El juicio a Jaime Botín por llevarse un cuadro de Picasso de España sin permiso del Gobierno será el 4 de noviembre

La vista tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid el próximo día 4 de noviembre y se prolongará los días 5 y 8 de ese mes, según confirman a este diario fuentes jurídicas, presidido por la jueza Elena Raquel González Bayón. Jaime Botín, hermano de Emilio Botín y expresidente de Bankinter se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por delito de contrabando de bienes culturales y una multa de 100 millones de euros.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, representado por el fiscal César Estirado, los hechos se remontan al año 2012 cuando Jaime Botín se puso en contacto con la empresa de subastas Christies,  con el fin de vender el cuadro 'Cabeza de mujer joven'; un lienzo pintado en 1906 y por Pablo Picasso que el banquero guardaba en su residencia de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y tasado en 26 millones de euros.

El Picasso fotografiado por la Guardia Civil.

La casa de subastas le advirtió que, al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español y contar con más de 100 años de antigüedad, tenía que solicitar una autorización al Ministerio de Cultura si es que quería trasladarlo a Reino Unido. Jaime Botín, por su parte, dio luz verde a la empresa a finales de 2012 a que gestionara la licencia de exportación ante el Ministerio de Cultura, pero la respuesta del Ministerio fue denegar la petición.

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español le precisó que el lienzo del pintor malagueño no podría ser exportado porque "no existe obra semejante en todo el territorio español". Todo ello llevó al departamento que entonces dirigía José Ignacio Wert, a emitir una orden ministerial declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta que el mismo fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según publicó Moncloa.com, se da la circunstancia de que el entonces ministro Wert había trabajado entre 2003 y 2005 para el BBVA, el banco de Francisco González, que en 2011 subvencionó con 70.000 euros y 67.000 euros a las empresas Inspire Consultores, donde Wert era administrador y a Kantar Media, respectivamente, de la que Wert era presidente. En diciembre  de 2011 fue nombrado ministro y a comienzos de 2012 dejó sus cargos en estas empresas. Francisco González era unos de los "enemigos" más conocidos de Jaime Botín.

Jaime Botín, a la derecha.

El escrito de acusación fiscal continúa recogiendo que "pese a ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa, en vigor desde entonces, el acusado trasladó el cuadro al yate de su propiedad real, cuando en el mes de junio estaba atracado en el puerto de Valencia, con la finalidad de sacarlo ilícitamente de nuestro país dando instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco".

En junio de 2015 la Guardia Civil realizó una inspección al buque y requirió al capitán una declaración de todos los bienes que estaban a bordo. Éste, cumpliendo las órdenes del patrón, Botín, enumeró un listado de obras excluyendo expresamente el cuadro de Picasso.

Sin embargo, la obra fue incautada por los servicios aduaneros franceses cuando el barco atracó en Córcega en julio de ese mismo año. De este modo, las autoridades frustraron el intento de Botín de trasladar el cuadro a Ginebra en un vuelo que previamente había reservado. Los agentes, que encontraron la pintura embalada en la cabina del comandante, la intervinieron. El cuadro fue trasladado a Madrid, previa petición de la Justicia española, y se depositó en el Museo Reina Sofía. Por todo ello el acusado se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de 100 millones de euros y a la petición de la Fiscalía de que el 'Picasso' se declare de dominio público. 

Multa por participación en Bankinter

Con todo, este no es el único frente judicial de Botín. El pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó la sanción interpuesta por la Audiencia Nacional de 300.000 euros por ocultar que tenía una participación de cerca del 8 por ciento de acciones en Bankinter, entidad que presidió entre 1986 y 2002. El Alto Tribunal desestimó su recurso al entender que había cometido una infracción muy grave prevista en la Ley de Mercado de Valores por estos hechos que tuvieron lugar hace ahora nueve años.

El fallo consideró probado que estaba en la obligación de comunicar a la CNMV su participación por su doble condición no solo de presidente de la entidad sino de vicepresidente de la sociedad Cartival, compañía a la que se le traspasó el paquete accionarial de Bankinter.