Lo que en realidad se cuenta en el polémico informe de la CIA sobre los GAL y Felipe González

Cinco páginas, desde la 16 a la 20 ambas incluidas, han vuelto a poner sobre la mesa la polémica de los GAL. El diario La Razón publicó el siguiente titular: “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”.

En realidad, un documento de la CIA de donde sale esa información recoge en la página 19, en su segundo párrafo, literalmente: “González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley”. El problema es que delante de esa frase falta otra, censurada, como es habitual en los informes desclasificados de la CIA.

                                                     El polémico párrafo donde se nombra a González.

La ley de secretos oficiales de Estados Unidos dice que esa censura solo se aplica a los casos donde estén involucradas terceras personas y pueda verse afectada su intimidad, pero en la realidad se usa para censurar todo lo que a nuestros aliados no les interesa que conozcamos.

El informe, de 1984, está firmado por Colin Winston, seguramente una “antena” de la CIA en nuestro país, seguramente al servicio de la “embajada bis”, un apartamento en la calle Alfonso XII frente al Retiro madrileño, donde tenían su sede los agentes de la CIA en Madrid. Winston (seguramente apellido inventado) trabajaba para la Oficina Europea de Análisis de la CIA en la década de los 80.

La copia censurada recibió el visto bueno el 4 de junio de 2011 con el sello "sanitized copy approved for release", literalmente "copia desinfectada aprobada para su lanzamiento", pero que viene a decir que es una copia censurada para su publicación. Es decir, que a partir de esa fecha se podría haber consultado o pedido, ya que la ley obliga a publicarlo pasados 35 años, pero si está antes "desinfectado" ese informe se podría haber pedido por cualquier ciudadano que conociese su existencia, algo bastante improbable.

La portada del documento de la CIA.

El documento titulado “España, terrorismo vasco y respuesta gubernamental” se incluye dentro de uno más extenso de 32 páginas, con 3 folios censurados por completo, fechado el 19 de enero de 1984, titulado “Revisión del terrorismo” y ha sido desclasificado con un año de retraso, ya que la ley de secretos oficiales dice que pasados 35 años hay que desclasificarlos. Claro, que los documentos españoles del 23F no han sido desclasificados todavía y han pasado ya 39 años -cuatro años de retraso- y nadie protesta.

“Desde hace 20 años el gobierno español está bloqueado en la lucha contra ETA, la organización terrorista vasca”, así arranca el famoso informe, que recuerda episodios como que “en octubre (1983) los polimilis secuestraron y asesinaron al capitán Alberto Martín Barrios, Brigada de Farmacia del Ejército Español”.

Un apartado dedicado a “la respuesta en Madrid” dice que “González reconoció que nunca negociaría con asesinos” para decir unos párrafos más abajo que “sin embargo, el gobierno parece decidido a adoptar una estrategia poco ortodoxa para tratar con ETA”, después hay un gran espacio en blanco de prácticamente una línea y la famosa frase “González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley”. Es imposible saber si la frase que falta se refiere a una hipótesis, "existe una teoría según la cual...", a lo que publican algunos medios de comunicación como aparece poco después, "el periódico publicó que..." o realmente acusa al entonces presidente del Gobierno de haber dado el visto bueno a la creación de los GAL.

                                    El índice del informe sobre terrorismo.

Otros párrafos del informe hacen alusión a la relación del PNV con HB, recogiendo que "el comité ejecutivo del PNV acordó remitir a sus sedes locales una orden para que cesaran toda colaboración con HB". En cualquier caso, el informe sí habla de los asesinatos del GAL en el sureste de Francia, en concreto del "secuestro y asesinato de dos simpatizantes de ETA militar", en clara alusión a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y al secuestro de "un hombre de negocios en el País Vasco" en alusión a Segundo Marey.

Hay que recordar que los GAL actuaron en España y Francia entre 1983 y 1987 dejando tras de si un rastro de cerca de 60 muertos y heridos. En muchas ocasiones el GAL llegó a pedir disculpas por asesinar a pacíficos ciudadanos franceses a los que confundieron con etarras.

Por todas estas acciones fueron condenados por el Tribunal Supremo español 11 personas, entre ellas altos cargos de la Administración del presidente Felipe González el exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de Estado Rafael Vera, el excoronel de la Guardia Civil Enrique Rodriguez Galindo y los policías José Amedo y Michel Domínguez, considerados brazos ejecutores de la organización delictiva.