12 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos para cuatro acusados

Arranca el juicio contra Mariña Castaño por indemnizar a un exgerente de la Fundación Cela con fondos de la Xunta de Galicia

Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela.
Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela.
El juicio por malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela que sentará en el banquillo a su viuda, Marina Castaño, y a un exconselleiro de Manuel Fraga y expatrono de la entidad que lleva el nombre del Nobel, Dositeo Rodríguez, comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago de Compostela. La FIscalía pide cuatro años y medio de prisión para cuatro acusados.

La primera jornada de las cinco que está previsto que dure el juicio estuvo dedicada a las cuestiones previas y a la declaración de los acusados, entre los que está la hija de Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez, que sustituyó al gerente en esa función. El juicio dirimirá si hubo malversación en la indemnización, de 150.000 euros, por despido del exdirector gerente de la Fundación en 2010, Tomás Cavanna, que también se sentará en el banquillo de los acusados.

La instrucción que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón se cerró en junio de 2017, cuando se fijó la apertura de juicio oral con tribunal jurado, aunque este aspecto fue recurrido por los acusados y estimado por la instancia superior. De esta forma, la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña les acabó dando la razón y no se juzgará por tribunal jurado.

Despido a Tomás Cavanna por 150.000 euros

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los cuatro acusados, "con el concurso y participación activa de todos ellos" y "en ejecución de un plan preconcebido" para "conseguir un beneficio económico" a favor de Tomas Cavanna, "simularon un despido con intención de que a éste le fuera abonada la cantidad neta de 150.000 euros". A tal fin, prosigue la Fiscalía, Dositeo Rodríguez "se encargó de convenir con el beneficiado la mencionada cantidad concreta imputable a los fondos públicos y de que el montante total fuera asumido por la Xunta".

Dositeo Rodríguez, exconseller de la Xunta de Galicia.

El despido fue "orquestado" y aprobado por el Patronato de la Fundación el 27 de mayo de 2010, alegando un "despido objetivo por causas organizativas, con una indemnización según lo dispuesto en el vigente estatuto de los trabajadores". El 3 de junio del mismo año, en la conciliación celebrada ante la sección provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Covadonga Rodríguez, "en nombre de la fundación y en virtud de un acuerdo previamente concertado con Tomás Cavanna y el resto de los acusados", pactó el pago de una indemnización de 150.000 euros "con cargo a los fondos de la Xunta".

El Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que "la crítica situación económica" de la Fundación, "a la que había llegado durante la gestión de los acusados", puso "en peligro la continuidad de la misma", por lo que sus ingresos se nutrían principalmente de fondos públicos desde 2007, algo "ampliamente conocido por los acusados".

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, de los que considera autoras a Marina Castaño y a Covadonga Rodríguez, y partícipes necesarios a Dositeo Rodríguez y a Tomás Cavanna. Por ello, pide la imposición de una pena de cuatro años y seis meses de prisión y la inhabilitación por ocho años. Las defensas de los acusados pidieron la petición de sobreseimiento de la causa y la nulidad del registro realizado en julio de 2012 en las cuestiones previas.

La defensa de Marina Castaño -que fue vicepresidenta y presidenta de la fundación- cuestionó desde la "falta de legitimidad" de la personación del Estado en este juicio, como la causa en sí misma, puesto que alegó que los hechos que se juzgan sucedieron dos años antes de que la fundación se convirtiese en una entidad pública (2012). De hecho, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se ha acusado a ningún miembro de la Xunta, que entonces formaba parte del patronato y luego rescató la Fundación. "En ningún momento se acusó a los responsables de la Xunta por haber librado los fondos", ha señalado en referencia a la indemnización por despido al que era gerente, Tomás Cavanna.

Por su parte, la defensa del exgerente, Cavanna, también pidió la nulidad del registro efectuado en julio de 2012, ya que atribuye este juicio a un "hallazgo casual" encontrado en aquella ocasión y pidió la "nulidad" de de todos lo correos recogidos en aquel registro. "Estaríamos locos si ante la posible comisión de un delito cerrásemos los ojos", le respondió, posteriormente, el fiscal, Álvaro García Ortiz. El presidente de la Sección Audiencia Provincial rechazó anular la principal prueba como pedían las defensas, concretamente el registro de 2012 por el que se consiguió la información relativa al despido de Cavanna. Sin embargo, sí aceptó la "falta de legitimidad" de la Abogacía del Estado, que no participará como acusación en este juicio.

Los letrados de Dositeo Rodríguez y su hija se adhirieron a las cuestiones previas planteadas con anterioridad. Mientras, el abogado del Estado también defendió la legitimidad, ya que cuando sucedieron los hechos era patrono de la Fundación situada en Iria Flavia, en Padrón (A Coruña).

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos habría aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño.

La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012, con la finalidad de proteger un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario del escritor y pinacoteca, entre los que se encuentran lienzos de Picasso y Miró. Entonces, la Consellería de Cultura pasó a ocupar la presidencia del patronato.

 

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