La Guardia Civil investiga el caso 'Menas de Puerto Bello' y los menores señalan a Dakhla como epicentro de las mafias

La Guardia Civil ha citado a los responsables de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, en relación a su gestión de la tutela de los 'mena' (Menores Extranjeros No Acompañados) en los apartamentos Puerto Bello de Gran Canaria.

Estas actuaciones se producen en el marco de la investigación abierta a la entidad a raíz de las denuncias interpuestas por algunos monitores de este centro, a través de un correo masivo dirigido - el pasado 31 de mayo- a Presidencia de Gobierno y a la Consejería de Asuntos Sociales de Canarias, entre otras autoridades regionales. Documento en el que se especificaban presuntas agresiones sexuales, consumo de drogas y alcohol entre menores migrantes, además de una larga lista de irregularidades, según informan los denunciantes en exclusiva para El Cierre Digital.

En estos momentos existen, según informan a nuestro medio estas mismas fuentes, dos investigaciones abiertas. Por una parte, la Fiscalía de Menores de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado declaración a algunos monitores denunciantes de los citados abusos en Puerto Bello en las Diligencias de investigación Penal 0000103-2021.

Mientras, la Guardia Civil, que ha intervenido en numerosos altercados en este centro -generados por los conflictos internos entre menores y por ciertas irregularidades cometidas por trabajadores por las que se rebelaron los 'menas'-, mantiene el foco en averiguar, en base a los interrogatorios dirigidos a los directivos de esta fundación,  los presuntos delitos cometidos.

Respecto a la comparecencia voluntaria ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de algunos migrantes que estuvieron alojados en Puerto Bello -que ya han alcanzado la mayoría de edad- al parecer preparan sus testimonios para que trascienda, según avanzan en exclusiva a ElCierreDigital.com, "el maltrato que han sufrido en este centro". "Queremos dar una lección de justicia", dicen algunos ex usuarios de estos apartamentos, quienes están dispuestos a denunciar a algunos trabajadores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, según indican. 

Por otra parte, algunos de los monitores denunciantes de estos presuntos abusos e irregularidades, han sido despedidos por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI después de prestar declaración ante la fiscal de menores, Beatriz Sánchez. Un despido que califican de "injustificado", por lo que anuncian en exclusiva en ElCierreDigital.com que "denunciarán estos hechos ante la jurisdicción laboral".

El Cierre Digital es el medio de referencia que ha venido publicando en exclusiva las presuntas irregularidades sobre la crisis de inmigración desde Marruecos hacia Canarias iniciada en 2020 y, en concreto, este periódico, a través de un trabajo de periodismo de investigación, destapó el escándalo sobre la gestión de los menores alojados en Puerto Bello, ejercida por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, constituyendo estos reportajes un trabajo de referencia a nivel nacional, también para policías y guardias civiles para iniciar investigaciones, según apuntan fuentes consultadas del Ministerio del Interior.

Desalojo del centro Puerto Bello

El desalojo de los menores, así como el de diversos enseres -como ordenadores de los despachos- de los apartamentos de Puerto Bello, se produjo entre el 14 y 15 de julio, tal y como había confirmado el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres en el último pleno celebrado en el parlamento regional, unos días antes al cierre de este recinto.

Imágenes del desalojo de Puerto Bello. 

ElCierreDigital.com había destapado diversos escándalos previos a la clausura de este centro de menores, así como se hizo eco de las protestas ciudadanas por la inseguridad vivida en este proceso debido a los altercados violentos que se han producido en este centro. De igual forma, es el único medio de comunicación que ha accedido en exclusiva a imágenes inéditas del desalojo de Puerto Bello, testimonios gráficos en los que se capta cómo personal autorizado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI evacua "ordenadores, lavadoras, cajas y documentos".

Las concentraciones convocadas por la 'Plataforma Salvemos el Turismo en Mogán', el descontento de los vecinos residentes del área de Puerto Rico por la tensión continua y el cierre de sus negocios y las denuncias por la inacción del gobierno canario respecto a este conflicto provocado por la gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, han ejercido la presión mediática necesaria para que la parálisis política que en este asunto mostraba la consejera de Asuntos Sociales, Noemí Santana, del Grupo Unidas Podemos, fuera atajada por el equipo de gobierno del PSOE, cerrando el polémico centro de Puerto Bello.

Imágenes del desalojo de Puerto Bello. 

El suceso detonante de la clausura del centro fue el asalto al bar inglés 'Crazy Horse' protagonizado por un grupo de 'menas' durante una madrugada de junio, que provocó reacciones vecinales "solicitando el cierre definitivo de estas instalaciones".

