El Gobierno recibe la Memoria de Actividades de la Iglesia y quiere que paguen el IBI

El Gobierno ha recibido la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en una reunión mantenida entre el Subsecretario del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Femando Giménez Barriocanal.

En el transcurso del encuentro, se concretó que, a partir del mes de septiembre, se iniciarán los trabajos de las comisiones técnicas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española que se acordaron constituir en la reunión mantenida el pasado 24 de junio, entre la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella.

Los trabajos en estas comisiones técnicas abordarán los temas de fiscalidad y los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez quiere revisar así algunos puntos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La Mezquita de Córdoba. 

Según esa Ley quedan “exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.

Lo que pretende el Gobierno es conseguir que aquellos lugares que pertenecen a entidades religiosas sin una finalidad para el culto paguen el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Es decir, algo que ya sucede en países de nuestro entorno también de tradición católica como Francia o Italia, este último a pesar de albergar en su interior la Ciudad-Estado del Vaticano.

Otro asunto, igualmente polémico, para poner encima de la mesa es el que tiene que ver con las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica española que se llevaron a cabo después de entrar en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar en 1998. No se sabe realmente cuál es el número exacto de inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica en nuestro país y el debate ha generado posturas enconadas. Lo cierto es que el Colegio de Registradores facilitó un informe a Pedro Sánchez en agosto de 2018, recién llegado a La Moncloa, en que se hacía inventario de los bienes registrados al nombre de la Iglesias desde 1998. La lista ascendía a 30.000 propiedades, aunque lo cierto es que en ella aparecían inmuebles que si son considerados lugares de culto como ermitas, catedrales o iglesias. Pero también frontones, casas parroquiales, casas de maestro y parcelas de todo tipo, donde no se celebran actos litúrgicos.

Entre las inmatriculaciones que más indignaron a la gente destacaron el de la mezquita-catedral de Córdoba que fue de titularidad pública hasta que en 2005 fue registrada como propiedad de la Iglesia. El Comité que realizó el informe en 2018 para el Presidente Sánchez concluyó que el Gobierno debería impugnar todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuando se inscribieron catedrales y otros inmuebles considerados hasta ese momento como bienes de titularidad pública.

Juan José Omella.

Este acercamiento entre la Iglesia española y el Gobierno para hablar de estos espinosos asuntos llega después de un cambio en la línea ideológica de la Conferencia Episcopal con la llegada a su presidencia de Juan José Omella después de una lucha por el poder de la Iglesia en España que tuvo episodios sorprendentes tal y como contamos en Elcierredigital.com. El Arzobispo era el favorito de Pedro Sánchez para este puesto.