18 de septiembre de 2020
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FIN DE SEMANA

La Plataforma Nacional por el Derecho Gitano dice que las autoridades no les han contactado "ni han tenido en cuenta su particular idiosincrasia"

Los padres gitanos, reticentes a llevar a sus hijos a los colegios por temor al Covid

El agente de la Guardia Civil Antonio Martín es una de las caras más conocidas del activismo gitano.
El agente de la Guardia Civil Antonio Martín es una de las caras más conocidas del activismo gitano.
El inicio del curso escolar ha puesto a los padres y madres gitanos en una difícil disyuntiva. Deben decidir si enviar o no a sus hijos a los centros escolares. Desde la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano apuntan que el pueblo gitano quiere reanudar el curso, pero bajo condiciones que garanticen la seguridad de sus niños. Hoy, hablamos con Antonio Martín, uno de sus rostros más conocidos, para que nos informe de sus principales reivindicaciones.

El coronavirus está condicionando todos los sectores de nuestra sociedad. Lo lleva haciendo durante meses. En este sentido, ahora que se está constatando un aumento exponencial en el número de casos en nuestro país (algunas voces alertan de la inminencia de una segunda ola), un asunto preocupa por encima de todos: la vuelta a las aulas, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

Cada año, colegios, institutos y universidades congregan a más de 8 millones de estudiantes que, día tras día, tienen un contacto continuo en espacios relativamente reducidos. La pugna entre las múltiples fuerzas políticas en lo concerniente al modo de compaginar el regreso de los alumnos en modalidad presencial con las medidas de prevención por la pandemia es uno de los grandes debates del momento.

Dentro de la controversia, hay un colectivo especialmente vulnerable que no se ha tenido en cuenta por las grandes esferas de poder de nuestro país, el de los niños y niñas de etnia gitana. Para obtener información sobre esta cuestión, elcierredigital.com ha contactado con una voz autorizada, la de Antonio Martín, cabo de la policía judicial de la Guardia Civil en Almería y líder la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano, una entidad nacida el pasado abril para unir a los ciudadanos gitanos de España.

Antonio, representante del sentir de su gente, habla preocupado de la “inseguridad que existe en el pueblo gitano” con respecto a este tema, un sentimiento que parte de la “incertidumbre que este gobierno está creando al no dejar claro cómo va a ser la vuelta al colegio”, apunta. Lo delicado de la situación genera impotencia entre los miembros de la plataforma, puesto que, debido a la falta de la información, se ven incapaces de ofrecer respuestas a los suyos.

El activista recuerda que la comunidad gitana de nuestro país, aunque española, tiene una idiosincrasia diferente a la del resto de la población. En esta cultura, las personas mayores gozan de un respeto absoluto por parte de sus jóvenes y, por ende, temen que los niños que regresan del colegio puedan contagiarlos. Además, recuerda que, en el mundo gitano, las parejas contraen matrimonio muy pronto y que, en este sentido, su descendencia suele ser más prolífica que la media, con lo cual, el riesgo de contagio es más alto: “No es lo mismo llevar a un niño al colegio que llevar a cinco, estamos multiplicando exponencialmente el peligro a la hora de contagiarnos”. 

Antonio Martín, durante una charla en un aula. 

Otra cuestión que inquieta a esta plataforma es el absentismo escolar, muy elevado entre los más pequeños de la comunidad, una lacra que podría derivar, si se reiniciaran las clases, en no pocas dificultades: “Pretendemos evitar que nuestros niños sufran en el caso de que los asuntos sociales activen el protocolo de desamparo”, afirma.

No obstante, este agente de la Guardia Civil deja claro que desde la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano están combatiendo contra el absentismo escolar y que, en esta línea, se han posicionado a favor del comienzo del curso: “Nosotros estamos luchando porque este curso se inicie, porque este curso se supere, estamos a favor del crecimiento intelectual y estudiantil”. Eso sí, este reinicio no puede llegar, según sus palabras, a cualquier precio, sino de una forma en que la seguridad de los más pequeños esté garantizada.

