Los expresidentes extremeños le cuestan más de 200.000 euros anuales al Gobierno autonómico de Fernández Vara

En 2007 Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) abandonó la presidencia de la Junta de Extremadura tras veinticuatro años en el Gobierno. Antes de su salida, en ese mismo año, fue aprobada la Ley 3/2007, del 19 de abril, por la que se regula el Estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura. 

Esta Ley establece que "cuando el presidente cese en su cargo, tendrá derecho a recibir el tratamiento, los honores, los medios personales y materiales y servicios de seguridad que a tal fin se establezcan”. La propuesta fue presentada por el PSOE y respaldada por el PP y, solamente, Izquierda Unida mostró su desacuerdo, al denunciar que esto suponía un privilegio al otorgar estos derechos de manera vitalicia a los expresidentes de la Junta.

Desde ese momento, “los presidentes, una vez cesen en su cargo, contarán con medios suficientes para atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas”, tal y como indicaba la Ley.

Sin embargo, según denuncian movimientos de la sociedad civil extremeña, "el decoro no fue precisamente lo que se tuvo en cuenta cuando Ibarra hizo uso de un millón de euros para reformar su nueva oficina y más de 240.000 euros para amueblarla, todo autorizado por la Mesa de la Asamblea y a cargo de los fondos de la Junta. Además, Ibarra tenía en su poder cuatro vehículos oficiales, 17 teléfonos móviles, 100.000 euros en equipos informáticos, ropa y 800 euros en facturas de botellas de vino", aseguran al cierredigital.com. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

En 2011 el antiguo presidente se vio obligado a abandonar su oficina. Precisamente en este año, se derogó la Ley 3/2007 a iniciativa de IU, pero PSOE Y PP consiguieron crear un nuevo Estatuto que eliminaba los privilegios económicos de los expresidentes, pero ponía a su servicio medios humanos y materiales pagados por la Asamblea.

Este nuevo Estatuto favorecía a José Antonio Monago Terraza, que fue presidente de Extremadura por el PP desde 2011 a 2015. "La dignidad y decoro siguen brillando por su ausencia puesto que, en 2020, las nóminas de seis personas contratadas han ascendido hasta los 219.269,54 euros", señalan estas mismas fuentes al cierredigital.com.

El coste de los expresidentes de España

Los antiguos presidentes del Gobierno de España también tienen derecho a recibir un sueldo vitalicio de 79.339 euros brutos al año, lo cual no les priva de seguir sumando ingresos por otro lado. De esta manera, Felipe González ha llegado a facturar dos millones de euros y José María Aznar, por su parte, ha ingresado además hasta 90.000 euros por las conferencias que imparte.

Rodríguez Zapatero rechazó esta pensión, pero forma parte del Consejo de Estado lo que hace que cobre un salario mayor, de 100.000 euros al año. Mariano Rajoy también rechazó la pensión de los expresidentes del Gobierno de España y se reincorporó a su puesto de trabajo en Santa Pola, por el que cobra el doble del salario oficial al que optaba como presidente del Gobierno de España. Cuando se jubile, puede solicitar la pensión vitalicia de la que ya se benefician Felipe González y José María Aznar.

Además, todos ellos tienen derecho a disponer de un asistente, un secretario, un automóvil con chófer, escolta y seguridad, así como viajar gratis en cualquier medio de transporte.