06 de mayo de 2021
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FIN DE SEMANA

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular ejerce de diputada estatal y de presidenta del partido en Navarra al mismo tiempo

La número tres del PP, Ana Beltrán, en la cuerda floja por la acumulación de varios cargos

/ Ana Beltrán. Foto: Flickr PP.
Ana Beltrán ha pedido recientemente a los dirigentes del PP que respeten los estatutos del Partido Popular. Pero la empresaria zaragozana afincada en Navarra y diputada en el Congreso por Madrid incumple el código ético de los 'populares' por acumulación de cargos incompatibles por estatutos.

El líder de UPN Javier Esparza negoció con Pablo Casado a inicios de 2019 la confección de Navarra Suma. Fuentes regionalistas explican a Elcierredigital.com que una de las sugerencias del regionalista al líder de la oposición estatal fue que "se llevase" a Ana Beltrán del Parlamento de Navarra porque su sintonía personal y política con ella, es vox pópuli, era "inexistente".

Beltrán, bregada la pasada legislatura en la oposición al nacionalismo vasco del Gobierno de Navarra de Uxue Barkos, se convirtió en un fichaje bien aceptado por Casado, que la convirtió en diputada por Madrid y en vicesecretaria de Organización de un PP que en esa época estaba en plena batalla ortodoxa contra Cs y Vox por mostrarse más nacionalistas españoles.

Lo cierto es que Beltrán asumió asiento en el Congreso y alto cargo estatal, número 3 del PP, sin renunciar a la presidencia del PP navarro (convertido en un 'partido fantasma' tras haber sido prácticamente digerido por el mismo UPN que hace unos años les marginó tras pactar con el PSOE de Zapatero).

Y esta asunción de cargos ha provocado una acumulación incompatible con los estatutos. Diario de Noticias de Navarra ha recordado que el artículo 10 del código interno del PP, relativo a las incompatibilidades, establece que "la condición de diputado al Congreso es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico del partido".

Pillada

La guerra entre Pablo Casado y Juanma Moreno por el control del PP en la provincia de Sevilla llevó a Ana Beltrán a enviar una carta a los dirigentes 'populares' provinciales. La misiva señalaba la "necesidad de respetar lo estipulado en los estatutos" con la intención de "garantizar el correcto desarrollo de los congresos" y "asegurar el adecuado funcionamiento de la organización".

"Los presidentes y secretarios generales provinciales e insulares solo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, parlamentos autonómicos y el Senado", dicen los Estatutos del PP.

Ana Beltrán. Foto: Wiki. 

Y un portavoz de Beltrán aseguró al citado medio navarro que el problema para ella será futuro a la hora de poder presentarse a la relección como presidenta del PP en la Comunidad Foral ya que ella era baronesa autonómica antes de asumir la condición de diputada.

Es evidente que esta teoría defensiva no se sostiene, pero Pablo Casado parece mirar para otro lado ya que el PP de Navarra, con escuálidas fuerzas, se ha convertido en una fuerza sin agenda ni prácticamente afiliados que no tiene siquiera contestación interna para protestar ante el escándalo de que la presidenta del partido en la Comunidad Foral haga vida en Madrid.

Polémicas

Ana Beltrán se convirtió con tan solo 22 años en gestora de las Bodegas Camilo Castilla, empresa radicada en la localidad navarra de Corella y fundada en 1856. Este negocio se dedica a la elaboración de vinos dulces de Moscatel y vinos con Denominación de Origen Navarra.

Lo cierto es que este negocio familiar ha salpicado la carrera política de Beltrán, que se ha visto obligada a llamar a varios medios de comunicación para puntualizar las constantes denuncias periodísticas sobre unas escandalosas deudas de Bodegas Camilo Castilla con la Hacienda de Navarra (a la que adeudó casi 800.000 euros).

Esta tensa situación se suavizó el pasado año tras conocerse que la bodega de la familia de Beltrán superó el concurso de acreedores en el que se vio inmersa desde 2017 y llegó a un acuerdo con la Hacienda Foral para regularizar su situación.

 

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