27 de noviembre de 2020
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FIN DE SEMANA

Aunque el exmarido pedía 750 dólares finalmente la tenista tendrá que pagar 371 y en septiembre se conocerá la sentencia definitiva de divorcio

Arantxa Sánchez Vicario tendrá que pagar a Josep Santacana una pensión para alimentos de sus dos hijos

Exclusiva Arantxa Sánchez Vicario
Arantxa Sánchez Vicario
Arantxa Sánchez Vicario se prepara para un final de verano complicado. Se prevé que en septiembre se conozca la sentencia de su divorcio por la Audiencia Provincial de Barcelona tras presentar un recurso ante la sentencia que disolvía al matrimonio dicatada el 2 de mayo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia de Esplugues de Llobregat. En Estados Unidos y ella y su ex tienen la custodia compartida y, ahora, la Justicia dice que tendrá que pagar a Santacana una pensión de alimentos.

El coronavirus dejó la actividad judicial paralizada, pero con la paulatina vuelta a la normalidad se han reactivado. La Corte de Miami ha vuelvo a dictar una medida contra la tenista Arantxa Sánchez Vicario en medio de sus enfrentamientos judiciales con su exmarido Josep Santacana. La Jueza de la Corte concedió la custodia compartida a ambos, pero Santacana pidió una pensión de alimentos mensual de 750 dólares para alimentos de sus hijos debido a que la situación económica de la deportista en mejor que la suya. Finalmente, Arantxa tendrá que pagar 371 dólares mensuales.

Así las cosas, Arantxa Sánchez Vicario podría recibir en septiembre la definitiva notificación de su divorcio de Josep Santacana por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Desde hace más de un año ya está divorciada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), pero al defensa de la tenista presentó un recurso de apelación.

Además, la Corte de Miami admitió los acuerdos y capitulaciones matrimoniales firmadas por la pareja, algo común en Cataluña. Justo esto es lo que no quería la laureada tenista ya que de aceptarse el divorcio en los juzgados barceloneses su hasta entonces marido no tendría que hacer frente junto a Sánchez Vicario a los requerimientos del Banco de Luxemburgo que le reclama la devolución de la cantidad que avaló y luego pagó en el pleito de la ex tenista con la Agencia Tributaria.

Por ahora, en los dos países, Estados Unidos y España, Arancha y Josep ya están divorciados en primera instancia. La sentencia americana, dictada el dos de mayo de 2019 por la Jueza Esperanza Espinosa Dennis, era demoledora para Arancha. La Jueza americana no encuentra creíble el testimonio de la gran tenista española, ya que considera que entra en conflicto directo con las pruebas. “The Court does not give great weight to the testimony of the Wife as the Court does not find her to be a credible witness and her testimony at times conflicts with other evidence in the case. ("El Tribunal no le da gran importancia al testimonio de la Esposa, ya que el Tribunal no encuentra que ella sea una testigo creíble y su testimonio a veces entra en conflicto con otras pruebas en el caso)", se puede leer en la sentencia.

El banco de Luxemburgo busca el dinero de Arantxa y Santacana en Uruguay

A principios del verano de 2018, Josep Santacana, el exmarido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, llegaba a Barcelona para poner en orden todo su patrimonio empresarial, sus bienes y sus empresas ante la petición de prisión preventiva que solicitó el Banco de Luxemburgo para él y su todavía mujer. Este es el grave problema con el que se enfrenta la pareja, al margen de su divorcio: poner en orden todo un entramado generado con el dinero que la tenista ganó durante sus muchos años como número uno del deporte mundial y que en 2010 se estimaba en unos 35 millones de euros. 

Arantxa y Santacana antes de su separación. 

 

La preocupación de la todavía pareja es máxima al ampliarse hace unos meses la querella por alzamiento de bienes y fraude de acreedores en el juzgado nº 4 de Barcelona. El Banco de Luxemburgo, que logró una sentencia favorable por la vía civil, aún no ha cobrado absolutamente nada y por ello a finales de enero se fueron a la vía penal solicitando penas de cárcel.

El pleito con Hacienda, el comienzo de sus problemas judiciales

Todo comienza en el año 2009 cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional por la que la tenista tenía que hacer frente a una multa de 3,5 millones más intereses por evasión fiscal. La cantidad final ascendió a 5,2 millones sumando multa e intereses. Hacienda pudo cobrar gracias a un aval del Banco de Sabadell y esta entidad financiera a su vez recuperó su dinero gracias a un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna, cuando sus intereses los gestionaba International Management Group (IMG), radicada en Beverly Hills en Los Ángeles.No hay que olvidar que las tres empresas principales de Arantxa, las sociedades anónimas Sant C 412, Sant J 411 y Port G 410, tenían como accionistas principales dos sociedades extranjeras situadas en Uruguay y en las Islas Marshall, al norte de Nueva Guinea. Estas eran ACE Enterprises LImited y EAST LIGHT Limited, controladas por las que era su apoderado y padre, Emilio Sánchez.

Josep Santacana a la salida del los Juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

En abril de 2010, el Banco de Luxemburgo cumplió con la garantía bancaria y el mes siguiente reclamó el aval a la tenista. Lo intentaron varias veces. Enviaron un burofax en julio de ese año y representantes de la entidad se reunieron con Arantxa y Santacana, acompañados de sus asesores. La respuesta de Arantxa fue que ni conocía su patrimonio ni podía disponer de él y así solicitó más tiempo para poder recabar información y ofrecerle una respuesta al banco.

Algo muy contradictorio ya que, en noviembre de 2009, casada con Santacana, la tenista revocó ante notario los poderes que ostentaba su padre y su administrador, Ferrando Lacasa. Sin embargo, siete años después de aquella reunión, en noviembre de 2017, la pareja volvió a señalar que el fallecido Emilio Sánchez continuó manejando el patrimonio de su hija y dirigió su proceso de descapitalización vendiendo todo para pagar deudas.

Según la documentación presentada por el banco luxemburgués, las disposiciones patrimoniales fraudulentas de las sociedades con las que la tenista administraba su patrimonio (cifrado entre 30 y 45 millones) fueron decisión y responsabilidad única de ella y Santacana. De hecho, el padre no hubiese podido comprar ni vender sin poder notarial para ello, ya que en esas fechas Arantxa ya pleiteaba contra sus progenitores, a los que interpuso dos demandas y una querella.

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