consejo de Europa en el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en Estrasburgo (CPT) y desde 2009 miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT).

La abogada Antonia Barba García.

En realidad, tanto el dueño de la finca, como el pocero o los padres de Julen, sólo han declarado como testigos y, de momento, no han sido imputados, a pesar de que el propio director general de la Guardia Civil, Félix Azón, señaló públicamente que la muerte del pequeño Julen solo pudo deberse a un "homicidio imprudente".

Estas declaraciones tan directas del director de la Benemérita se basan en el informe elaborado por los especialistas de la Guardia Civil (Seprona), que han indagado exhaustivamente en todas los aspectos y circunstancias que acontecieron en la caída del niño en el pozo y lo qué ocurrió antes y después del accidente.

Los estudios se centraron en la relevancia del célebre e inexplicable tapón del pozo que estaba sobre el niño. Un informe que indica que también había restos de tierra no compatible con las características geológicas de la composición del pozo. Desde el primer momento, las investigaciones de la Guardia Civil tuvieron muchas preguntas que realizar a los testigos, tanto los padres, como los dueños de la finca, pasado por el pocero y el operario que realizó la famosa zanja donde jugaba Julen antes de caer en el pozo.

Críticas al director de la Guardia Civil

La declaración del director de la Guardia Civil, Félix Azón, donde tomó partido claramente sobre que se trata de un homicidio imprudente, ya ha levantado las consiguientes críticas. Así, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria lanzó un comunicado donde lamenta esta declaración de Félix Azón: “Tener que recordar -asegura la segunda asociación más representativa de la carrera judicial- a quien, paradójicamente, proviene de la carrera judicial (dada la condición de magistrado de Azón), que tan triste suceso está siendo objeto de investigación por una juez instructora de Málaga, quien ha decretado el secreto de sumario".

Esto para la AJFV es algo incomprensible dada la condición de magistrado de Azón. Por eso, le recuerdan que "incumple el deber de sigilo" sobre quien haga pública "cualquier información relativa a detalles de las investigaciones declaradas expresamente secretas de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo (...). Esto socava la confianza en la Justicia, por cuanto se trata de condicionar la decisión de la juez instructora encargada del caso que, a la sazón, es a quien corresponde legalmente calificar los hechos".