08 de diciembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Será juzgado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa facturera Orange Market en la edición de Fitur de 2009

Así apoyó Francisco Camps, el expresidente valenciano imputado del PP, a los cabecillas de la trama Gürtel

Francisco Camps
Francisco Camps
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado este jueves un auto de apertura de juicio oral al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la trama Gürtel en la edición de Fitur del año 2009. Además de procesarle por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, también incluye el de tráfico de influencias. Fuentes jurídicas calculan que el juicio se señalará para la próxima primavera.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que ha quedado acreditado que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ayudó a la trama Gürtel "con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad".

En el auto de apertura de juicio oral abierto al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se le procesa por los delitos de prevaricación y fraude a la administración y también por tráfico de influencias. 

Según el juez, el que fuera responsable de Orange Market y 'mano derecha' del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez Alonso 'el Bigotes', junto al que fue gerente de dicha empresa Cándido Herrero, y "bajo la superior dirección" del líder de la Gürtel y de su 'número dos', Pablo Crespo, "se concertaron con Camps para que éste,como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno".

Además, según el auto de apertura de juicio oral, "actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo bajo la autoridad del presidente".

De la Mata detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados contra el expresidente y señala que otros investigados que han apuntado hacia él, como Pérez Alonso, no han hecho una "declaración aislada o inconexa", como invoca la defensa de Camps, sino que existe un "arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar" que el exdirigente 'popular' participó directamente en el direccionamiento del contrato.

"Lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda", asevera el magistrado.

Así pues, el instructor concluye que la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, "sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009".

"Se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado", añade el magistrado.

En cuanto al delito de tráfico de influencias que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que el expresidente valenciano ejerció influencia sobre Ibars para conseguir que ésta "diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos".

Así pues, Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude y pide dos años y medio de prisión. La acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a nueve años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 El nexo de unión de Paco Camps con la Gürtel

¿Pero cómo llegó Paco Camps a ser uno de los valedores y soportes de la Gürtel valenciana? ... Todo arrancó en Madrid a finales de la década de los años noventa. Fue entonces, cuando el joven Francisco Camps Ortiz se convirtió en uno de los ideólogos, por no decir de los líderes, del influyente clan de Becerril que según sus propias palabras no era “mas que una reunión que se ha hecho en tres ocasiones donde algunos jóvenes con responsabilidades dentro y fuera del Partido Popular nos encontramos para discutir sobre ideas y proyectos de futuro, y también sobre problemas de actualidad, de la sociedad y la política”.

La primera reunión de este selecto grupo en el que aparecían nombres luego tan ilustres dentro del PP como el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, o sus fieles seguidores Carlos Aragonés Mediguchía, Lucía Figar de la Calle, Jacobo Gordon Levenfeld, Tito José Pajares San Román, Sigfrido Herráez Rodríguez, Alejandro Ballesteros de Diego, Ricardo Costa, Pío Cabanillas, etc., se celebró en Navacerrada en julio de 1998 en un hotel que entonces se llamaba Doña Endrina. La segunda reunión, ya oficial, se realizó en Becerril de la Sierra los días 16 y 17 de junio de 2000 y la última los días 16 y 17 de noviembre de 2001. 

Se llamó clan de Becerril por el nombre de este pueblo de la sierra norte de Madrid situado a unos 50 kilómetros de la capital y donde a iniciativa de Alejandro Agag se reunían escogidos jóvenes del PP en el Hotel Las Gacelas con el único fin, en teoría, de elaborar ponencias y servir de entrenamiento para futuras responsabilidades en comisiones parlamentarias. Pero en el fondo estos cónclaves servían para trabar amistad con la gente de peso dentro del partido. Finalizaron cuando el promotor Alejandro Agag abandonó la nave, se casó con la hija del presi Aznar y encauzó su rumbo hacia otros lares ajenos al mundanal ruido informativo. Su vida ya dependía de Ana Aznar. 

En su boda recibió todo tipo de mimos de miembros del clan de Becerril y por dos políticos municipales de Madrid entonces muy activos: Sigfrido  Herráez  Rodríguez y Alberto López Viejo. El primero, a la sazón concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Madrid, que meses más tarde siendo concejal de Vivienda otorgó un contrato público a Special Events, la empresa de Francisco Correa (jefe de los Gürtel y amigo de Agag).

Y el segundo, imputado en la trama Gürtel por comisiones, y por entonces concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid, quien luego fue recogido por Esperanza Aguirre para nombrarle viceconsejero de Presidencia y más tarde consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta su destitución fulminante por recibir presuntos sobornos (según el auto del juez Garzón hasta 238.000 euros) del cabecilla de los Gürtel, Francisco Correa, a su vez testigo de la boda de Alejandro Agag y quien organizó la despedida de soltero del yerno de Aznar en la discoteca Gabana a través de su empresa Special Events, la sociedad matriz de todos los pagos y sobornos que afectan a dirigentes del PP. 

