La trastienda de la controvertida e histórica sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas

Desde el ámbito jurídico y desde el periodístico muchos son los que se han preguntado en los últimos días por qué el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, no llevó al Pleno de la Sala el caso del impuesto de las hipotecas, como ya informó Confilegal.

En casos con una relevancia económica y social de este calado para el país, lo normal hubiera sido que Díez-Picazo llevara el asunto del Impuesto de Actos Jurídico Documentados (IAJD) al Pleno, para que los 33 magistrados que conforman el organismo pudieran debatirlo y tomar una decisión que contara con un respaldo suficiente antes de aprobar la sentencia. Pero uno de los jueces que componen la Sala lleva meses sin aparecer por el Tribunal Supremo, situado en el convento de las Salesas Reales (Madrid), debido a una enfermedad, según ha podido saber este periódico.

El magistrado padece una grave enfermedad que le impide acudir a los plenos que celebra el Alto Tribunal, por lo que las comunicaciones con el resto de los compañeros que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo las realiza a través de Internet, según las fuentes consultadas por El Cierre Digital. Esta situación es posible debido a que, según las mismas fuentes, tiene autorización del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) para trabajar desde su domicilio.

Esta es la causa de peso principal por la que Díez-Picazo no ha llevado al Pleno el asunto que está levantando tantas polémicas en los últimos días, pues para que se celebre este tipo de reuniones deben estar presentes todos los jueces de la Sala. A pesar de que el magistrado lleva meses padeciendo esta enfermedad y no acude al presencialmente al trabajo, no le han sustituido por otro juez, ni le han dado la oportunidad de jubilarse. Una falta de control organizativo que ha dado lugar la alarma mediática y ha dejado en mala posición la credibilidad de la Justicia a ojos de la opinión pública.

Los más críticos con el sistema judicial hablan del corporativismo reinante en el Tribunal Supremo que permite este tipo de situaciones, así como el nepotismo y amiguismo que existe en el seno de este organismo judicial y que daña las estructuras del Estado de Derecho. Tras el error cometido ante un asunto de esta envergadura, el Tribunal Supremo sí debatirá ahora la sentencia que supondría un cambio drástico sobre una doctrina que había sido refrendada por la Sala Tercera y suscrita por el Tribunal Constitucional. La decisión supone vaciar de contenido la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, sobre una cláusula que ha dado lugar a decenas de miles de litigios.

Por el momento el Supremo reculó y en tan sólo 24 horas paralizó la sentencia que cargaba el impuesto de las hipotecas a la banca para frenar de este modo el “giro radical” que supondría para la jurisprudencia española. El fallo fue dictado por seis magistrados con competencias en fiscalidad, uno de los cuales emitió un voto particular en contra. Ahora serán 31 jueces de diferentes especializaciones los que revisen el nuevo criterio para mantenerlo o volver al anterior.