Caso PCR Canarias: Se confirman "irregularidades" en la adjudicación millonaria del SCS a RR7 United

La defensa del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez y de la ex directora de Recursos Económicos de esta entidad, Ana María Pérez, imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el caso ‘PCR Canarias’ –destapado por elcierredigital.com–, "ha sufrido un revés", señala ante este diario el abogado de la acusación popular José Luis Gutiérrez.

Estas declaraciones llegan tras las comparecencias de este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de los testigos citados en calidad de peritos del SCS –junto al comisionista Samuel Machín del contrato público de cuatro millones de euros investigado–. El caso ahonda en la adquisición de un millón de mascarillas 3M que nunca fueron entregadas a los hospitales canarios por la empresa de venta de automóviles lujosos, RR7 UNITED SL, cuyo administrador único, Rayco Rubén González, está imputado por estafa agravada y blanqueo de capitales.

Samuel Machín, intermediario de la empresa RR7 United.

Hay dos claves en esta jornada de testigos, según indica Gutiérrez: "La confirmación de irregularidades cometidas por parte del SCS en la adjudicación del contrato millonario a RR7 y el momento de tensión ante el intento de imputación del comisionista en esta operación de cuatro millones, Samuel Machín, por parte de la defensa de Rayco Rubén González. A esto, el Ministerio Fiscal y la acusación popular nos hemos opuesto, por lo que el letrado de Rayco, Rachid Mohamed, no ha conseguido el objetivo de acallar la voz de Machín, que ha dejado claro la familiaridad en esta contratación con el director del SCS, a través de unos mensajes de WhatsApp que el propio testigo aportó en su declaración ante el fiscal, Javier Ródenas".

No obstante, el letrado de la acción popular ejercitada por la ‘Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias’, a la salida del juzgado, ha manifiestado a elcierredigital.com que, "en base a las declaraciones de los testigos citados por el magistrado, la acusación popular ha quedado totalmente reafirmada, además, de aportar indicios de prueba sólidos a la luz de las testificales practicadas para continuar con este proceso judicial contra los acusados. Ahora, estudiaremos con detenimiento, si solicitamos la práctica de otras pruebas nuevas, bajo esta línea acusatoria".

Las funcionarias del SCS "escandalizadas" con el pago de cuatro millones a RR7

Según el abogado Gutiérrez, en relación a los testimonios de los peritos, "las tres funcionarias del Servicio Canario de Salud –jefas de servicio y con formación jurídica– no solo se ha mostrado escandalizadas por la manera en cómo se procedió con la formalización este contrato público de cuatro millones con la mercantil de automóviles RR7 UNITED SL, además de apuntar a otros casos sobre contratos Covid-19 suscritos por esta entidad".

Pero también, "estas trabajadoras han puesto de manifiesto que antes de la pandemia se cumplían con todos los trámites administrativos, pero desde la creación de la comisión de emergencias –presidida por el jefe del ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres– se comenzó a actuar mal, se pagaba la totalidad de las licitaciones sin hacer comprobación de las empresas para verificar que cumplían con los requisitos, por lo que se cometieron irregularidades", explica la acusación popular.

Ana María Pérez, ex directora de Recursos Económicos.

"En el caso concreto del la licitación de RR7, las funcionarias advirtieron a la ex directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, de que con esta empresa se observaban irregularidades, por lo que, se recomendó no pagar a esta mercantil tras el pago del 50 por ciento de los cuatro millones. Esto se hizo incluso bajo la apreciación de letrados del Gobierno de Canarias, que también avalaron no pagar esta cantidad, pero Pérez convenció sobre este pago, que se acabó ejecutando, y el administrador empresarial Rayco cobró el total del montante de los fondos públicos", aclara Gutiérrez. 

"Intento fallido de imputar al comisionista"

Sin duda, explica el abogado de la asociación sanitaria, "el momento de mayor tensión durante las comparecencias de los testigos ha estado marcado por el intento de la defensa de Rayco, ejercida por el letrado Rachid Mohamed, ante la declaración del comisionista del contrato con RR7 Samuel Machín, cuando ha solicitado al juez Francisco Javier García García-Sotoca, que se parara de inmediato el interrogatorio para pasar a solicitar la imputación de Samuel. A esta solicitud se ha negado el magistrado, así como la Fiscalía y la acusación popular, puesto que nos hemos adherido a la querella interpuesta por el fiscal, Javier Ródenas".

Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United.

"La estrategia de Mohamed de pedir que se declare investigado a Samuel para que suspendieran su declaración y para que vuelva acompañado de letrado como acusado de cómplice, desde el punto de vista procesal, es normal para la defensa, aunque es lógico que cause malestar", expone Gutiérrez. 

Por su parte, Samuel, bajo su testimonio, "ha reconocido que mientras era comisionista en esta licitación se aportaron numerosos mensajes de WhatsApp entre el mismo y el director del SCS, Conrado Domínguez, con una gran familiaridad y cercanía, hablando de todo, por lo que ha quedado acreditado una relación muy fluída entre ambos", apostilla el abogado de la acusación popular.