Las familias de los perjudicados por el fraude de los ataúdes piden que se cierren los cinco tanatorios de El Salvador en Valladolid

Los bufetes de abogados Bárbara Royo y Castellana 266 solicitan a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que proceda de forma urgente a la clausura temporal de los crematorios de la empresa El Salvador, hasta que se garantice que estas prácticas supuestamente delictivas no se pueden volver a cometer. El grupo posee cinco tanatorios abiertos en otros tantos municipios vallisoletanos y otros tres en construcción en la misma provincia, en Tordesillas, Olmedo y Laguna de Duero.

La petición fue hecha en base a la "extrema gravedad de los hechos acontecidos y la atrocidad de los delitos que se investigan, donde presuntamente se produjo una estafa continuada durante más de veinte años en concurso con otros delitos, en la que se cambiaron con absoluta impunidad y según fuentes policiales aproximadamente el 95 por ciento de los ataúdes en cremaciones, existiendo incluso cambios en la entrega de las cenizas".

Los cinco letrados de los dos despachos recuerdan además en su escrito que el exempleado condenado por extorsionar a la empresa funeraria para lograr una mayor jubilación y a partir del cual se destapó el presunto fraude declaró en su día en sede judicial y que después de su jubilación, acaecida en febrero de 2015, las prácticas delictivas se seguieron cometiendo.

"Lo que no se entiende bien, a partir de esta manifestación, es que a día de hoy se sigan realizando cremaciones en esta empresa con absoluta impunidad. Esta parte no puede dejar de obviar tampoco que alguno de los actuales investigados son empleados de esta empresa, que presuntamente llevan años realizando estas prácticas y se encuentran en libertad en estos momentos", añaden las acusaciones particulares.

Uno de los tanatorios del Grupo El Salvador.

Por ello, los dos despachos de abogados persisten en su petición de que se suspenda cautelarmente la actividad en los crematorios del grupo El Salvador y en el supuesto de no ser atendida tal solicitud plantean subsidiariamente, "con el único fin de asegurar que se cumpla de forma escrupulosa la legislación vigente respecto a sanidad mortuoria y que las cenizas se entreguen a los familiares con la máxima garantía y seguridad", una intervención adecuada de la empresa que asegure que estas "prácticas abominables" no se vuelven a producir.

Actualmente 16 personas son investigadas por estos hechos, entre ellos el propietario del negocio, Ignacio Morchón y sus dos hijos, Ignacio y Laura, todos ellos en prisión, junto con otros empleados de la empresa. El fundador del grupo se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras a su hijo Ignacio y su hija Laura la juez les impuso fianzas de 800.000 y 400.000 euros, respectivamente, para poder recuperar la libertad. Ignacio Morchón, hijo, ya ha declarado que no va a pagar la fianza para no dejar solo en prisión a su padre, con el que comparte celda.

Alegaciones para que se presenten los perjudicados

Asimismo, estos dos mismo bufetes de abogados has presentado un escrito de alegaciones ante el mismo juzgado para solicitar que dejen personarse a todos los afectados, perjudicados o herederos, porque explican que "un perjudicado no es sinónimo de heredero", ya que el juzgado está pidiendo declaración de herederos a todas las personas que quieren personarse como perjudicados en este caso y muchos no tienen documentación acreditativa que lo demuestre. Ponen los abogados los ejemplos de Diana Quer o Marta del Castillo, donde no todos los personados como perjudicados eran familiares de las víctimas y muchos de los que pagaron los costes funerarios en este caso no eran hijos ni cónyuges de los fallecidos, aunque sí, evidentemente, perjudicados.

También argumentan que es cuestionable que no se permita personarse en la causa a los afectados después de febrero de 2015, "puesto que ni la Policía ni el Juzgado pueden garantizar a fecha de hoy que las cremaciones posteriores a 2015 se hayan realizado como corresponden", escriben en sus alegaciones.

El caso de los ataúdes de Valladolid comenzó a instruirse tras la denuncia de un extrabajador depechado del Grupo El Salvador, propietario de varios tanatorios y crematorios en Valladolid. La presunta estafa consistiría en cobrar por ataúdes caros a los familiares de los fallecidos y luego cambiarlos por otros más baratos. La Policía recoge en su atestado que en el 95 por ciento de los casos esta práctica fue habitual al menos durante 20 años.