Nuevo varapalo para Rodrigo Rato: confirmada la fianza de 18 millones de euros como responsabilidad civil subsidiaria

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado rebajar o anular al expresidente de Bankia y exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato,  la fianza de 18 milones de euros impuesta por el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en mayo de 2015, cuando Rato fue acusado de posibles delitos contra la Hacienda Pública, corrupción y blanqueo de capitales.  En esta causa, denominado caso Rato, se investiga la posible evasión fiscal derivada de los negocios particulares del expolítico del PP y los supuestos sobornos que cobró en su época al frente de la entidad bancaria.

La defensa de Rato había solicitado ante la Audiencia Provincial de Madrid que se dejase sin efecto la fianza acordada para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas en que pueda incurrir el expresidente de Bankia en el proceso. La Audiencia, en un auto emitido el jueves, decidió ratificar esa fianza, no anularla ni rebajarla como pretendía la defensa.

Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidentes de Bankia y Cajamadrid, durante una sesión del juicio en la Audiencia Nacional.

 Los magistrados explican en su dictamen que existe un auto previo en el que se aseguraba que existen "sólidos indicios de que la regularización del patrimonio exterior" de Rato se hizo "en una cuantía muy inferior a la real". Añaden también que el exvicepresidente Rato está siendo investigado por un posible delito de corrupción entre particulares "en cuantía de 2,2 millones de euros" y que los delitos a los que se enfrenta "comportan penas de multa" y que "resulta suficiente una sencilla operación aritmética a la vista de las cuantías de los delitos que se imputan para cercionarse de la prudencia con la que se fijó la fianza cuyo alzamiento se solicita. Además, la ejecución dineraria y líquida de lo acordado a día de hoy no alcanza ni la cifra de 450.000 euros".

Un caso prorrogado hasta 2020

La investigación del caso Rato se prorrogó en noviembre de 2018 hasta junio de 2020, por la complejidad de la decena de piezas que se separaron del sumario original. Las indagaciones comenzaron con un informe de la Oficina Nacional e Investigación del Fraude (ONIF, dependiente del Ministerio de Hacienda, que sospechó de algunos movimientos bancarios en las cuentas del expresidente de Bankia. La Fiscalía de Madrid actuó de oficio e interpuso una denuncia.

La Audiencia también critica la instrucción del juzgado número 31,  por no especificar cómo ha calculado el importe de la fianza que impuso al exbanquero. "Apelamos sin embargo –una vez más- al deber que pesa sobre el órgano encargado de la investigación, de dar respuesta concreta, motivada, detallada, analítica, ponderada e imparcial de cuanto se le plantea, justificando sus conclusiones con razones apoyadas en los datos concretos que han ido accediendo a la causa, y no sobre validaciones genéricas", señalan los magistrados.