18 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Ha asegurado que el espionaje es totalmente ficticio y la malversación que se juzga está basada en cuantificaciones absurdas

Caso Espías: El letrado de tres acusados señala al PP de Aguirre como instigador para tapar la trama Gürtel

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre
Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre / Europa Press
El juicio por el denominado como Caso ‘Espías’ ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid sin acusación fiscal.  Un funcionario público, dos agentes de la Policía Nacional y tres agentes de la Guardia Civil serán juzgados por un presunto delito de malversación ante un Jurado Popular. El abogado de tres de los acusados ha señalado al PP de Aguirre como iniciador de la causa para ocultar la trama Gürtel.

Ramón González Bosch, el abogado defensor de los acusados Antonio Coronado, José Manuel Pinto y José Oreja, ha declarado a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid y ha asegurado que se trata de "una excusa o una cortina de humo que alguien ha hecho para, de alguna manera, esconder el tema de la Gürtel” ha señalado.

Del mismo modo, ha querido dejar constancia de que la trama de espionaje a los adversarios políticos dentro del PP que será de nuevo juzgada este mes no existe. “Es totalmente ficticio, nunca hubo un espionaje determinado. No entiendo de donde han sacado esas cantidades de las que habla la acusación, basándose en unas cuantificaciones absurdas de determinar. Es absolutamente torticero”, ha asegurado el letrado.

Sobre la declaración testifical de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, González Bosch les ha señalado como los autores de crear este caso: “el cabeza de todo esto es Ignacio González y Esperanza Aguirre consentía todo este tema, presuntamente. Granados también sabía perfectamente lo que estaba pasando y no hizo nada”.

Asimismo, ha manifestado que "hemos presentado hasta 51 pruebas para plantear al verdadero culpable y ver si ocurrió algo". Además ha señalado que ni Aguirre ni González "van a aceptar nada".

Con los miembros del jurado ya seleccionados, en los próximos días está previsto que declaren como testigos los exaltos cargos del Gobierno regional Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria.

El caso fue archivado tres veces

La vista oral del caso, cuya instrucción se remonta a enero de 2009, fue archivado tres veces. Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González. Y la acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.

La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.

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Manuel Cobo, exmano derecha de Gallardón, denunció haber sido víctima de espionaje en 2008 / Europa Press

En cambio, las acciones particulares acusan al director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, entre ellas tres guardias civiles. En el banquillo de los acusados se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el 'número dos' de Gamón, Miguel Castaño Grande.

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como adversarios de Esperanza Aguirre.

Testificales a partir del viernes

Las testificales arrancarán el próximo 8 de febrero con las comparecencias solicitadas por la Fiscalía de Cobo, Prada, Francisco Mercado, Ignacio Palacios y tres agentes de la Policía Nacional. Además, comparecerá Francisco Granados.

Granados, exsecretario general del PP de Madrid, ya compareció en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

El próximo 11 de febrero será el turno de Ignacio González; Esperanza Aguirre; Yolanda Laviana Fernández; Marcos Peña Fernández; y Mar Pérez Merino.

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Ignacio González y Esperanza Aguirre declararán como testigos el 11 de febrero/Europa Press

Un día después, declararan los periodistas testigos Francisco Mercado Merino y José Manuel Romero, así como José Luis Olivera Serrano y un agente de la Policía Nacional; y el día 13 de febrero testificarán Jaime Barrado González, Enrique Barón Castaño, Salvador Victoria, Agustín Carretero Sánchez y Marcos Peña Díaz.

En la comisión de investigación, Antonio Coronado Martínez aseguró que el expresidente regional había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos expresidentes de la Comunidad.

La Fiscalía no presenta acusación

Para el fiscal del caso, no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado "intencionadamente" ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y, "consiguientemente, no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid".

Además, señala que se han aportado al procedimiento documentos donde constan "supuestos" partes de seguimiento, que no han sido obtenidos de expedientes administrativos, "sino que han sido aportados al proceso por el periodista (del diario El País), sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó al citado periodista".

También recuerda que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales "lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos".

Por último, agrega que "los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefónica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real".

 

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