La Fiscalía se lanza contra la Okupación ilegal y pide medidas drásticas

Ciudadanos ha presentado en el parlamento una ley que buscará acabar con la ocupación ilegal de viviendas. Aunque fue presentada el 8 de julio, esta semana se ha hecho pública la propuesta de ley que hasta ahora contará con el respaldo del Partido Popular y probablemente del gobernante PSOE.

El grupo naranja en el congreso, recuerda que: “el derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho”, por lo tanto, “su protección resulta esencial” para garantizar el artóiculo 33 de la constitución.

Ciudadanos también asegura que, “la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables”.

El grupo parlamentario de Inés Arrimadas si distingue entre dos supuestos. Las víctimas de un desahucio por impago, a las que considera, deberían ser protegidas por el Estado; y las ocupaciones ilegales realizadas por colectivos y grupos organizados contra propiedades en uso o de segundo domicilio, que atentan directamente contra la propiedad privada.

Edificio Okupado.

El grupo recuerda también los problemas derivados a los vecinos. “Las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo”, explican en la propuesta.

La propuesta de Ciudadanos inicia con más regulaciones contra la actividad económica o recreativa realizada en diferentes pisos, ocupados o no. Busca dar poderes especiales a las juntas de vecinos que podrán interponer una denuncia ante cualquier actividad ilícita. Esta sería la mejor formula para frenar los narcopisos según el equipo de Arrimadas.

La actual ley Orgánica no sería derogada, pero si que cambiaría sustancialmente frente a la permisividad actual.

El columnista especializado y colaborador del elcierredigital.com, Sergio Martín, asegura que no existen motivos de peso que justifiquen que la ley permanezca inmóvil, ya que “los hechos preceden al derecho y probablemente nunca hemos tenido un problema tan grave con la okupacion”.

Martín aclara que hay dos supuestos en el caso de la ocupación; el primero, que sea en una casa vacía que no es domicilio o residencia habitual. “Aquí el conflicto es propiedad (propietario) vs. Inviolabilidad del domicilio (okupa). Aquí probablemente se dirige la ley protegiendo al okupa por la garantía del 18 CE”, según el columnista.

En segundo lugar, se encuentra el supuesto de Paola, una casa que el okupa sustrae al propietario que reside en ella. Para Martín en este caso “no debiera protegerse al okupa dado que es el okupa quien afecta a ambos derechos fundamentales, la inviolabilidad domiciliaria y la propiedad privada de quien en ella reside o quien se la tiene alquilada al residente”.

En España no son pocas las voces a favor de los okupa, de hecho, La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tiene publicado una guía legal para okupar propiedades pertenecientes a bancos, que aunque dirigidos a personas desahuciadas de la propia vivienda, sirven para casi cualquier supuesto.

Según el presidente de la formación azul, Pablo Casado, esta Ley aboga por la recuperación de penas de uno a tres años de prisión por los delitos de ocupación. Casado también ha explicado que la ley incluye cinco puntos fundamentales destacando el delito de usurpación con penas de prisión.

No obstante, los partidos promotores intentarán sumar al PSOE para llegar a una mayoría de consenso. Según publica eleconomista, entre las medidas que ha pedido cambiar la formación de Pedro Sánchez estará la de cambiar las penas de prisión por “multas”.

El proyecto también incluye la participación de fuerzas de seguridad del Estado que estarían encargados de realizar los desalojos en un máximo de 48 horas, con toda la seguridad jurídica del lado de los agentes. Además, se intentará prohibir a los ayuntamientos que empadronen a okupas.

Por su parte, el ministro de justicia, Juan Carlos Campo, ha mostrado su apertura a negociar. "Este asunto no ha dejado nunca de ser motivo de preocupación", declaró la semana pasada. No obstante, Campo también cree que existen “mecanismos” para este tipo de situaciones que además permiten "actuaciones inmediatas, rápidas".

No más empadronamientos

La propuesta de Ciudadanos incluye la modificación del artículo 18, que rezaría: “La inscripción en el padrón municipal de quienes ocuparen de forma ilegal la vivienda se considerará nula y no constituirá prueba de su residencia o domicilio ni les atribuirá ningún derecho. A estos efectos, los Ayuntamientos deberán dar de baja, de oficio o a instancia del titular legítimo de la vivienda, las inscripciones a las que se refiere este apartado tan pronto tuvieren conocimiento de las mismas”.

El sábado 2 de mayo han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las nuevas disposiciones para el empadronamiento municipal. Estas nuevas disposiciones plantean unas condiciones sin precedentes en el país, que han despertado la indignación de algunos personajes públicos como el canal de YouTube “Un abogado contra la demagogia”, con 145.000 suscriptores, quien decidió subir un video al respecto para explicar el significado de algunas de las medidas explicadas en el BOE.

Las disposiciones que indignaron al abogado fueron las correspondientes al apartado de “Casos especiales de empadronamiento”, concretamente el punto 3.3 del BOE de este 2 de mayo, el cual se refiere al empadronamiento en situación de infravivienda y expone lo siguiente: “Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.

Además, ahora que prácticamente cualquier lugar es susceptible de valer para empadronarse en una determinada localidad sin necesidad de un documento que certifique que se reside en dicha localidad, los okupas tienen todavía más fácil recibir las prestaciones públicas, puesto que pueden declarar cualquier vivienda para empadronarse sin aportar los documentos que antes eran requeridos para esto, las viviendas okupadas ahora pueden constar como residencias válidas para cualquiera que se encuentre habitándolas incluso si no la tiene en propiedad o se encarga de pagar los servicios básicos de los que dispone la misma.

Esta situación particular de los okupas parece haber sido anticipada ya que el apartado 3.3 anteriormente expuesto hace especial hincapié en que el empadronamiento es completamente independiente de las “controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”, de la misma manera que también señala las “circunstancias higiénico-sanitarias” en las que se encuentre la vivienda, haciendo alusión a los casos okupas en los que se han presentado denuncias por el estado en el se ha dejado un edificio o vivienda, como puede ser el caso de la Finca de San Rafael en La Higuera Canaria, donde muchos vecinos y ciudadanos se han quejado de los desperdicios y contaminación producidos por los okupas que allí residen.