La desmilitarización de la Guardia Civil, más de actualidad que nunca
Tiempo atrás, algunos políticos habían puesto sobre la mesa la necesidad de despojar de una vez por todas a la Guardia Civil de su vinculación con el ámbito militar. Sin embargo, nunca antes un partido que formara parte del Gobierno de España lo había llevado en su programa electoral. Ahora, Podemos retoma la cuestión y exige a sus socios del PSOE que se unan a esta ya clásica aspiración del partido de Iglesias, mientras en la Guardia Civil se hacen públicos puntos de vista encontrados.
Todo esto sucede en un momento marcado por las que algunos han calificado de ‘intromisiones indebidas’ del ministro Grande-Marlaska en la instrucción encargada de investigar la gestión de la crisis del coronavirus en Madrid. Una impresión compartida por parte de la opinión pública y que muy probablemente ha sido la responsable de que Podemos retome de nuevo la cuestión de la desmilitarización de la Guardia Civil.
Pero ¿hasta qué punto se materializa ese carácter militar en las condiciones de trabajo de los agentes y de sus mandos? Desde el despacho especialista en Derecho Militar y Guardia Civil Monteagudo y Vales, el abogado Juan Carlos Fernández Monteagudo pone el foco en la jerarquía de la institución, conformada por “17 empleos distintos desde el Guardia Civil hasta el Teniente General”. Y en el “sometimiento del cuerpo a las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a los tribunales militares”.
Una limitación de derechos
Todo ello hace que, si bien el día a día de la Guardia Civil se encuentra regulado por el Ministerio del Interior, en otras muchas facetas ese marcado carácter militar constituye en la práctica una considerable limitación de los derechos de las personas que conforman el cuerpo. Así, según explica Fernández Monteagudo, “los Guardias Civiles ven limitados sobre todo sus derechos asociativos”.
Mientras que los miembros de la Policía Nacional sí tienen permitido sindicarse, los guardias civiles no pueden hacer lo propio. Una prohibición que, tal y como señala el abogado, “ha llegado incluso a saldarse con la sanción a varios agentes que en su momento intentaron organizar un sindicato”.
Por su parte, las asociaciones profesionales sí están previstas en la normativa que regula el funcionamiento de la Guardia Civil, pero “su posibilidad de actuación se encuentra mucho más limitada que en el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, matiza Fernández Monteagudo.
Por lo que respecta al ámbito penal, también aquí encontramos marcadas diferencias. Por su origen militar, hay algo que les diferencia del resto de funcionarios del Estado en el contexto de los procedimientos disciplinarios: “los agentes de la Guardia Civil no pueden ser representados por sus abogados, que solo pueden asistir en calidad de asesores”, sentencia el abogado especialista en Derecho Militar. Esto hace que, aunque es posible que no ocurra en algunos casos en función de la buena voluntad del instructor, la mayor parte de las veces sean los propios agentes los que tengan que formular las preguntas.
Opiniones tradicionalmente encontradas
No es un asunto simple el de la desmilitarización de la Guardia Civil. Prueba de ello son las posturas enfrentadas que existen tradicionalmente en España entre los partidos de izquierdas y los partidos de derechas. Mientras los primeros defienden la desvinculación del cuerpo de la normativa militar, los segundos abogan por dejar las cosas tal y como están.
Para sostener sus posturas, según detalla Fernández Monteagudo, “los partidarios de la desmilitarización suelen poner de relevancia la limitación de derechos, así como el carácter anacrónico de la institución”. Lo que ocurre al contrario, en cambio, es que los “los partidarios de conversar el carácter militar de la institución apelan a los sentimientos y a la nostalgia, considerando que la tradición militar de la Guardia Civil no debe desaparecer”.
