Denuncian a un juez por el retraso en una investigación por corrupción contra Tito Álvarez, el "Rey del Taxi"

La Asociación para la lucha contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), liderada por el exjuez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al titular del juzgado de instrucción nº 25 de Madrid por una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) “que puede acarrearle la separación de la carrera judicial, al no haber hecho nada durante el casi un año que ha transcurrido desde que se incoaron en ese juzgado las Diligencias Previas 2060/2019”, a virtud de la denuncia que interpuso la misma asociación contra Tito Álvarez, el ‘Rey del taxi’, por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales, según se indica en el escrito dirigido ahora ante el máximo órgano de gobierno de los jueces españoles.

Aquellas diligencias penales recogían varias informaciones periodísticas relativas a la renuncia de Elpidio Silva a la defensa de Tito Álvarez en el conflicto que enfrentaba al exlíder sindical con las patronales de los VTC, así como al pasado de Álvarez cuando se presentaba como portavoz de la asociación Elite Taxi de Barcelona.

“En ellas se aseguraba que el líder del taxi había reclamado indemnizaciones como perjudicado en el conflicto con las VTC sin ser taxista, y que además tenía antecedentes penales y todos sus bienes embargados, motivo por el cual tampoco podía obtener ninguna licencia” recuerda ahora la denuncia presentada ante el CGPJ que hace también referencia al crowfunding o recogida de fondos que hicieron sus compañeros del taxi para supuestamente comprar una licencia para Tito Álvarez “ya que nunca tuvo la intención de ejercer como taxista, lo que podría constituir un delito de estafa de extrema gravedad al poder haber afectado a un gran número de personas”, dice el escrito de ACODAP.

El dinero recaudado habría servido supuestamente, según la denuncia, para engordar el proyecto Taxi Project 2.0. que actualmente lidera el denunciado “haciéndolo pasar por una simple asociación sin ánimo de lucro, que no paga impuestos, cuando en realidad se trataba de una verdadera empresa y el delito cometido era claramente un blanqueo de capitales” dice el mismo escrito.

Tras la denuncia ante el juzgado de guardia, señala ACODAP que “distintos medios de comunicación siguieron aportando pruebas documentales que acreditaban punto por punto la presunta corrupción del ‘Rey del Taxi’, y que sin embargo el juzgado de instrucción nº 25 de Madrid no ha dado señales de vida desde hace ya casi un año”.

Todo lo anterior, según la asociación denunciante “ha sido aprovechado por Álvarez para fabricarse una leyenda de impunidad dedicándose a represaliar uno por uno a todos los que le reprochan sus flirteos con la corrupción, a quienes sigue increpando al día de hoy con toda suerte de insultos y amenazas, como le ha ocurrido a nuestro asociado Ignacio Castillo Jiménez (el activista del taxi también conocido como “Peseto Loco”) que no puede personarse en un procedimiento judicial que está absolutamente parado a pesar de las gravísimas amenazas de muerte que está recibiendo como represalia”.

Ignacio Castillo,  conocido como Peseto Loco.

ACODAP recuerda ahora en su escrito dirigido al máximo órgano de gobierno de los jueces que “quienes denuncian la corrupción están haciendo uso del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, según la Directiva UE/2019/1937 de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que prohíbe las represalias”.

Esta asociación está llevando a cabo una importante labor de divulgación social de este nuevo ordenamiento jurídico europeo, señalando que el derecho a la libertad de expresión y de información que se ejercita como denunciante o alertador de corrupción vincula a todos los poderes públicos, y que los jueces y magistrados están obligados a protegerles cuando sean parte en cualquier procedimiento judicial de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53.2 de la Constitución Española, sin esperar a la transposición de la Directiva.

“Por esa razón -dice la asociación denunciante- resulta tan grave que un juzgado decida colaborar con los corruptos no investigando los hechos denunciados, aumentando de esta forma el dolor de las represalias que así devienen impunes”, finaliza el comunicado de ACODAP.