Funcionarios alertan de presos que se acogen a la Ley Trans: "Hay que atajar el problema"

Con la llegada de la ‘ley trans’ la posibilidad de la autodeterminación ha dado lugar a que algunas personas soliciten el cambio de sexo para percibir ciertos beneficios personales. Y es que, al no hacer falta ningún informe médico ni psicológico para solicitar el cambio de sexo en el DNI, solamente la voluntad de acudir al registro y solicitarlo, el mal uso del derecho está generando situaciones complejas. 

En este caso, seis presos de la cárcel de Asturias se han acogido a la ‘ley trans’, lo que les permitirá solicitar su traslado al módulo de mujeres y así mejorar su situación en la cárcel. Dos de estos seis presos ya han solicitado el cambio de sexo en el Registro Civil de Llanera y los otros cuatro solicitarán la rectificación. Cabe destacar que uno de estos internos se encuentra en prisión por violencia de género y acoso. 

"Advertimos de los peligros de esta ley para las prisiones"

Elcierredigital.com ha contactado con Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT, que indica que “esta situación se ha producido en Asturias como podría haberlo en cualquier otra prisión. Desde los primeros borradores nosotros ya advertimos que se podía producir una situación compleja en los centros penitenciarios pero no se tuvo en cuenta en la elaboración de la ley. Es evidente que la Ley Orgánica General Penitenciaria es una de las pocas leyes que segrega por sexo”.

Momentos posteriores a la aprobación de la 'ley trans'

El cambio de género no supondrá una rebaja de pena ni una mejoría en su situación jurídica, pero sí podrán pasar al módulo de mujeres donde todo es más limpio, hay más orden, menos hostilidades y menos toxicomanías. Además, ante cualquier situación que suponga una amenaza, los presos tendrán la posibilidad de usar esta vía de escape. 

La ley establece que las personas mayores de 16 años podrán solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil sin la necesidad de tener una autorización de sus tutores. También se eliminan la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos indispensables para las personas personas trans que soliciten el cambio de sexo. 

Cárcel de Asturias

Joaquín Leyva sostiene que “esto es un problema serio y complejo que tiene un doble sentido, por un lado hombre-mujer, donde puede darse la circunstancia de que una persona que está interna por violencia de género o por delitos contra la integridad sexual acabe en un módulo distinto al de su género físico. Por otro lado, surge la figura de mujer-hombre, que puede dar pie a la generación de mafias y negocios dentro de las prisiones que obligan a mujeres a registrarse como hombres para estar en módulos de hombres y de esta manera seguir ejerciendo la prostitución”.

La ley anula la instrucción de servicio del 2006

La realidad es que en esta ley no se recoge en ningún punto un protocolo específico para el tratamiento de las personas trans en prisiones. Desde 2006 se permite a personas que no se identifican con su sexo oficial cambiar de módulo. Todo esto sin ser necesario haber dado el primer paso de modificar su sexo en el registro. Desde 2001 se establecía que un criterio esencial para el cambio de módulo era “la identidad sexual aparente, teniendo en consideración su apariencia externa y sus características fisiológicas”, pero en 2006 se amplió el enfoque. 

“Nosotros tenemos una instrucción de servicio del año 2006, que es con la que nos hemos regido hasta ahora cuando una persona trans ha ingresado en prisión. El problema que tenemos ahora es que la nueva ley choca con esta instrucción e imposibilita su aplicación. Por lo tanto, no tenemos ningún protocolo de actuación ante un/a recluso registrada como hombre o mujer que tenga atributos de otro sexo. No tenemos un método de actuación y se abren las incógnitas de quién le cachea y a qué módulo va”, expone el portavoz de ACAIP-UGT.

El detenido escocés Adam que se cambió de sexo antes del juicio para aprovecharse de la 'ley trans'

Joaquín Leyva insiste en que “antes teníamos una instrucción que establecía los protocolos de actuación en estos casos, pero ahora estamos desprotegidos. Con esta ley, una persona que solicite el cambio de sexo puede tener la intención de beneficiarse de algún tipo de privilegio que mejore sus condiciones en prisión, como puede ser que entienda que de esta manera va a estar solo en celda y el problema de sobreocupación que hay en las cárceles ahora mismo se vería incrementado”.

En estas situaciones, existe un plazo de 30 días en el cual se tiene que analizar la solicitud y emitir un informe médico y psicosocial. Después de esos 30 días la dirección del centro penitenciario tendrá quince días para resolver el expediente. En caso de no aprobar el traslado, la instrucción obliga a que se adopten las medidas necesarias que garanticen una integración penitenciaria adecuada a la identidad de género del interno, que podrá interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en caso de que la resolución sea negativa.

Joaquín Leyva

“El riesgo que se corre es estigmatizar a las personas trans y eso es algo que hay que evitar. Por todo ello es necesario un protocolo específico de actuación, con la casuística que se pueda ir produciendo para evitar situaciones que vulneren la seguridad de los establecimientos y los derechos de las personas internas. No podemos esperar a ver qué ocurre, hay que establecer medidas que regulen esto cuanto antes”, concluye Joaquín Leyva.