Facturas y alfombras persas

Consultados  extrabajadores del centro Puerto Bello, estos subrayan a ElCierreDigital.com, que "sorprendentemente, con el visto bueno del gerente del complejo de 'menas', Rafael Bautista González, las facturas emitidas a nombre de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en relación a los gastos ocasionados por la gestión diaria con los migrantes, eran efectuadas a la dirección particular de uno de los apartamentos Ocean Lanzamar, situados en Lanzarote, cuando lo normal, hubiera sido facturar directamente a esta entidad, cuya central está ubicada en Madrid".

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI está registrada como sociedad en Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil, consta de 251 a 500 empleados y tiene una facturación de seis a quince millones de euros anuales, según los informes públicos a los que ha accedido este medio.

Sin embargo, estos exmonitores muestran su incertidumbre sobre "el uso real de la financiación de esta fundación en relación a fondos públicos, su inscripción como entidad para operar en Canarias, el destino final de los enseres evacuados de Puerto Bello, como lavadoras, alfombras persas de una elevada cuantía adquiridas por esta entidad para celebrar el Ramadán, archivos, documentos, y dos ordenadores portátiles y cuatro ordenadores de mesa, con lo importante que era haber preservado esta información".

Despidos de monitores denunciantes

Los monitores denunciantes de las irregularidades de Puerto Bello ante la Fiscalía de Menores, posteriormente fueron despedidos por la fundación a través de un comunicado -al que ha accedido en exclusiva ElCierreDigital.com-, en el que se expresa que la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias "concluye la contratación a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI del servicio de acogimiento residencial y atención integral de personas menores de edad extranjeras no acompañadas", y esta causa, "justifica el contrato suscrito sin efecto".

En este sentido, los comparecientes ante la Fiscalía manifiestan su "desazón" por todas la situaciones de sufrimiento que han vivido los 'menas' en Puerto Bello, pero también subrayan su "malestar" por su despido, cuando está acreditado que, según su testimonio, "otros trabajadores del centro, mantienen su puesto de trabajo en esta fundación con los mismos menores en otras instalaciones", por lo que alegan "un trato discriminatorio" que están estudiando llevar a los tribunales, dicen en este medio.

Red de contratación 

Extrabajadores de Puerto Bello, indican a ElCierreDigital.com que "fueron captados para trabajar para la Fundación Respuesta Social Siglo XXI a través de grupos de mensajería o redes sociales frecuentadas por marroquíes bajo el contacto con los directivos de esta entidad desde Lanzarote".

Estos directivos, Fernando Pérez Romero y Rafael Bautista González provienen de Lanzarote -previamente a la dirección de Puerto Bello-, de gestionar otros recursos de menores bajo una adjudicación directa de 279.373 euros en 2018, aprobada por el cabildo insular, sin tener en cuenta si estaban al día de las obligaciones tributarias y pagos con la Seguridad Social dada la vía de contratación complementaria, según consta el documento de adjudicación al que ha tenido acceso este medio.

Problemas en los nuevos centros

Algunos de los monitores de Puerto Bello, continúan contratados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, pero han sido derivados a otros nuevos centros gestionados por esta entidad, denominados Tafira-Mazagán, El Tablero-Salobre y otros enclaves en Gran Canaria, según confirman a este medio. También sostienen, que han declarado ante la Fiscalía de Menores que "el problema continúa en el centro Tafira-Mazagán, dirigido por Fernando Pérez Romero -ex director del centro Puerto Bello-, puesto que persisten los mismos conflictos relativos al presunto consumo de drogas y alcohol por parte de los menores, no existen baños en condiciones, ni talleres educativos". 

"Otra honda preocupación se sobreviene entre monitores por el estado de salud de un menor que se arrojó a la calle desde un balcón de los apartamentos Puerto Bello, tuvo que ser hospitalizado, y podría haber quedado sin movilidad en sus extremidades pero, al parecer, cuando esto sucede y es menor de edad, se le tramita la mayoría de edad durante la atención médica, por lo que el gobierno canario no se haría responsable", un hecho que los trabajadores de Puerto Bello ven prioritario poner en valor ante la sociedad para retratar el "horror vivido por los menores en este complejo de apartamentos".

Los menores viajan en patera desde Dakhla

Existen testimonios inéditos de menores migrantes que, durante su estancia en el complejo Puerto Bello, en Gran Canaria, han cumplido la mayoría de edad y desean que "su historia sea conocida en los medios de comunicación".

