El TEDH vuelve a condenar a España por no investigar las denuncias de torturas

Íñigo González Etayo fue detenido en enero de 2011 por pertenecer a la banda terrorista Ekin. “La tortura empezó en el coche policial, de camino a Madrid y continuó durante cinco días”, asegura la víctima, la cual presentó una denuncia por torturas contra el estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2017. Ahora, el tribunal ha dictado sentencia y ha obligado a España a pagar 20.000 euros de indemnización al exterrorista por no haberse realizado los procedimientos necesarios para clarificar si el detenido fue torturado o no.

“Dada la ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las denuncias del demandante de que había sido maltratado durante su detención” el TEDH consideró que se había “producido una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Este artículo afirma que “nadie podrá ser sometido a tortura o a un tratamiento o castigo inhumano o degradante”.

Por tanto, el TEDH confirmó que el proceso de investigación sobre si Iñigo González había sufrido tortura llevado a cabo por los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid no fue el correcto, pero aseguró que en ningún momento se había producido una “violación material” del artículo en cuestión; es decir, no había sufrido torturas. 

González Etayo fue detenido en 2011 por pertenecer a la organización terrorista Ekin, ilegalizada desde 2001 por el juez Baltasar Garzón. Fue condenado a dos años de cárcel, pero finalmente obtuvo la libertad vigilada tras renunciar a la violencia. El condenado asegura que fue en el momento del traslado a juicio cuando los agentes de la Guardia Civil encargados comenzaron con la supuesta tortura. El detenido asegura que fue obligado a realizar flexiones con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, lo que le dificultó la capacidad de respirar, pero en ningún momento le causó un desmayo. Posteriormente, asegura que los agentes le proporcionaron agua con azúcar y le obligaron a declarar lo que ellos le indicaron.

Fotografía de Íñigo González declarando ante la prensa. 

Íñigo González asegura que esos tratos continuaron durante el tiempo que permaneció bajo protección de la Ley Antiterrorista en las instalaciones de la Audiencia Nacional. Cuando un detenido se encuentra bajo esta ley es incomunicado y es el juez instructor el responsable de su integridad física y psicológica. En ese momento, el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska. Fue gracias a la insistencia del abogado de oficio asignado a González respecto a sus dudas sobre el trato ofrecido a su representado, lo que ha hecho que el TEDH haya dictado una sentencia favorable para la víctima.

Necesidad de establecer “un código de conducta claro”

Las supuestas torturas fueron investigadas y las denuncias fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Constitucional. Agotados los recursos nacionales, en 2017 Íñigo González acudió al Tribunal de Estrasburgo (TEDH) reclamando la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Con la sentencia, el tribunal señaló que las autoridades españolas “deberían establecer un código de conducta claro en el procedimiento a seguir para interrogar a los responsables de vigilar a los detenidos que estén incomunicados y garantizar su integridad física”. Además, hizo hincapié en los casos anteriores en los que ya se ha sentenciado a España al respecto, al menos siete en los últimos años.

Íñigo González (al centro) y sus compañeros mostrando las sentencias del TEDH. 

A modo de protesta, Jon Patxi Arratibel, Xabier Beortegui, Gorka Mayo e Iker Moreno—otros antiguos componentes de grupos terroristas—acompañaron a Íñigo González y comparecieron delante del Ministerio del Interior para entregarle tres sentencias del TEDH en las que las resoluciones confirman la invalidez de los procedimientos realizados para investigar las torturas. Estas sentencias se firmaron con la palabra Aztnugal, que significa ayuda en euskera escrita al revés. Además, piden dos cosas: que el gobierno español reconozca que utiliza la tortura y que el Gobierno de Navarra realice un informe similar al que el gobierno vasco realizó y en el que se descubrieron que al menos 4.113 personas habían sido torturadas entre 1960 y 2014.