Crisis en VOX: Fiscalía investiga la presunta financiación ilegal del partido de Santiago Abascal

Las presuntas irregularidades en la financiación de Vox, reveladas por varios antiguos cargos de la formación de Santiago Abascal, están ahora en manos de la Fiscalía de Madrid, cuya Sección de Delitos Económicos ha incoado diligencias de investigación por los hechos y documentos recogidos en la denuncia presentada por Alianza Cívica.

El partido, de reciente creación, presentó el pasado 13 de mayo un escrito ante el Tribunal de Cuentas por el que acusaba a la formación que lidera Santiago Abascal de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, administración desleal, financiación ilegal y organización criminal. Una denuncia que se ha ido ampliando con el paso de los días y que en las últimas semanas ha aumentado la prueba documental hasta los 63 anexos. Además, ha incluido seis nuevas testificales de afiliados y altos cargos de la formación de ultra derecha, que, según Alianza Cívica, “probarían los supuestos delitos”. 

El documento remitido por la Fiscalía. 

Entre las supuestas infracciones, Alianza Cívica sostiene que Vox ha esquivado "de forma sistemática y organizada" la ley de financiación de partidos políticos mediante el "fraccionamiento de donaciones de procedencia opaca". El objetivo, según el escrito, pasaba por financiar las campañas electorales de la formación ultra "esquivando las restricciones de gasto máximo".

Asimismo, al partido de Santiago Abascal se le atribuyen otras supuestas irregularidades en la venta de lotería, 'merchandising' y supuestos sobres con donaciones de empresarios presuntamente blanqueadas con la técnica del 'pitufeo’, que consiste en el intercambio de dinero en pequeñas cantidades para posteriormente ingresarlo en diferentes cuentas bancarias. 

Pese a que los supuestos delitos tienen un aparente origen regional, donde destacan los territorios de Valencia, Murcia y Castellón, desde Alianza Cívica explican que la coordinación, supervisión y planificación de estas actividades “tenía origen en la dirección nacional del partido” que, supuestamente, tenía conocimiento de las graves irregularidades que rodeaban la gestión de las provincias y que incluso tenían responsabilidad activa al explicar a las sedes provinciales cómo tenían que depositar las donaciones para no verse obligadas a declarar los nombres de los donantes o el presunto maquillaje de las contabilidades provinciales al extrapolarlas a las contabilidades nacionales de  la formación".

Unas acusaciones que ahora se encargará de dilucidar el Fiscal José Manuel San Baldomero Jiménez, a quien, y de “conformidad con los dispuesto en el artículo 5 del vigente estatuto del Ministerio Fiscal”, por el que se procede a la incoación de las correspondientes diligencias “conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivo a que se contrae la referida documentación”, la Fiscalía Provincial de Madrid nombra instructor de las mismas.