Alertan de perjuicios en la campaña electoral andaluza por no contratar Correos más personal

El creciente enfado de los trabajadores de Correos por la precariedad reinante en la compañía estatal presidida por Juan Manuel Serrano está motivando distintas protestas, como la impulsada hace unos días por CCOO y UGT que promovieron una huelga entre el pasado 1 y el 3 de junio.

Otro sindicato, SIPCTE ha denunciado los problemas de la plantilla de Correos en Andalucía por la negativa de la empresa a contratar más personal para cubrir la campaña electoral que se cerrará este domingo.

Problemas en Almería

Especialmente preocupante es la situación en la provincia de Almería, donde SIPCTE denunció la pasada semana que la propaganda electoral y las notificaciones del Ayuntamiento de Almería colapsaron el servicio.

La central sindical aseguró que un directivo pidió que la propaganda electoral se distribuyese "en horario de tarde". Se pregunta SIPTCE si este miembro de la cúpula de Correos "no sabe o desconoce el horario de los trabajadores de su empresa, por no hablar del Estatuto de los Trabajadores".

Imagen de una oficina de la provincia de Almería. 

También explican que las dos carterías de la capital y la de La Cañada de San Urbano "están colapsadas de notificaciones del Ayuntamiento de Almería y que estas, además, están próximas a caducar, lo que seguramente perjudicará económicamente a las arcas del ayuntamiento almeriense.

El sindicato también ha emplazado a la empresa para que tome medidas urgentes que consistirían en reforzar su personal en Almería con la intención de no sobrecargar a la plantilla durante la jornada de las elecciones andaluzas del 19 de junio.

Inspección de Trabajo sancionó a Correos por obligar a su plantilla a recuperar dos festivos

A Correos se le acumulan los problemas. La compañía estatal, que perdió en torno a 100 millones de euros en 2021, también es noticia porque ha sido sancionada doblemente por la Inspección de Trabajo por hacer recuperar a parte de sus trabajadores las festividades del 6 de enero, Día de Reyes y el 20 de enero, festividad municipal de San Sebastián en Campohermoso (Almería).

El sindicato SIPCTE asegura que la empresa pública Correos vuelve a incumplir en materia de relaciones laborales, en concreto, con lo mandatado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores que establece que no se puede hacer recuperar festivos.

Enmascarando la recuperación de festivos

Según Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio que comanda Yolanda Díaz, la empresa intentó "enmascarar la recuperación de dos festivos laborables por medio de la alteración/fijación de prestación de servicios", por lo que aprecia una nueva vulneración del ordenamiento jurídico.

El citado sindicato cree que con estas dos nuevas sanciones, Inspección de Trabajo da un duro varapalo a Correos y que sirven para desmentir "por enésima vez" un reciente comunicado de prensa de Correos que decía que "respeta los derechos laborales de sus trabajadores".

La central sindical asegura que con esta sanción "se demuestra una vez más que la empresa no respeta los derechos de parte de su plantilla así como la impunidad con la que actúan sus directivos pues las sanciones no recaerán en los bolsillos de estos irresponsables".

Denuncia por agresión

Serrano anda preocupado porque la negociación del Convenio Colectivo arrancó peor que mal ya que tres delegadas sindicales de UGT y CCOO han acusado a un miembro de seguridad contratado por la compañía de aplacar unas protestas con una agresión.

Oficina de Correos. 

Ambos sindicatos señalan a "un inspector de la empresa Sasegur, contratada por Correos por 16,2 millones de euros, para arremeter violentamente contra la protesta sindical, lo que concluyó en una agresión inadmisible a tres delegadas de ambos sindicatos que fueron brutalmente golpeadas".

"CCOO y UGT consideran intolerable la violencia antisindical ejercida por el 'gorila' enviado por Serrano", añaden. Y explican que "el agresor enviado por el presidente desguazador de Correos había acudido a reventar la protesta sindical (que no consiguió) contra la imposición de la negociación de un nuevo convenio colectivo cuyo objetivo es el desmantelamiento laboral, alcanzar entre 15.000 y 20.000 puestos a tiempo parcial (30-40% de la plantilla), así como el recorte a final de legislatura de 15.000 empleos (ya ha recortado 7.000 desde 2018) hasta dejarla en 40.000 trabajadores/as".

CCOO y UGT también han denunciado que Serrano "ni ha tomado medidas respecto de la agresión ni se ha preocupado por las agredidas, ni ha pedido disculpas por lo sucedido".