Crímenes sin resolver (I): Se cumple un año de la absolución del exmarido de Lucía Garrido

De momento el crimen continúa en la impunidad. El 30 de septiembre de 2019 un jurado popular del caso declaraba “no culpables” a los cuatro hombres que estaba acusados de la muerte de la mujer. Se trataban de su expareja, Manuel Alonso, así como de dos ex guardias civiles, acusados de la autoría intelectual, y de un cuarto individuo como autor material. La sentencia arrojaba un jarro de agua fría sobre la familia de Lucía y los agentes que le dedicaron tantos años de investigación al caso, once hasta la celebración del juicio.

Relato de los hechos

El día del crimen, 30 de abril de 2008, el cuerpo sin vida de Lucía se encontró flotando en una piscina, dentro de una finca conocida como Los Naranjos, en el término municipal de Alhaurín de la Torre, en Málaga. La mujer tenía 35 años y una niña, Sara que entonces tenía 11 años.

El cadáver tenía algunos golpes en la cabeza y un corte en el cuello, pero la autopsia determinó que la mujer murió ahogada en la piscina de la finca, un lugar que va a tener una importancia fundamental en todo este entramado. Lucía y su hija, Sara, vivían allí junto a Manuel Alonso, esposo de la mujer y padre de la niña, hasta el año 2006, fecha en la que se separaron. Varias resoluciones judiciales concedieron el uso de esa finca a Lucía y a su hija y ahí comienza a fraguarse la tragedia.

Lucía y su exmarido Manuel en una foto cedida por la familia Garrido.

Lucía Garrido y su pareja habían montado en la finca un centro de venta de animales exóticos, que les reportaba unos buenos ingresos, y en el que se saltaban toda la legalidad, gracias a las buenas relaciones de Alonso con los agentes de la Guardia Civil del Seprona de Málaga. Además, esta relación hacía posible que hasta la finca llegasen los animales intervenidos en toda Andalucía, es decir, era un depósito y, como tal, recibía jugosas subvenciones de la Junta de Andalucía. Tras la separación de la pareja y las decisiones de los juzgados de familia, Alonso ya no podía disponer de la finca y de los 40.000 euros trimestrales que ese negocio le reportaba.

Tras varios intentos de Manuel Alonso, los tribunales ratificaron que el uso de la finca era para Lucía y su hija y que él debía pagar una pensión de 600 euros y devolverle el coche que le había quitado. En marzo de 2007, la mujer denunció malos tratos y amenazas por parte de Alonso.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en Los Naranjos no solo se guardaban animales, sino que también había servido de guardería de droga para alguna organización criminal. De hecho, en abril de 2009, un año después de la muerte de Lucía, en ese mismo lugar murieron dos colombianos que irrumpieron en la propiedad de Alonso. Éste los disparó, según dijo, en defensa propia. Pero un informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil sostenía que los fallecidos iban a realizar un vuelco, es decir, a robar la droga que Alonso guardaba en dobles fondos practicados en las jaulas de los animales. Lo cierto es que, once años después, aún no se han juzgado estos hechos.

La teoría de la Fiscalía malagueña fue que Lucía Garrido murió porque era una testigo incómoda. La acusación particular sostuvo, además, que era un obstáculo para los negocios de su marido y sus socios, entre los que supuestamente había dos guardias civiles de la Comandancia de Málaga, siempre según el Fiscal.

Hasta que el 30 de abril de 2008 Lucía fue asesinada en esa finca. La investigación fue muy compleja. Primero dijeron a la familia que parecía un suicidio, algo que descartó la autopsia. El caso pasó a manos de un juzgado de Violencia contra la Mujer, ya que las denuncias por malos tratos de Lucía parecían apuntar a Manuel Alonso como autor del crimen.

    La finca Los Naranjos donde ocurrieron los hechos.

Sin embargo, el mismo día de la muerte de Lucía, Manuel Alonso buscó encontrarse con todas las personas que pudo desde primera hora de la mañana. Y a todas ellas les dijo que se iba a Cádiz a buscar unos animales, incluso a uno de ellos le animó a acompañarle. Ese mismo día 30, Alonso repostó en dos gasolineras de la provincia de Cádiz en pocas horas y no porque se le acabase rápidamente el combustible, sino porque se dio cuenta de que en la primera en la que paró no había videocámaras que le hubiesen grabado. Quería demostrar que el día del crimen él estaba muy lejos de allí. Y lo cierto es que lo demostró. Porque no estaba cerca del lugar.

