Comienza el macrojuicio contra el PSOE en Aragón: 147 millones "perdidos" en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza

Los fiscales José Grinda y José de la Rosa y los abogados defensores han estado negociando para que los principales acusados en el juicio por el Caso Plaza, donde habrían cometido un delito de malversación en las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza, devuelvan el dinero malversado, paguen las multas, reconozcan los delitos cometidos y, en el caso de los ‘cerebros’ de la trama que ingresen en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción pidió ya hace casi un mes prorrogar la vista para conseguir este acuerdo, que el domingo tomó forma y que parece conseguir el objetivo de los representantes del Ministerio Público.

Los pactos de 20 acusados con la Fiscalía

Este lunes comenzó el mayor juicio por corrupción instruido en Aragón tras dos aplazamientos consecutivos en los que la Fiscalía ha pactado con la mayoría de los encausados. Entre ellos se encuentra el el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril, uno de los principales ideólogos de la trama.

Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, considerado como el 'cerebro' de la trama 

Al reconocer García Becerril muchos de los cargos que se le imputan, el exgerente de la plataforma vería reducida considerablemente su pena de cárcel, que de los 23 años que se le pedía en un principio, finalmente cumpliría solo dos años y un día, el tiempo mínimo exigido para su ingreso en prisión. Además, tendrá que hacer más de 700 jornadas en beneficio de la comunidad y devolver parte del dinero defraudado, que llega en su mayoría por los bienes decomisados como el apartamento de Salou, una nave por valor de 700.000 euros, un trastero o los 80.000 euros procedentes de la venta de un yate.

Su mujer, Elena Plante Lacoma, y una de sus hijas, Patricia García Plante, también implicadas en la trama, se han beneficiado igualmente de los pactos con la Fiscalía, que ha retirado su acusación contra ellas. Inicialmente se pedía para ellas 9 y 11 años de cárcel por malversación, blanqueo y cohecho.

Del mismo modo, los fiscales José Grinda y José de La Rosa han retirado la acusación contra Ramón Margalejo, Francho Blasco Escolano, María Luisa Roca Sánchez, Manuel Miguel Colonques y José Luis Albendea Zafra. Aún así, algunos de estos encausados serán considerados responsables a título lucrativo.

Otro de los cerebros de la trama de corrupción, José María Jordán Rando, el que fuera gerente de la UTE Acciona-MLN, ha reconocido también algunos de los delitos por los que se le acusaba, viendo así reducida de forma sensible la petición de prisión de 10 años y 9 meses. Del mismo modo ha sucedido con otros 12 de los acusados.

De esta manera, de los 25 acusados de blanqueo, prevaricación y fraude, solo dos de los que están considerados como 'cerebros' de la causa, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el directivo de Acciona José María Jordán, ingresarán en prisión.

Agapito Iglesias, encausado en el juicio por el Caso Plaza

Fuera de los acuerdos con el Ministerio Fiscal se quedan solo cinco de los encausados. Se trata de Agapito Iglesias, Carlos Escó, Francisco Joven, Miguel Ángel Floría y María del Mar Jaso. Esta situación ha provocado que sus abogados hayan pedido una nueva suspensión del juicio para poder saber cuáles son los delitos que han reconocido y hasta qué punto les afecta, echo que podría condicionar sus estrategias de defensa. El tribunal ha aceptado la petición y la vista se ha aplazado hasta el próximo 17 de diciembre.

Acciona pagará 60 millones de euros

Aunque las condenas de prisión distan mucho de los 191 años que pedía Anticorrupción al inicio de la causa, el punto clave en este macro pacto ha sido la recuperación del dinero malversado.

Junto con la cantidad que ingresará el Estado con el decomiso de los bienes y propiedades de los encausados, Acciona, una de las dos empresas que conforman la UTE que llevó a cabo las obras en la plataforma logística, deberá pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón. De hecho, este lunes ya abonó 15 millones de euros para responder por los delitos cometidos por sus dos empleados.

El resto de la responsabilidad civil subsidiaria hasta llegar a los 147 millones de euros se realizará por el procedimiento del arbitraje judicial.