El derecho constitucional a la vivienda no existe: Edificios de protección social han acabado en manos de “fondos buitre”

Se habla mucho del derecho a una vivienda digna, pero pocos hablan claramente de la verdad.  Con estas líneas pretendo explicar de manera comprensible de lo que tanto se habla pero tan poco se explica con rigor, y por tanto, se entiende mal por la sociedad en general.

¿Qué frase de las siguientes cuatro es verdad?

• “El derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental en España”.
• “El derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental, pero sí es un derecho de todas las personas”.
• “El derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental, tampoco un derecho, sino que es un principio rector del ordenamiento jurídico de todas las personas”.
• “El derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental ni un derecho, sino un principio inspirador del ordenamiento jurídico que además sólo se proclama en la Constitución Española respecto de los españoles y por tanto no respecto de los extranjeros”.

La única cierta es la cuarta y última premisa.

¿A que choca que sea así en relación con la concepción que nos han transmitido los políticos y medios de comunicación en general?

En este breve artículo contaremos la verdad, aunque pueda existir después un debate en el que habría múltiples posturas enfrentadas y opiniones diversas.

El derecho a la vivienda no es un derecho constitucional, sino que es un principio constitucional y esa distinción supone una gran diferencia en cuanto a su efectividad.

¿Qué es el derecho a la vivienda?

Se habla de “derecho a la vivienda digna” y por ello se percibe como un derecho cuando en verdad no lo es y es precisamente ese error el que crea enfrentamientos y debates que no tienen sentido.

En la Constitución Española existen Derechos Fundamentales establecidos en el Título Primero, Capítulo II, Sección I como por ejemplo en el artículo 18.2“El domicilio es inviolable”.

En la Sección II se regulan los derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo en el artículo 33.1 “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”.

En el Capítulo III se reconocen los Principios Rectores de la Política Social y Económica y es ahí donde se declara en el artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Podemos sacar por tanto las siguientes conclusiones:

El derecho a la vivienda como derecho no existe, es un principio inspirador del ordenamiento jurídico.

No es aplicable a todas las personas, pues se especifica “los españoles”.

Nos puede gustar más o menos, pero esta es la realidad jurídica en España. Se podrá modificar en el futuro y tal vez se pueda hablar en otros términos, pero en la actualidad, el derecho a la vivienda no constituye un derecho efectivo que pueda ser reclamado en España.

Mala aplicación por parte de los poderes públicos

En al artículo 47 de la Constitución Española también se indica:

“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Los desahucios no son fáciles de ejecutar.

Esto no se ha cumplido y en ocasiones las malas prácticas de los poderes públicos y los gobernantes han hecho que se haga justo lo contrario. En esta publicación no trataremos sobre si ha incumplido uno más que otro, o el mayor grado de responsabilidad de unos gobiernos o de otros.

Este principio inspirador del ordenamiento jurídico en muchos casos se utiliza de manera teórica y no se aplica de manera práctica y efectiva.

La vivienda social en España es escasa y además no está bien gestionada. Edificios enteros destinados a vivienda social han acabado en manos de los denominados “fondos buitre” lo que, lejos facilitar el derecho a la vivienda y prevenir la especulación, ha conseguido todo lo contrario.

Por ello, ahora más que nunca, con la crisis económica que estamos padeciendo derivada de la crisis sanitaria, se hace necesario que se dote en la medida de lo posible de más medios y que los recursos se apliquen de la manera más efectiva y beneficiosa para la sociedad y las personas más necesitadas y vulnerables.

Enfrentamiento social

En la sociedad existen puntos de vista muy diferentes lo que provoca enfrentamientos sociales que empeoran la situación. Tenemos que tratar de evolucionar hacia una sociedad más solidaria en la que se gestionen mejor los medios públicos para que puedan satisfacer las necesidades sociales de una manera efectiva.

Gran parte de los políticos protagonizan actos de irresponsabilidad y tienden a buscar su interés propio y el de su partido antes que el interés general y evidentemente, no ayuda nada a mejorar la mala situación que existe en España respecto la vivienda. Debemos de buscar la moderación, utilizar el sentido común y no resignarnos a tolerar debates políticos con enfrentamientos casi personales entre nuestros gobernantes en el tiempo de su trabajo en el que deberían hablar de nuestros intereses y no de los suyos, buscando el protagonismo que les repercuta en un mayor rédito electoral y por tanto mayor cuota de poder.

Lo que no debe de ocurrir es que el enfrentamiento, en ocasiones irresponsable, de nuestros políticos se extrapole a la sociedad pues genera un enfrentamiento destructivo e insano. No se arreglan los problemas, sino que se pueden incluso empeorar. No es tiempo de enfrentamiento ni entre los políticos ni entre los ciudadanos, es el momento de la unión por el bien común con independencia de los pensamientos o ideales políticos de cada persona.

Debemos de entender mejor nuestros derechos y obligaciones y no alimentar el enfrentamiento sino la evolución positiva de la mentalidad de la sociedad y las políticas sociales, especialmente en materia de vivienda. Más vivienda pública y mejor gestionada, pero siendo realistas, pues tampoco nos puede llevar a destinar tantos recursos públicos que desatendamos otras materias esenciales de la sociedad como por ejemplo la tan necesaria sanidad, garantizar pensiones dignas, ayudas sociales, etc.