Estos ex usuarios del centro relatan en exclusiva para ElCierreDigital.com, que "sus familias reunieron alrededor de 2.000 euros para que pudieran viajar en pateras, pagando a las mafias que operan con tráfico ilegal de personas desde el Puerto de Dakhla (Villa Cisneros), al sur de Marruecos".

Algunos 'ex menas' que fueron tutelados por el Gobierno de Canarias, explican que "se trasladan en taxis desde sus localidades marroquíes de origen hasta Dakhla, donde aguardan diferentes pateras en el puerto dispuestas a trasladar a los migrantes hasta las Islas Canarias".

Cabe destacar que el Puerto de Dakhla representa uno de los mayores activos en el ámbito económico y turístico para el Rey de Marruecos, Mohamed VI, según indican fuentes consultadas cercanas al gobierno marroquí. Además de ser el epicentro mundial del Foro Crans Montana, celebrado anualmente en esta localidad, auspiciado por el monarca alauita, en el que participan autoridades políticas de diferentes países, como fue el caso del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el presidente de honor en la convocatoria de 2015.

Estas mismas fuentes marroquíes consultadas reconocen "el descontento con la gestión de la exministra de Asuntos Exteriores,  Arancha González Laya, y la presión política desde Marruecos para cambiar de interlocutor, en base, entre otras cuestiones, a la crisis migratoria de las pateras hacia Canarias".

La secretaria de VOX señalada ante la fiscalía

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI contrató a la secretaria de VOX Las Palmas, María Ángeles Barroso, en calidad de educadora en el centro de 'menas' de Puerto Bello a principios de 2021 pero, posteriormente, fue ascendida por esta entidad como directora de otro nuevo centro temporal de menores gestionado por esta fundación, el denominado 'Hotel boutique Vegueta', situado en el centro de la capital grancanaria.

Algunos monitores denunciantes consultados por este medio, explican que han señalado a Barroso en sus declaraciones ante la Fiscalía de Menores por su comportamiento, presuntamente, "con gestos racistas hacia los menores migrantes, desatención de sus labores como educadora en Puerto Bello, el uso de tabaco de los menas en este recinto y la utilización del teléfono para cuestiones de su partido VOX durante sus turnos, en los que se quedaba en uno de los despachos de la fundación sin realizar actividades con los menores".

Pero otra cuestión grave, advierten fuentes consultadas del centro 'Vegueta', del cual Barroso continúa como directora en la actualidad, es que bajo su mando "los menores no obtienen educación o formación alguna, pero reciben palizas de algunos monitores, y se muestran reacios a denunciar los hechos por temor a ser represaliados en estas instalaciones". Además, también indican que "Barroso no acude todos los días al local pero cuando se persona como directora, es identificada por su mascarilla verde con una bandera española, por lo que los usuarios se quejan del uso de estos signos concretos en un puesto de trabajo que debería ser imparcial".

Consultado el diputado de VOX Las Palmas y vicepresidente del CEP del partido en Gran Canaria, Alberto Rodríguez, comunica a este medio que 'María Ángeles Barroso no hará declaraciones a medios de comunicación'.

Adjudicaciones y financiación 

Algunos miembros de grupos hoteleros y empresarios de turismo en Gran Canaria consultados por ElCierreDigital.com expresan su "malestar" por la "adjudicación directa" que se ha hecho por parte del Ministerio de Migraciones y el Gobierno de Canarias, de ciertas instalaciones hoteleras para transformar estos complejos turísticos en centros de acogidas de 'menas' y migrantes procedentes de las pateras, sin que se hayan realizado "concursos públicos para estas concesiones y se gestaban las adjudicaciones a través de la figura de un conseguidor que contactaba de manera particular con empresarios concretos para acoger a los migrantes en sus hoteles".

"Algunos hoteleros que albergaron migrantes en sus hoteles podrían haber facturado entre uno a tres millones de euros mensuales, cobrando por cada migrante una cantidad en torno a 50 euros diaria, ascendiendo a 120 euros diarios por 'mena', además de las compañías aseguradoras contratadas por las ONGs, que podrían reformar por completo los hoteles destrozados", matizan, con preocupación por la falta de control del los fondos públicos a estas entidades humanitarias.

"La crisis migratoria de Canarias se ha convertido en un negocio para unos pocos, mientras la imagen turística de las islas se ha hundido", señalan.

Finalmente, fuentes consultadas del Aeropuerto de Gran Canaria, confirman que han observado "miembros de ONGs en este recinto aeroportuario, acompañando a migrantes que eran trasladados a la península".