Francisco González pide que censuren sus mails desde el BBVA sobre Sacyr y el "grupo hostil"

La petición del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, para incorporar al sumario del BBVA todo el material que PwC apartó de su "forensic" en el banco está generando miedo. La orden fue dada en el marco de la investigacíón de la causa número 9 desgajada del caso Tándem, el espionaje encargado supuestamente por el BBVA al excomisario Villarejo contra sus oponentes como la constructora Sacyr o la asociación Ausbanc.

La defensa del expresidente de la entidad Francisco González ha advertido al juzgado que entre los 2,3 millones de 'hits' que identificó la auditora se ocultan conversaciones estrictamente personales e información que no solo afecta a los investigados en la causa sino también "a terceros" en una alegación presentada el 16 de julio ante el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. 

En un escrito de diez páginas remitido a la Audiencia el banquero dice que aunque es de "máximo interés" recabar toda la información que permita esclarecer quienes dieron la orden para contratar con Villarejo, también señala que la entrega de todo el material hallado por PwC pone en juego "el derecho a la intimidad de los implicados y del propio banco".

De esta manera el expresidente del BBVA, apoya la postura del banco BBVA, contraria a la petición realizada para liberar 2,3 millones de registros de ese informe forensic por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, José Domingo de Ampuero y Osma, director de la corporación financiera Alba y presidente de Viscofan y Vicente Benedito Francés, jefe del gabinete del Presidente y secretario no consejero de administración de Sacyr que pidieron que se "libre requirimiento a PwC para que aporten a esta causa los hits de la línea de investigación llamada "Grupo Hostil" con la finalidad de que, al menos esta representación puede llevar a cabo un informe pericial sobre la línea de Investigación "Grupo Hostil".

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr.

González apunta de esta manera en la misma línea que la defensa legal del BBVA la cual ya expuso que la orden dada por el magistrado suponía un "atentado" a su derecho de defensa. Su escrito dice que "el mero acceso de las partes a los 2,3 millones de hits afecta, por su contenido, a derechos fundamentales e intereses legítimos que son merecedores de protección constitucional, y cuya afectación ha de estar presidida por el principio de proporcionalidad" y añade que "la aportación de la información solicitada supondría una vulneración injustificada y absolutamente desproporcionada de derechos fundamentales (no solo de los investigados en la presente causa, sino también de terceras personas totalmente ajenas al procedimiento".

Según el expresidente del BBVA, "está en juego la dimensión económica de la intimidad dado que la persona jurídica investigada es una entidad bancaria cuyo compromiso básico consiste precisamente en garantizar la reserva de los datos económicos de sus clientes". El expresidente del BBVA reconoce que "parte de la ingente información requerida son correos electrónicos enviados y recibidos. Si bien es cierto que dicha información, en cuanto documentación de una comunicación ya realizada, no está protegida en rigor por esa dimensión reforzada del derecho fundamental a la intimidad que es el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones (...)" y añade que "la titularidad del derecho fundamental no solo corresponde a personas investigadas, sino también a terceros".

La defensa del Francisco González esgrime también que "la violación de secretos empresariales es una práctica de competencia desleal. En otras palabras: la revelación injustificada de secretos de empresa constituye una vulneración de la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución Española)" e incluso pide una censura previa de esa documentación: "la información solicitada no es entregable sin un escrutinio serio y severo destinado a la exclusión de la información que pueda afectar a derechos fundamentales, insistimos, también de terceras partes ajenas al procedimiento" y añade que "correspondería al Juzgado o a aquel en quien el Juzgado delegue tal función -discriminar cuáles son los documentos o hits relevantes para la investigación y que son entregables, con carácter previo a su incorporación a la presente causa. Lo contrario supondría una vulneración injustificada y absolutamente desproporcionada de derechos fundamentales".

El requerimiento del juez instructor. García Castellón, de esos 2,3 millones de hits se produjo después de que los letrados de algunos de los perjudicados por el espionaje del BBVA -como el empresario Luis del Rivero o el presidente de Ausbanc Luis Pineda- se interesaran en saber por qué quedaron fuera del forensic todas las líneas de búsqueda relacionadas con los encargos sobre el conocido como "Grupo Hostil" (como se bautizó a Sacyr tras su intento de comprar el banco).

El juez García Castellón.

Francisco González, que declaró ante el juez pese a encontrarse entonces la causa secreta, siempre ha defendido que desconocía la existencia de todos estos contratos por los que el banco abonó un total de 10,3 millones de euros a Villarejo y a su socio Rafael Redondo y que se enteró del asunto a mediados de 2018.