El fraude de las tutelas de los 'enfermos de Alzheimer': Comienza el juicio del caso AFAL

Tres años y cuatro meses después de terminar la fase de investigación y de que el Ministerio Fiscal presentara su escrito de acusación, este lunes daba comienzo ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, presidido por el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, el juicio contra los que fueran máximos responsables de la Fundación AFAL Futuro, acusados de un delito de apropiación indebida. 

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para el director de AFAL, Jaime Conde Morala; cinco años para la abogada de la entidad, Mercedes Díaz Mayo; dos años y medio para Rafael Núñez, marido de la presidenta de la entidad Blanca Clavijo -que falleció en el 2014 en un accidente de tráfico tras sufrir un ataque al corazón-; y un año y nueve meses para Juan Antonio Fernández, voluntario. Para la también voluntaria, María Eugenia James Lamigueiro, se solicita un año de prisión acusada de un delito de falso testimonio. 

Un plan para "expoliar" a personas vulnerables 

El Ministerio Fiscal afirma en su escrito que los acusados idearon "un plan para "expoliar" el patrimonio de las personas que tenían bajo su tutela, mayormente personas mayores, que padecían Alzheimer o demencia senil, pero también personas jóvenes, como es el caso de Yolanda García-Cereceda, hija del Luis García Cereceda, dueño de la famosa urbanización 'La Finca'. La Fundación AFAL controló su patrimonio después de que, tras la muerte de su padre en el año 2010, su hermana Susana pidiera su incapacidad por “problemas psíquicos”. 

A todas ellas, según la Fiscalía, supuestamente se les sustrajeron 8.422.909 euros mediante transferencias "inconsentidas" e "injustificadas". En este sentido, tal y como desveló el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, que destapó este escándalo en noviembre de 2013, en el sumario del caso obran testamentos falsos, la venta de pisos de los tutelados con precios por debajo de mercado, extracciones de dinero en metálico sin justificar superiores a 50.000 euros, facturas infladas por asesoramientos jurídicos y cursos, además de la contratación de complejos productos financieros para ancianos, algunos con demencia. También se encuentran cerca de 35.000 correos que intercambió la presidenta de AFAL Futuro, Blanca Clavijo, con sus directivos, colaboradores y amigos que revelan la ingeniería financiera que propició el supuesto expolio de bienes de los tutelados.

Blanca Clavijo. 

“Han salido importantes cantidades de las cuentas de los tutelados sin justificación, así como se ha contratado en nombre de los mismos productos de distinta clase con el fin de enriquecer a la fundación o a las personas responsables de la misma y personas del entorno de estas, en perjuicio de los tutelados y de quién fuera a heredar a los mismos en el futuro”, se puede leer en uno de los autos del caso. 

En este sentido, dado que la Fundación era nombrada tutora de los ancianos -la mayoría con Alzheimer, sin familiares o “teniendo estos intereses contrapuestos”- los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas. Estas transferencias “inconsentidas” o “injustificadas”, según la Fiscalía alcanzaron el importe mencionado de 8.422.090 euros “sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres”.

Todo ello se articuló mediante una sofisticada ingeniería financiera trazada de la mano de inmobiliarias y consultoras externas. Tal y como destapó el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, "las facturaciones 'extras' a los tutelados se hacían a través, fundamentalmente, de la empresa T4L Tecnología for Living S.L., una sociedad cien por cien de AFAL, cuya consejera delegada era Blanca Clavijo y de la que el marido de la presidenta, Rafael Núñez Blázquez, fue copropietario hasta el año 2005, tres años antes de que AFAL la comprase por tan sólo un euro. A través de T4L Tecnología for Living S.L. se facturó a los tutelados, según las facturas entregadas a la Fiscalía Anticorrupción, cantidades que oscilaban entre los 14.000 a 50.000 euros por trabajos supuestamente de 'consultoría inmobiliaria', cuando esta sociedad no tiene por objeto social la consultoría inmobiliaria sino que está constituida como una empresa de software informático".