La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica logra frenar las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Los planes del Gobierno de exhumar e identificar a las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos –donde descansan los restos de más de 30.000 combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil– han sido paralizados de forma cautelar este jueves, según ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, se especifica que se suspende la concesión –llevada a cabo el pasado mes de junio– a Patrimonio Nacional de la "licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial".

Guillermo Rocafort, secretario y portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica –parte demandante en el juicio– explica en una entrevista con elcierredigital.com que su objetivo es proteger el patrimonio del Valle de los Caídos: "Hasta que no se llegue al fondo de la legalidad de la licencia que ha entregado el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no se pueden hacer actuaciones. Se trata de un bien catalogado y protegido donde solo se pueden hacer obras de mantenimiento y rehabilitación". Rocafort también ha denunciado ante este medio que el espacio se encuentra "con goteras y Patrimonio Nacional no está haciendo nada para remediarlo". 

Guillermo Rocafort, portavoz y secretario de Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El proyecto inicial al mando de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo incluía las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas, además de la adopción de instalaciones de seguridad e iluminación para la inspección de las mismas. La solicitud de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ante los tribunales pasaba porque miles de familias se oponían a que los restos de sus difuntos fueran trasladados o analizados, como rechaza la Ley de Memoria.

"Los familiares que quieren sacar de allí a sus fallecidos –hasta 70 tumbas– deben ser respetados, pero influyen sobre la decisión de las familias de miles de enterrados que no quieren que se muevan los restos de allí. La exhumación les haría recordar unos hechos lamentables", defiende Guillermo Rocafort. " Tenemos el derecho de memoria, pero también hay que trabajar el derecho al olvido", puntualiza, "la reconciliación no pasa por levantar cementerios".

Como se ha recalcado en el juicio, las intenciones del Gobierno suponían que cualquier actuación en las criptas precisara del traslado de todos los restos humanos, pues "se encuentran mezclados y sería muy difícil la identificación de cada uno", en palabras de Rocafort. 

Los servicios jurídicos del Estado aseguraron que las obras propuestas solo pretenden "facilitar un acceso seguro a las criptas", pero no suponen "la manipulación y traslado de los restos humanos que se hallen". "El objetivo de las obras no es retirar restos humanos. La metodología que se va a seguir, conforme a los protocolos forenses vigentes y adoptada ad hoc, en ningún caso pasa por la retirada de cuerpos, sino por la búsqueda de candidatos razonables conforme a la investigación histórica y documental de las inhumaciones realizadas, y en su caso, la toma de muestras para la elaboración de perfiles genéticos y su identificación, sin que salga un solo resto cadavérico de las criptas", expusieron.

El juzgado ha considerado que es preciso paralizar las obras mientras se pronuncia sobre el fondo del recurso. Además sostiene que existen motivos para la detención de la licencia, que de no ser así, se producirían modificaciones en un elemento integrado en un conjunto de protección integral como es el Valle de los Caídos, con la imposibilidad de subsanarse posteriormente.

La sentencia expone como "razonable" evitar actuaciones que resulten irremediables antes de que se haya examinado el fondo del asunto planteado por el recurso. El auto agrega que no existe daño para la Administración ya que, en caso de que se desestime el recurso, podrán llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas planeadas.