El caso fue archivado por falta de pruebas, pero en 2012, gracias al empeño de la hermana de Lucía Garrido y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el caso se reabrió. Dos años después, en 2014, el asunto da un giro definitivo, cuando el juzgado encargado de la instrucción pidió al Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil que se encargase de las investigaciones. Un anónimo los ponía sobre la pista de dos agentes de la Benemérita que mantenían excelentes relaciones con Manuel Alonso, el exmarido de Lucía.

Asuntos Internos comenzó la investigación desde cero y una confesión de una amiga de Lucía les puso sobre la pista buena: Dijo que el móvil del crimen estaba relacionado con todo lo que sabía la víctima de los negocios de su marido con agentes de la Guardia Civil. Los investigadores relacionaron la muerte de Lucía con la de los dos colombianos, un año después, y encontró relaciones entre los dos sucesos, entre ellas el mismo escenario, la finca de Los Naranjos.

Las pesquisas llevaron hasta un grupo de delincuentes conocido como Los Niños de Fuengirola y hasta un agente de la Guardia Civil, convertido en millonario, Amador Pérez Luque. Asuntos Internos consideraba que Amador Pérez estaba al frente de una red de tráfico de drogas.  Su estilo de vida está muy alejado del de un guardia civil al uso: Se compró una vivienda castillo en Coín y regentaba un circuito de motociclismo.

Los investigadores concluyeron que la la finca Los Naranjos era, además de un almacén de animales, una guardería de droga. Además, varios testigos protegidos confirmaron esta tesis y dijeron que el asalto de los colombianos a la vivienda de Alonso fue planificado por Amador, que pensaba robar 150 kilos de cocaína que había almacenados allí. Un testigo protegido identificó a Amador y al otro guardia civil que se sentó en el banquillo, José Antonio Bandera, como los participantes en reuniones anteriores a la muerte de Lucía Garrido en un bar de Torremolinos. A esas reuniones acudió un antiguo conocido de la Guardia Civil por sus actividades ilegales,  apodado El Rana e identificado como Ángel Vaello García. En esa reuniones jamás estuvo Manuel Alonso, el marido de Lucía Garrido.

Manuel Alonso junto a su abogado durante el juicio.

Unas llaves, encontradas en el escenario del crimen, apuntaron al autor del mismo. El ADN descubrió que eran de Vaello García, que fue detenido en 2016.

Pero en medio habían pasado muchas cosas, un testigo fue asesinado en Mijas, otro desapareció y nunca compareció en el juicio, otro murió asesinado en Colombia.... Desaparecieron grabaciones, se inutilizaron otras e incluso los guardias civiles que llevaban la investigación fueron espiados a través de las bases propias de la Benemérita.

Cuando se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga hubo diferencias entre la Fiscalía y la acusación particular. El primero solo acusó a El Rana como autor material y a Amador Pérez Luque como inductor y cooperador necesario. La acusación particular acusó de inductores del crimen también a Manuel Alonso y al otro agente, José Antonio Bandera.

Dudas del jurado

El jurado asumió que la Manuel Alonso nunca tuvo no tuvo las llaves de la vivienda y por tanto nunca pudo facilitarlas al asesino. El primer informe de ADN no daba resultados positivos contra Vaello y prevaleció ese documento contra el segundo que sí daba positivo, ya que nadie aclaró qué muestras cotejaron y cómo el ADN llegó a los archivos. Finalmente, el jurado popular no entendió probado que los acusados participaran en la muerte violenta de la mujer, así que todos los acusados fueron declarados no culpables.

En mayo de 2020 Manuel Alonso fue condenado por alzamiento de bienes cuando trataba de evitar el pago de la pensión mensual de 400 euros a la hija que tenía con Lucía y cuya custodia ostentaba Rosa Garrido, hermana de Lucía. Pero Rosa no pudo ganarle la batalla al cáncer y falleció hace unas semanas. Lo ha hecho sin que la Justicia demostrase quién mató a su hermana. Ignacio, el Guardia Civil que ayudó a Rosa a reabrir la investigación y que Asuntos Internos investigase el caso, asegura que seguirá buscando las pruebas que demuestren la verdad.