La impugnación de las cintas de audio del caso Villarejo puede dar al traste con toda la investigación de la Fiscalía Anticorrupción

Este mismo bufete de abogados madrileño, famoso por haber conseguido ya la anulación de pruebas en el conocido caso del sheriff de Coslada, encargó un informe pericial a un experto informático, que descubrió supuestas irregularidades en la prueba principal de cargo contra el excomisario Villarejo.

El asunto es grave, porque si se reconociera la invalidez de esta prueba toda la pieza Iron, que se investiga contra Villarejo, Redondo y los cuatro empresarios, quedaría anulada de facto porque todas las conversaciones grabadas constan en el mismo pen drive obtenido en casa del excomisario durante un registro policial.

Rafael Redondo, socio del excomisario José Manuel Villarejo, a su salida de la Audiencia Nacional.

Según este documento al que ha tenido acceso elcierredigital.com, la defensa de los empresarios viene a "solicitar se declare la ilicitud y nulidad probatoria de los archivos de audio contenidos en el Pen drive Pzifer, Indicio BC 08, intervenido en el registro practicado en el domicilio del investigado señor Villarejo Pérez (...) con la consiguiente expulsión de tales pruebas del procedimiento".

Carencia de certificación digital

La solicitud se basa en la "nulidad de los archivos de audio, carencia de certificación digital en su volcado por la Policía e inexistencia de los archivos originales de grabación". Es decir, que las cintas no serían originales y, por tanto, las defensas están facultadas para pedir el sobreseimiento de las actuaciones.

Asimismo, los abogados sostienen que sus clientes se "han visto involucrados en la presente causa por haber aparecido en algunos de los registros practicados cuando se investigaba al señor Villarejo y su entorno, unas grabaciones efectuadas por Villarejo o su entorno sin consentimiento algunos de mis patrocinados" y argumentan que una sentencia negativa "acarrearía nefastas consecuencias para nuestros patrocinados".

El escrito también señala que "es mucho más aconsejable atacar lo antes posible el tema de la ilicitud de determinados medios de prueba y evitar de este modo que se contaminen otras pruebas o lo que es peor, toda la actividad de valoración".

Como segundo argumento de peso el escrito alude a "la incorporación del pen drive Pzifer a la instrucción", y explican que cuando ese pen drive fue encontrado por la Policía en casa de Villarejo, en noviembre de 2017, solicitaron al Juzgado el desprecinto y volcado del contenido para proceder a su análisis, pero "esta parte desconoce el contenido del oficio en cuestión, dado que no obra copia del mismo en las actuaciones de la pieza separada Iron".

El excomisario Villarejo acudiendo al Juzgado.

Los abogados también afirman que la información del pen drive fue clonada, copiada, pero que "desconocemos como se llevó a cabo el clonado de la información (...) y si los agentes siguieron las pautas establecidas (...) dado que a posteriori solo encontramos el informe AVANCES 5194/2018, de 23 de marzo (...) al que se unió un DVD al folio 834, sin más documento, acta o resolución que especifique técnicamente la diligencia del precinto y clonado (...)".

Autenticidad del archivo

En el punto 3 se señala que "la carencia de firma digital en el archivo y sus consecuencias en la orginalidad, autenticidad e integridad del mismo".

Sobre este aspecto relatan los abogados que cuando enviaron a un perito informático al juzgado para examinar el archivo de audio se encontraron que "se le facilitó copia del archivo que se encuentra colgado en la plataforma (...) que no es el archivo original" y cual fue su sorpresa "al comprobar que tal archivo carece de firma electrónica y sistema de sellado que garantice la autenticidad e integridad de tal grabación".

La Audiencia Nacional instruye la causa contra Villarejo.

Precisamente la ausencia de este sistema de sellado y la firma electrónica es el argumento esgrimido para decir que "no puede aseverarse su autenticidad e integridad, constituyendo una prueba nula de pleno derecho" y aquí viene la gravedad del asunto al entender que "es de esperar que el resto de grabaciones que contiene el pen drive Pfizer tampoco reúnan tal requisito (...) proviene de un dispositivo de grabación cuyo original no ha sido hallado, por lo que no se puede garantizar la cadena de custodia de las grabaciones que obren en dicho pen drive ni que ellas se corresponden con las grabaciones originales".

Y explican que esto sucede porque "lo que encontró e intervino la Policía al realizar el registro, fue un mero pen drive y no una grabadora, por lo que ninguno de los archivos de audio que se hallaron en su interior son originales, puesto que los pen drive no son dispositivos grabadores de sonido".

No son prueba válida

Las conclusiones son demoledoras y de ser admitidas por la Audiencia Nacional supondría de facto reconocer que las pruebas fueron obtenidas y custodiadas de manera irregular.

Según la defensa de este conocido despacho de abogados, "consideramos que el contenido del pen drive intervenido resulta una prueba inconstitucional, al amparo de la nueva postura del Tribunal Constitucional en lo relativo a las escuchas/grabaciones con cámara oculta (...)" y por tanto "los archivos del pen drive no pueden considerarse prueba válida, al no ser los originales que se obtuvieron con la grabadora o dispositivo de grabación empleado por el señor Villarejo o el señor Redondo cuando grabaron las reuniones mantenidas con mis representados (...)".