15 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Su ex delegado en Baleares Jesús Díaz ha hecho una reclamación económica a la constructora por conceptos como hacer de intermediario en los contratos

El grupo Copasa bajo la sospecha del pago de comisiones del AVE a la Meca será investigado por Anticorrupción

José Luis Suárez Gutiérrez (derecha), presidente del grupo Copasa junto a las autoridades sauditas
José Luis Suárez Gutiérrez (derecha), presidente del grupo Copasa junto a las autoridades sauditas
Anticorrupción investiga ya el origen de los 100 millones de euros de comisión en las obras del AVE a La Meca. Todos los dedos señalan a un consorcio de 12 empresas, concesionario final de esta obra. Copasa es la tercera en importancia dentro de este grupo, solo por detrás de Talgo y OHL. Mientras, Copasa libra además su particular batalla contra su exdelegado en Baleares, que intermedió en contratos con los árabes y está defendido precisamente por Pedro Horrach, un exfiscal Anticorrupción.

El pasado 24 de julio de 2019 se celebraba un acto que pasó inadvertido para los medios locales. En el Juzgado de lo Penal número 12 de Palma de Mallorca se celebró el juicio interpuesto por la constructora Copasa, una de las más importantes empresas concesionarias de las obras del AVE Medina-La Meca, contra Jesús Díaz Barreiros, su exdelegado en Baleares.

Este es un pequeño problema para la constructora de José Luis Suárez Gutiérrez teniendo en cuenta a lo que deberá enfrentarse ahora, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto pago de comisiones. El fiscal ya busca el origen de esos supuestos 100 millones de euros que alguien se llevó en concepto de comisión por intermediar e influir para que este consorcio de mayoría española se hiciera con el concurso.

Las doce empresas concesionarias del AVE a la Meca  integran un consorcio, donde Talgo está a la cabeza, seguido de cerca por OHL, Copasa, Renfe, Cobra, Siemens Rail Automation, Adif, Indra, Imathia, Ineco, Inabensa y ConsultransCopasa. Además, durante los últimos meses tanto OHL como Copasa han aumentado su participación en esta unión de empresas, superando la inversión de Renfe y convirtiéndose en el segundo y el tercer mayor socio de la alianza, en la que todavía manda Talgo.

Éste solo es uno de los problemas que tiene la constructora de José Luis Suárez Gutiérrez, que ya denunció por vía penal a Díaz Barreiros por falsedad de contrato laboral y haber falsificado supuestamente la firma de Suárez, presidente de esta empresa en su contrato.

Anteriormente Jesús Díaz había reclamado vía civil a Copasa su relación laboral como exdelegado territorial de esta empresa en Baleares, durante 13 años, pero al iniciarse este nuevo procedimiento penal la reclamación de cantidad efectuada por Díaz quedó en suspenso en tanto no se resuelva este otro asunto penal. La importancia de esta reclamación reside en que Díaz Barreiros proporcionó contactos e intermedió entre Copasa y el gobierno de Arabia Saudita, donde tiene importantes contactos.

Sin embargo, la querella penal no fue ratificada por el propio Suárez, presidente de Copasa, a pesar de que fue su firma la supuestamente falsificada. Además, el principal afectado, José Luis Suárez, no se presentó en el juicio, que tras una rápida vista oral quedó visto para sentencia.

Por todo ello ahora es cuando la defensa de Díaz ha solicitado al Tribunal el sobreseimiento de la causa, por observar una clara intención de "mantener paralizado la demanda del trabajador ante el juzgado de lo social de Palma paralizado por este procedimiento en trámite", una denuncia en la que Jesús Díaz reclama su relación laboral para poder pedir una indemnización por despido y el pago de emolumentos pactados, según el propio Díaz.

Durante la vista oral del mes de julio, Díaz Barreiros se acogió a su derecho a no declarar, aunque el denunciante principal, José Luis Suárez, presidente y Consejero Delegado de Copasa, no se presentó en la vista oral como ya explicamos.

Por este motivo, un conocido despacho de abogados de Orense ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca la "solicitud de sobreseimiento del asunto y archivo para proceder al desbloqueo de las actuaciones llevadas a cabo en los Juzgados de lo Social".

Edificio donde estaban las oficinas de Copasa.

Los emolumentos reclamandos por Jesús Díaz hacen referncia a la negociación de contratos internacionales como el firmado en Arabia Saudita, una obra relacionada con el supuesto entramado llevado a cabo por el entorno del Rey emérito Juan Carlos I , que ya está siendo investigado por la Fiscalía, que inexplicablemente no ha llamado a declarar a Jesús Díaz por este asunto.

El conflicto se inició cuando Divicotel, empresa de Diaz, reclamó el pago de 6 millones de euros a la emprea Copasa por varios trabajos realizados. Como la reclamación no se satisfizo, Diaz puso en caso en manos del letrado Pedro Horrach, anterior fiscal Anticorrupción en el caso Noos de Mallorca. Parte de ese dinero reclamado correspondería a comisiones de intermediación en trabajos internacionales de Copasa, tercera emprea por volumen de negocio beneficiaria de las obras del AVE a la Meca y parte imporante del consorcio de empresas españolas que trabajan en este macroproyecto millonario.

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