Cuatro décadas de los Estatutos de Autonomía en País Vasco y Cataluña: Entre la división, superación y olvido

Hace dos semanas el Gobierno de Pedro Sánchez aseguró que la culminación del Estatuto de Guernika se producirá en marzo de 2021 con el traspaso de 30 competencias por el que, de acuerdo a la propuesta aceptada por el Ejecutivo vasco, se espera cerrar la transferencia de prisiones y concluir en mayo de 2022 los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social.

Sin embargo, desde la nueva oposición en Euskadi, EH Bildu consideran que los tiempos se están retrasando de manera sospechosa. Lo cierto es que, hasta ahora, el PNV tenía la hegemonía nacionalista en las tres provincias vacas y la oposición, tradicionalmente, se agrupa en el Partido Socialista de Euskadi que se beneficiaba de la recogida de votos de la clase obrera que, generalmente, no comulgaba con el nacionalismo vasco del PNV, representante tradicional de la burguesía conservadora. Hoy, el mapa político eukaldún parece haber cambiado y eso puede influir en el conocido como Estatuto de Guernika, aprobado en octubre de 1979 y que sirvió, en el contexto de la Transición, para cambiar la relación entre Euskadi y Madrid.

El 21 de julio de ese año comenzaron las negociaciones en el Congreso y, desde el principio, grupos de izquierda nacionalistas se quejaron de que fue el PNV quien tomó la antorcha de las negociaciones para las condiciones del mismo. En octubre finalmente se aprobó el Estatuto y el entonces Lehendakari Carlos Garaikoetxea aseguró que lo pactado permitía “un grado de autogobierno válido para este contexto”. El éxito de las negociaciones en el terreno económico hizo que un destacado miembro peneuvista hiciera una curiosa analogía: “Es como si el Bilbao ganase la Copa del Rey todos los años”.  Además, se estableció una Disposición Final en la que se especificaba que ese Estatuto no implicaba “la renuncia del pueblo vasco a los derechos adquiridos en virtud de su historia”.

Carlos Garaikoetxea. 

Lo más interesante, más allá del techo competencial que en la Carta Magna queda regulado de forma abierta a través del artículo 156, es que se estableció de nuevo el conocido como ‘cupo vasco’ o concierto económico que esta región ha mantenido desde entonces.

El origen histórico de esto hay que rastrearlo en 1876 cuanto tras el fracaso de los carlistas en su III Guerra la nueva Constitución estableció el final de sus fueron históricos. Sin embargo, dos años después Cánovas del Castillo estableció un concierto económico con las provincias vascas que tendría ocho años de vigencia. Cánovas sabía que la capacidad de recaudación de las Diputaciones era mayor que la del Estado central.

Así se mantuvieron las cosas hasta la llegada de la dictadura franquista. Los fueron desaparecieron salvo en Álava y Navarra, territorios especialmente fieles a la causa fascista durante la contienda civil. En 1979 se volvió al concierto económico tradicional, aunque con la promesa de renovarse cada cinco años, algo que no se cumplió y se mantuvo durante años lo pactado en función al PIB de finales de los setenta. Esto, en función de las fluctuaciones económicas a veces favorecía a Euskadi y otras le perjudicaba.  

Hoy lo pactado en 1979 podría haberse quedado antiguo para algunos vascos. Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha llegado a denunciar la tardad y el traspaso de las competencias y que cuatro décadas después de su aprobación el Estatuto no se ha completado y que “en su fin último nunca se hará”.

El Estatuto catalán

En situación distinta se encuentra el Estatuto catalán. El soberanismo ha asumido que el nuevo Estatuto de 2006 que suponía una puesta al día del de 1979 ya es papel mojado y en intención de construir una República catalana trasciende cualquier pacto con el Estado central como se demostraron con todos los sucesos del 1 de octubre.

Manifestación pro-estatuo en Barcelona en 1978. 

Sin embargo, la ley máxima en el territorio representada por ese Estatuto es la que aboca a tener un nuevo President sin tener una nueva convocatoria electoral tras la inhabilitación de Torra. La Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno catalana y el reglamento del Parlamento de Cataluña establecen que cuando un presidente es despojado de sus atribuciones por “condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”, será el vicepresidente del Gobierno autonómico, en este caso Pere Aragonés (ERC), quien asuma la presidencia. Además, todos los consejeros pasan desde ese momento a estar en funciones.

La guerra entre ERC y la CUP por quién hereda el cetro del soberanismo podría dar un paso adelante en el momento que desde Esquerra están tomando un punto mucho más institucional que pasa por usar el Estatuto como herramienta, algo de lo que habían renegado en los últimos tres años.

La diputada de C’s Sonia Sierra aseguró en el Parlamente que “Mireia Prats deTV3 señaló a un empleado de seguridad en la Conselleria Salud por no atenderla en catalán. Los medios públicos catalanes imponen el catalán por encima del español”. Y añadió que el catalán no es la lengua propia de Cataluña. Vicent Sanchís presidente de TV3 y proveniente de Òmnium Cultural respondió de forma contundente: “¿Usted se ha leído el Estatuto? no se lee las leyes. 'La lengua propia de Catalunya es el catalán', dice el Estatuto. Y está vigente. Todo el mundo tiene derecho a ser atendido en las dos lenguas”. Ciertamente, una respuesta que no habría dado unos meses atrás. El Estatuto catalán más cuestionado que el vasco, sin embargo, se presenta más inamovible debido a la situación de bloqueo fáctico existente en Cataluña.