Escándalo en los atentados de Barcelona: Tres años después nadie será juzgado por asesinato

Poco antes de las cinco de la tarde, de aquel fatídico 17 de agosto de 2017 Younes Abouyaaqoub daba la señal de inicio de  la masacre con un atropello masivo, al volante de una furgoneta alquilada con la que zigzagueó durante 800 metros a toda velocidad por unas Ramblas atestadas de turistas: Asesinó a 14 personas y dejó heridas a otras 130 aproximadamente.

Tras abandonar el vehículo sobre el mosaico de Joan Miró de las Ramblas, corrió hasta la Zona Universitaria de Barcelona, donde mató a cuchilladas a un joven para robarle el coche en su intento de fuga, que duró escasos días. El 21 de agosto los Mossos d´Esquadra lo abatían en unos viñedos del Penedès tras intentar que se entregara.

Mientras tanto, otros cinco de los terroristas se pertrechaban de cuchillos y un hacha para intentar, ya en la madrugada del 18 de agosto, otra matanza en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Murieron tiroteados por los Mossos tras arrollar con su coche a un grupo de transeúntes, uno de los cuales falleció, y apuñalar a otros doce cuando volcaron el vehículo. En total, 16 muertos y 140 heridos en apenas 24 horas de terror.

Los terroristas improvisaron estos ataques tras frustrarse el gran atentado que llevaban planeando desde al menos 2016, con la Sagrada Familia como principal objetivo, para lo que habían almacenado en un chalé de Alcanar (Tarragona) un centenar de bombonas de butano y entre 200 y 500 kilos de TATP -explosivo casero conocido como "madre de Satán"- que, según los investigadores, querían hacer estallar el 20 de agosto pero que el día 17 estalló por el calor acumulado.

Driss Oukabir.

En la explosión accidental murieron dos terroristas, entre ellos Abdelbaki Es Satty, líder espiritual de la célula y quien emprendió en 2015 el adoctrinamiento del grupo de jóvenes como imán de la mezquita de Ripoll. El 18 de agosto el Dáesh reivindicaba los atentados.

Pero tras tres años de procedimiento sumarial, la Audiencia Nacional ha zanjado la causa principal de los atentados sin ningún procesado por los 16 asesinatos y los heridos que provocaron los seis terroristas muertos en los ataques de Barcelona y Cambrils. La sala de lo penal ha abierto juicio oral por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos contra dos de los presuntos miembros de la célula: Mohammed Houli Chemlal -superviviente de la explosión de Alcanar- y Driss Oukabir, hermano de uno de los fallecidos y a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en el atropello masivo. Entre 8 y 41 años de cárcel, pero sin que las víctimas tengan derecho a indemnización.

En un criterio compartido por la Fiscalía y algunas de las acusaciones -Generalitat y Ayuntamiento-, la sala ciñe el papel de estos dos procesados a la pertenencia a la célula y los preparativos del atentado frustrado, sin vincularlos directamente con los ataques de Barcelona y Cambrils, aunque las acusaciones particulares siempre pueden plantear otros escenarios en el juicio.

Menos importante sería la participación del tercer procesado, Said Ben Lazza, a quien la Audiencia procesa por colaboración con organización terrorista, al entender que su intervención se limitó a facilitar la furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno necesario para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación para adquirirlo, aunque este acusado mantiene que no conocía el uso que iban a darle a la furgoneta prestada.

Gran parte de las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas -incluidas las colectivas, como la AVT o la del 11-M- se han apresurado a desmarcarse de la Fiscalía, con escritos que plantean penas superiores a los 2.000 años de cárcel y prisión permanente revisable para los procesados, por los asesinatos e intentos de asesinatos de los ataques. Esto es fundamental para intentar tener derecho a las indemnizacione contempladas por la Ley debido a los daños y secuelas que arrastran y que suman cifras millonarias.

En el caso de que los procesados se declararan insolventes, las indemnizaciones podrían ser asumidas por el Estado, de acuerdo con la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, pero esa solución se adivina más improbable si tras el proceso penal no hay condenados por los muertos y heridos en los atentados.

Al mismo tiempo, la Audiencia mantiene todavía bajo secreto de sumario otras líneas de investigación que rastrean las posibles conexiones internacionales de la célula y los apoyos con que pudieron contar en el extranjero para sus planes, en Francia, Bélgica o Marruecos alimentan esas sospechas; en especial, un viaje a París solo unos días antes de los atentados, en el que compraron una cámara de fotos, tarjetas de teléfono y estudiaron los accesos a la Torre Eiffel.