Para los múltiples problemas que están surgiendo, Antonio no duda en ofrecer a la organización a la que representa, que es la que aglutina el mayor número de afiliados gitanos de toda España (más de 10.000), como órgano mediador con las instituciones competentes en materia de educación: “Queremos llegar a acuerdos con los estamentos nacionales y las diferentes administraciones para que nos dejen cumplir el papel que debemos desempeñar de cara a nuestro pueblo. Nadie mejor que nosotros para tratar con los nuestros”.

Entre sus principales reivindicaciones en cuanto al próximo curso, el activista otorga gran importancia a la tecnología: “El gobierno, las instituciones y las comunidades autónomas deberían proveernos de medios técnicos como tabletas u ordenadores” puesto que el pueblo gitano, de acuerdo con su testimonio, es “vulnerable” en términos económicos. En definitiva, lo que persiguen es “buscar un equilibrio entre el derecho fundamental a la sanidad y a la vida con el derecho y la obligación de la educación”. ´

Las instituciones se ponen de perfil

Antonio afirma indignado que desde la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano han intentado sin éxito contactar con las instituciones para negociar una salida conjunta a este laberinto: “Creo que ya es hora de que las instituciones cuenten con el pueblo gitano. Somos un pueblo olvidado”, sostiene.

En este sentido, defiende que han enviado varias misivas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que también se han dirigido al vicepresidente segundo del ejecutivo, Pablo Iglesias, así como a todos los máximos mandatarios de las Comunidades Autónomas, sobre las que recaen las competencias en materia de educación: “Estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para llegar a una negociación. Por lo menos, queremos que nos escuchen, que conozcan el sentir del pueblo gitano español, que nadie mejor que un gitano puede transmitir”, asegura Antonio Martín.

Desde la plataforma no dan crédito al hecho de que se tenga más en cuenta a entidades como la Fundación Secretariado Gitano, una organización que, de acuerdo con las declaraciones de Martín “está presidida por un señor que no es gitano y en la que el 80% de la plantilla no es gitana”.

El líder de la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano considera que “los gitanos quieren ser representados por gitanos” a través de esta entidad, “tanto a título informativo, asesor o de cualquier otra índole”. “Queremos ser dueños de nuestro futuro. No queremos que nos represente una formación que no es gitana en ninguno de sus sentidos”, asevera.

Según Antonio, la Fundación Secretariado Gitano es la interlocutora de las instituciones cuando deben tratarse asuntos que conciernen a esta comunidad: “Con el tema de la reconstrucción del país tras el Covid-19 el gobierno contó con ellos para formar parte de la mesa de negociación. Además, en pleno confinamiento, la reina Leticia se puso en contacto con esta fundación para conocer el estado en el que se encontraban las barriadas gitanas, y así sucesivamente durante los últimos 40 años. Ya está bien”, subraya Martín.

Miles de gitanos apoyan la Plataforma Nacional por el Derecho Gitano en nuestro país. 

Y es que, según Antonio, la comunidad gitana está sobradamente capacitada para representarse sin por sí misma: “en pleno siglo XXI, el pueblo gitano está muy bien preparado intelectualmente hablando, tenemos representantes en todas las áreas de la esfera estudiantil”.

En cualquier caso, si la predisposición de los distintos poderes públicos hacia el pueblo gitano no cambia rápidamente, Antonio Martín considera que buena parte de los progenitores de los niños gitanos no correrían el riesgo de llevar a sus pequeños al colegio: “Lamentablemente, tengo que decir que la grandísima mayoría de los padres y madres gitanos están por no llevar a sus hijos al colegio”.

Por tanto, teniendo en cuenta los miles de millones invertidos en la integración escolar del pueblo gitano y la magnitud de este colectivo en nuestro país (más de un millón de personas), Antonio recuerda que, si esta coyuntura acabara por materializarse, la involución sería inevitable.

 

 

 

 

 

 

 

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