28 de mayo de 2022
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FIN DE SEMANA

El independentismo, los altos precios de los alquileres y el idioma son algunas de las causas de la salida del funcionariado de esta comunidad

Huida del personal de Hacienda de Cataluña: El Gobierno convoca más de 400 plazas para cubrir las vacantes

Funcionarios.
Funcionarios.
La huida del personal de Hacienda de Cataluña obliga al Gobierno de España a convocar más de 400 plazas para cubrir las numerosas vacantes. De un total de 700 plazas convocadas para funcionario de la Agencia Tributaria, más de la mitad van a Cataluña. Una de las Comunidades Autónomas con menos personal público debido al auge desde 2012 del independentismo, al idioma y al alto precio de los alquileres. Sindicatos y partidos políticos proponen ofrecer incentivos para paliar esta situación.

La Agencia Tributaria ha publicado el listado de instrucciones y destinos para todos aquellos aspirantes a funcionario que superaran las pruebas de acceso. Casi 700 plazas repartidas en el territorio español de una forma poco equitativa, ya que más de 400 pertenecen a Cataluña. Una cifra que contrasta con las 138 plazas que se convocan para ocupar el puesto en Madrid.

Los aspirantes elegirán entre las comunidades autónomas ofertadas, que solicitarán a través de los medios electrónicos. Según se indica en el documento en el que se especifican las plazas —al que ha tenido acceso Elcierredigital.com—, los que no presenten la solicitud “en el plazo señalado, o que, habiéndola presentado, limiten su elección a una o varias vacantes que, en función del número de orden obtenido, no fuera posible adjudicarles, les será adjudicada alguna de las plazas vacantes no asignadas, una vez atendidas las peticiones de los demás aspirantes”. Esto incluiría las plazas catalanas, incluso aunque no estén entre sus opciones.

El independentismo, la causa de la fuga de funcionarios

La falta de funcionarios no es un tema actual. Sus inicios se remontan al año 2012, viviendo su momento álgido en 2017, cuando tuvo lugar la mayor crisis separatista entre Cataluña y España. En octubre, Carles Puigdemont, presidente por aquel entonces de la Generalitat, hizo un referéndum —que fue declarado ilegal— para proclamar Cataluña como Estado independiente. Mariano Rajoy presidía España por aquel entonces, y aplicó el artículo 155 para solucionar la situación y mantener la unidad de España.

Sin embargo, desde aquel 2017 la situación con respecto a Cataluña ha generado una incertidumbre generalizada, también entre los funcionarios. Según expresaba El Confidencial Digital, desde que en 2012 comenzó el auge del independentismo catalán, los puestos de funcionariado se redujeron un 15% hasta 2018. Un hecho que dejaba a la Administración General del Estado en una situación crítica.

Carles Puigdemont.

En 2020 la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también denunció la falta de personal en las administraciones públicas de Girona: “Tal es el grado de destrucción del empleo público que algunos servicios de la Administración del Estado están al límite de la parálisis absoluta”, anunciaban.

Debido a esta situación, que se alarga hasta el presente, tanto el sindicato CSIF como formaciones políticas, como el PP, han solicitado que se ofrezcan incentivos a los funcionarios destinados en Cataluña con el fin de estabilizar la plantilla en la región. Según recogía Europa Press, son pocos los ciudadanos que piden traslados a Cataluña, y los que obtienen plazas en la Comunidad Autónoma se mantienen alerta ante cualquier oportunidad de traslado a otros lugares de España.

El idioma y el alquiler: dos impedimentos

Además del proceso independentista, hay otras dos causas que han sido señaladas como principales en la fuga de funcionariado: el catalán y el elevado precio de los alquileres.

Sobre la primera, en 2017, en plena crisis independentista, muchos funcionarios destinados en Cataluña se preguntaban si perderían su plaza por no saber catalán o si se verían forzados a aprenderlo rápidamente. El Gobierno aseguró que protegería los derechos de todos los funcionarios que no hablasen el idioma, mientras que La Plataforma Per La Llengua aseguró en 2018 que en “ninguna de las 33.167 plazas se pide catalán como requisito indispensable para acceder a ellas”.

Alquiler en Barcelona.

Con respecto al alquiler, si bien es cierto que Comunidades Autónomas como Baleares y Madrid son las que ofrecen la compraventa de pisos más cara (según informaba el Colegio de Registradores), Cataluña ocupa el cuarto puesto. Además, Barcelona (donde se ofertan la mayoría de las plazas de funcionariado) se posicionaba en 2020 como la segunda ciudad más cara para alquilar pisos (15,1€ por metro cuadrado al mes), por debajo de Donostia y seguida por Madrid, según indicaba el portal Idealista.

Esta situación hizo que en 2020 se ratificara en Cataluña una ley para limitar el precio de los alquileres de 60 municipios de la Comunidad Autónoma, que empezaron a caer un 10%. Esta caída se produjo, además, en ciudades como Madrid, que no tenían dicha ley.

Las nuevas soluciones

Ante el problema de falta de funcionariado, el Partido Popular proponía el año pasado ofrecer incentivos económicos para favorecer que los empleados públicos apuesten por Cataluña y, de esta manera, liberar la saturación de los organismos estatales.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las administraciones públicas catalanas habían sufrido diversos recortes desde 2012. Uno de ellos fue el llamado plus de productividad que recibían los funcionarios y que fue retirado, junto a dos pagas extras, por Artur Mas. Este año, el Govern ha traído de vuelta este complemento que oscilaría entre los 426,4 y los 862,2 euros. Se cobrará en el mes de diciembre y tiene como objetivo recuperar todos los derechos que poseían los funcionarios en 2012. Una forma de intentar atraer a más personal público a la Comunidad Autónoma que oferta más plazas para estos trabajos y que, según datos de Pimec en 2019, era la que poseía una cifra más baja de funcionarios en todo el país.

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