29 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

La teniente fiscal María Belén Suárez envía por decreto la denuncia de 20 de abril contra Pedro Sánchez y Salvador Illa al Alto Tribunal

La Fiscalía Anticorrupción manda al Tribunal Supremo la denuncia contra Sanidad por la compra de material sanitario en China

El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La Fiscalía Anticorrupción ha dado traslado de una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo puesta por un particular contra la gestión del Ingesa ( Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) que es el organismo que hace las compras del Ministerio de Sanidad en su compra de material sanitario en China, mucho más caro que las ofertas que hacían empresas españolas a Sanidad.

Ahora la teniente fiscal Anticorrupción María Belén Suárez decide dar traslado de esa denuncia a "la Fiscalía del Tribunal Supremo", ya que los denunciados son "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al director del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios".

La denuncia publicada por elcierredigital.com recogía que el Gobierno de España realizó compras de material sanitario en China por precios superiores a los que ofrecen las empresas españolas, tal y como informamos en elcierredigital.com. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez efectuó la compra en China de guantes y gel por seis millones de euros más y de batas un ocho mil por ciento más caras en relación a España.

Decreto de la Fiscalía.

Tras estas y otras informaciones publicadas en diferentes medios, este jueves 30 de abril denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción la compra de material sanitario por precios superiores a los que se ofrecen en España. La denuncia se hace eco expreso de las informaciones publicadas por nuestro periódico.

"El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, abría la puerta a los incompetentes a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus", señalaba el documento presentado ante Anticorrupción.

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De esta manera, la denuncia indica que desde el 10 de marzo hasta el 17 de abril, el Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa,) Alfonso María Jiménez Palacios, acordó por el Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos, "haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos".

Por ello, la denuncia asegura que los contratos realizados por el Ingesa "fueron ocultados por el gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos".  En este sentido, achaca a "la presión mediática" el hecho de que el Gobierno publicara en la Plataforma de Contratación del Estado. 

"La información que se nos ha aportado es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato de 50 millones de euros, entre una empresa china y el Ingesa, no puede limitarse a cuatro páginas de las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos", continúa el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorupción. 

Además de valorar "la malversación producida en más de 50 millones de euros", los denunciantes señalan que  "nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros".

Por todo ello, denuncian al presidente Pedro Sánchez, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, por los posibles delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, de malversación, de fraudes y exacciones ilegales y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Diferencia de 6 millones en guantes y geles

En el caso de los guantes y los geles la diferencia de comprarlos a empresas españolas y chinas supuso un total de 6 millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, comisiones e intermediaciones.  Dos son las empresas adjudicatarias de los contratos referidos a las soluciones desinfectantes de manos fueron la española Mixer & Pack S.L. y la china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd., contratadas el 19 y el 26 de marzo, respectivamente.

La española Mixer & Pack S.L., con domicilio social en la localidad madrileña de Meco ofertó un total de 1.015.000 envases de 600 ml y 20.000 de 750 ml. Eso hace un total de 624.000 litros que tuvieron un coste de 1.908.323,67 euros. Es decir, Sanidad adquirió el litro de gel a 3,058 euros a Mixer & Pack. El contrato fue suscrito de nuevo por Alfonso María Jiménez Palacios y los hermanos Agustín y Gregorio Gómez Loeches en representación de la mercantil madrileña.

Por otra parte, Shandong Liangfu Pharmaceuticals, con sede en Lixia District, Jinan, en la ciudad china de Shandong, ofertó un total de 125.000 envases de 500 mililitros junto a otros 125.000 de 250 mililitros, mientras que regalan 10.000 envases de 50 mililitros. Eso hace un total de 94.250 litros, incluyendo el regalo, que han tenido un coste para la administración de 1.020.885,29 euros. Es decir, Ingesa adquirió a esta empresa el gel desinfectante al precio de 10,83 euros por litro. 

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Alfonso Jiménez Palacios, director de Ingesa

En este caso, es llamativo que una solución que casi cualquiera es capaz de fabricar en casa con agua, jabón y glicerina, el Ministerio de Sanidad la haya comprado en China un 354 por ciento más cara que en España. 

Con los guantes de nitrilo el ministerio de Sanidad decidió repartir la oferta  también por el procedimiento de urgencia decidió contratar con tres empresas españolas y una china. Las españolas fueron Medline International Iberia, Suministros Hospitalarios y Sanicen S.A. La china fue Hong Jin Medical Sciencie and Tecnology Service Ltd. que firmó el acuerdo el 26 de marzo.

Las dos primeras ya eran conocidas por el Ingesa al haber contratado la compra de batas, mientras que Sanicen es una nueva empresa, representada en esa firma por Carlos Tenorio Hernández y domiciliada en la localidad toledana de Huecas. Todos los contratos fueron firmados entre el 20 y el 30 de marzo.

Respecto a las empresas españolas, Medline International Iberia vendió 5.840.000 pares de guantes de nitrilo al precio de 183.726,40 euros, siendo el precio unitario de 0.03146 euros el par, gracias al contrato firmado el 20 de marzo. Suministros Hospitalarios ofertó al Ingesa de Sanidad 173.000 pares de guantes al precio de 7.117,22, siendo el precio unitario de 0,04114 euros el 23 de marzo y Sanicen vendió 4.735.000 pares de guantes al precio de 169.015,83 euros, siendo el precio unitario de 0,03569 euros, mediante un contrato firmado el 30 de marzo.

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Una de las facturas con una empresa china

Pero el mayor contrato para suministro de guantes fue firmado por el Ingesa con la sociedad Hong Jin Medical Science and Tecnology Service para adquirir 100.000.000 de pares de guantes al precio de 7.200.000 dólares. Haciendo el cambio del dólar al euro que señala el propio Ingesa en el contrato de 1,0827 euros por dólar, junto al 21 % del incremento del IVA más el 10 % de tasas y aranceles y otros, que igualmente refiere, la cantidad pagada fue de 8.711.554,44 euros resultando un precio de 0,08712 euros por unidad.

En resumen, los guantes comprados en China fueron un 277 % más caro que los de la empresa Medline International Iberia, un 211,76 % que los de Suministros hospitalarios y un 244,10 % que los de Sanicen.

La diferencia en total, sumado el 300 por ciento del gasto en gel desinfectante respecto a los españoles y el 277 por ciento más caro de los guantes de nitrilo, suponen 6 millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, comisiones e intermediaciones. Esto se suma también a los 45 millones de euros gastados de diferencia en la adquisición de batas desechables.

Ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que ha decidido mandar esa denuncia y los anexos a la Fiscalía del Tribuna Supremo para que sea estudiada.

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