El juez prohíbe salir de España al hijo de Villarejo y fija fianza de 15.000 euros para el policía Antonio Bonilla

El titular del Juzgado Central número 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, impuso el lunes a José Manuel Villarejo Gil, hijo del famoso comisario, la prohibición de abandonar España, la entrega de su pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial. También fijó una fianza de 15.000 euros al policía, en segunda actividad, Antonio Bonilla, que también trabajaba para el excomisario.

Julio Ligorría, antiguo embajado de Guatemala en EEUU.

El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, adoptó estas medidas cautelares tras escuchar la declaración de ambos sobre la pieza Pit del caso Tándem, que investiga el encargo del naviero Ángel Pérez-Maura a Villarejo para que frenase una causa de corrupción que tenía abierta en Guatemala e impidiese su extradición a cambio de 10 millones de euros. Por el mismo asunto ha declarado también el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, a quien se ha impuesto asimismo obligación de comparecer mensualmente en sede judicial y pedir permiso en caso de que quiera abandonar España.

José Manuel Villarejo, hijo.

En los tres casos, los investigados son acusados de delitos de cohecho, según informan fuentes jurídicas, por sus distintos grados de participación en aquel proyecto por el que la sociedad mercantil Cenyt de Villarejo y el abogado Rafael Redondo se embolsó, presuntamente, más de siete millones de euros, con una cuantía fija de 120.000 euros al mes que se mantuvo hasta el mismo mes de su detención, en noviembre de 2017.

Durante su declaración, el hijo de Villarejo se ha desmarcado de aquel trabajo y ha explicado que su labor en Cenyt era el de un gestor, ocupándose de asuntos como las vacaciones de los empleados, el material o la intendencia. Sin embargo, el sumario le sitúa también como proveedor de teléfonos de seguridad al resto de implicados.

A cambio del pago de 10 millones a Villarejo, supuestamente el naviero Ángel Pérez-Maura habría pedido al comisario que frenara en 2016 su extradición a Guatemala, donde hay un activo un procedimiento por corrupción contra su compañía Grup Maritim. La causa en este país parte de la supuesta entrega de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, entre otros funcionarios. Supuestamente el objeto del soborno pasaba por que la empresa Grup Maritim Terminal, a través de su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal S.A, "obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal", explicó la Fiscalía.

Antonio Bonilla, inspector en segunda actividad

En cuanto al inspector en segunda actividad Antonio Bonilla, que ha contestado tanto a los fiscales como al juez, las acusaciones y su propia defensa, tenía un contrato de servicios con la mercantil Cenyt de Villarejo y Rafael Redondo desde 2013 y desempeñaba tareas de análisis de información y de hecho, su nombre es uno de los que más aparece en el sumario de actuaciones, puesto que ya está siendo investigado en otras piezas por delitos de cohecho y revelación de secretos.

Ligorría consta como participante, al menos, en uno de los viajes que el grupo realizó a Guatemala, donde según contaron al naviero Ángel Pérez-Maura, estaban realizando gestiones para frustrar el avance de la causa contra él. Aquel viaje tuvo lugar el 14 de mayo de 2016, aunque según explicó al juez, acudió a aquella expedición por encargo de Redondo, sin cobrar ninguna remuneración específica por ello y para actuar como fedatario en la toma de declaración de uno de los trabajadores de los Pérez-Maura -Juan José Suárez Meseguer- que habría sido detenido, dada su condición de funcionario público.

El empresario Ángel Pérez Maura.

Por último, Ligorria se desmarcó del proyecto que según ha dicho, está construido a partir de una "fábula" de Villarejo y su socio Adrián de la Joya, también investigado en esta causa. Él contrató con otro de los implicados, Enrique Maestre, labores de asesoría y según ha dicho a los medios al término de su comparecencia, era para buscar inversiones.

En su declaración, aseguró que nunca recibió encargo de frenar la causa en Guatemala ni estuvo sobre la mesa que fueran a hacerle presidente del país en colaboración con EEUU, como consta en las actuaciones que planearon Villarejo y De La Joya, tal y como ha explicado a la salida. El juez le imputa igualmente un delito de cohecho y le ha impuesto la obligación de comparecer mensualmente en sede judicial así como pedir permiso si quiere salir de España.

En los próximos días la Fiscalía Anticorrupción y el juez seguirán interrogando implicados en esta causa. Este martes están citados a declarar el empresario Armando Mateo, que trabajaba para los Pérez-Maura; y Rafael Redondo, socio de Villarejo. El miércoles, por su parte, declarará el propio comisario jubilado y lo hará desde la prisión de Estremera por motivos de salud.