A los invitados a la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar no les faltó de nada mientras estuvieron en Madrid. Desde automóviles a complementos, pasando por peluquería y manicura. De ello se encargaron cuidadosamente los hombres de Francisco Correa, cabecilla de los Gürtel. Fue su mano derecha Álvaro Pérez Alonso, conocido como El bigotes, un experto de la noche y especialista en fiestas y todo tipo de eventos el que preparó todo, al igual que hacía en Becerril de la Sierra con las reuniones del grupo de jóvenes del PP liderados por Agag y en las que no faltaba detalle alguno. 

Una larga investigación

La investigación judicial del caso Gürtel se inició en el 2004 a raíz de los chivatazos de algunos miembros directivos del PP disgustados por las comisiones que se estaban pagando a esta red de empresas y amigos de Agag, organizadores de numerosos actos vinculados con el PP. Sobre todo, en la zona de varios municipios de la Comunidad de Madrid, como Majadahonda, Boadilla del Monte y Arganda; así como en la capital de España. Normalmente, los grandes partidos políticos solicitan los servicios de empresas “amigas” y les otorgan contratos millonarios.

En el PP durante muchos años, sobre todo durante finales de los noventa y la primera mitad de los años 2000, la sociedad más beneficiada tenía un nombre claro y determinante: Special Events, propiedad de Francisco Correa, el amigo y testigo de Agag. Así, la empresa Special Events se convirtió en el buque insignia del entramado de sociedades factureras que consiguieron suculentos contratos en algunas comunidades autónomas gestionadas por el PP como Valencia, Madrid, Galicia, aunque también lograron “buenos negocios” en Andalucía.

Sin embargo, todo este entramado empresarial tuvo una recaída en sus ingresos y en su poder tras la llegada de Mariano Rajoy a la secretaria general del PP y la perdida del gobierno de España. Al clan de Special Events le recortaron la organización de los ágapes y eventos a realizar. “El cambio en la dirección del partido limitó todavía más los horizontes de Correa, que no logró ni siquiera ensanchar su dominio a pesar del acuerdo engañoso que hubo con Antonio Cámara. Precisamente, fue a través de éste como intentó convencer a muchos que tras su operación se encontraba el mismo Aznar”, afirman a elcierredigital.com fuentes solventes de la actual dirección del PP.

Desde ese momento crítico se refugiaron en la Comunidad Valenciana, bajo el gran paraguas de Francisco Camps, su viejo amigo. Allí, en la capital del Turia, convertida en una agencia de colocación, en una oficina del INEM, ubicó su cuartel general el “hombre de calle” del “clan”, Álvaro Pérez, que pasaba casi todos los días de la semana allí, muy próximo a los intereses del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Enrique Camps Ortiz, al que conocía de sus tiempos en la calle Génova, donde éste inició en los años noventa su carrera política como hombre fiel del entonces presidente nacional de Nuevas Generaciones, Tomás Burgos, y luego como integrante del clan de Becerril y colaborador de Ana Mato, por entonces coordinadora de participación del PP. Mato estaba en aquellas fechascasada con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que tuvo que dimitir tras el estallido del caso Gürtel. 

Orange Market

En Valencia, los amigos de Alejandro Agag operaron a través de la empresa Orange Market. Esta sociedad fue constituida el 24 de julio de 2003, con domicilio en la calle Conde Salvatierra, número 22. Su objeto social era “la creación, diseño, investigación, ejecución y control de campañas publicitarias y marketing”.

Pese a contar con un capital social mínimo, 3.006 euros, optaron a llevarse casi todo el pastel publicitario y de marketing de la Copa de América, el gran evento deportivo y social a celebrar en Valencia en el 2007. En esta sociedad, donde figuraba como apoderada Mónica Magariños Pérez, aparecía como administrador único el abogado Luis de Miguel Pérez, en cuyos despachos de Madrid, situados en el Paseo de la Castellana 151, piso 11 A, Castelló 84, piso 2 Izda, se ubicaron casi todas las empresas del grupo de Correa-Sabarís. 

El letrado De Miguel aparecía como representante o administrador de empresas tan curiosas como “Virky Oy sucursal España”, “Real Estate Equity Portfolio”, “Dehesa El Corchuelo”, “Ingrid Inversiones”, Transatun”, “Caroki”, “Traquitana España”, “Sansoles Decoración”, etc. Pero también de nuevas empresas factureras del holding como Boomerangdrive y Down Town Consulting, sociedades que habían cobrado dinero del Ayuntamiento de Majadahonda y que ampliaron sus tentáculos recaudadores a la Comunidad Valenciana creciendo en sus facturaciones, gracias al apoyo político de la Generalitat valenciana y presuntamente de su expresidente Francisco Camps. Su viejo amigo.

 

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