El escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia en España: Asociaciones Cristianas, en contra de la actuación de los Obispos

En términos de derecho, la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de un bien inmueble, una acción que debe ser llevada a cabo por un notario, pero que en España, hasta 2015, contemplaba excepciones.

De este modo, según el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y el reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, como fedatarios públicos, es decir, se les otorga la capacidad para llevar a cabo este tipo de procedimiento. Una ley franquista que concede un privilegio a la Iglesia y que en 1998 modificó el Gobierno de Aznar para incluir, además, la inmatriculación de lugares de culto, como iglesias, catedrales, basílicas o conventos, entre otros, que hasta ese momento no estaban contemplados por la norma, que finalmente quedó derogada en 2015 después del toque de atención del Tribunal de Estrasburgo. 

Hasta ese entonces, un diocesano podía acudir al registro civil y, sin necesidad de presentar ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ínfimo pago, pasar a ser el dueño del bien registrado. Algo que parece impensable en un país democrático y desarrollado.

De aquellos lodos, estos polvos porque, 75 años después, las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en España siguen estando en el centro del debate. En febrero, después de reiteradas peticiones, el Gobierno de Pedro Sánchez entregó al Congreso de los Diputados el listado de los 34.961 bienes inmatriculados por los obispos. Una ingente cifra de la que un buen número, probablemente, pertenezcan con seguridad a la Iglesia. No obstante, otros cientos, quizás miles, serán propiedad de particulares o forman parte del ingente legado cultural español.

Pedro Sánchez. 

Una decisión, la de hacer público el listado, que, sin embargo, no ha contentado a los sectores que desde hace años vienen luchando porque el patrimonio ahora propiedad de la Iglesia vuelva a pasar a manos públicas. De hecho, en contra del compromiso de Pedro Sánchez contraído en su investidura, su Ejecutivo no impulsará ninguna reforma legislativa para anular las inscripciones eclesiásticas. Tampoco protegerá por ley aquellos bienes de valor histórico que puedan ser categorizados como dominio público.

El Gobierno quiere dar carpetazo al controvertido escándalo dejando en manos de particulares y ayuntamientos su reclamación ante los tribunales, procesos judiciales caros y muy difíciles de sostener en el tiempo por los que, aunque algunos monumentos de valor histórico ya han podido ser recuperados gracias al voluntarismo de los alcaldes, otros muchos se quedarán en manos de los obispos, aunque no tengan títulos fehacientes de propiedad.

Una visión que parece no encajar con lo predicado por la propia religión, valores de los que hacen gala los ministros eclesiásticos pero que difieren de la práctica económica de la Iglesia, que parece haberse convertido en la mayor inmobiliaria de España.

Cristianos en contra de la actuación de la Iglesia

Esta visión parecen compartirla cuatro asociaciones religiosas que han presentado un escrito en el que muestran su preocupación por esta problemática. La Comunidad Santo Tomás de Aquino, Comunidades Cristianas Populares, Cristianos y Cristianas de Base de Madrid y Redes Cristianas, consideran que, de ser cierto, "estaríamos ante un escándalo monumental que llena de descrédito a la Iglesia católica, y de vergüenza a los que, por voluntad propia, seguimos perteneciendo a la misma". 

En la misiva, que dirigen a su comunidad con el fin de encontrar "una solución cristiana", las cuatro asociaciones califican el listado del Gobierno socialista de "insuficiente" porque "solo cubre dos de los tres periodos de propiedad" de los bienes, sin contar con los años comprendidos entre 1946 y 1978, y 1978 y 1998. Pero además, indican, "el listado es deficiente porque no permite identificar bien los bienes. En este sentido, bajo la palabra “aledaños”, se encuentran otros edificios o lugares tan emblemáticos como la Giralda o el Patio de los Naranjos, descritos como “aledaños” de la catedral de Sevilla. 

La Giralda, uno de los bienes inmatriculados. 

Las entidades explican además su malestar con la actitud del obispado, que "no han salido a desmentir, oficialmente y de forma contundente, la veracidad de los hechos. No es posible pasar página cuando los datos son tan escandalosos. Pensamos que, si las cifras fueran ciertas, la inmatriculación que se ha hecho por los obispos y registradores ha sido una monumental equivocación". 

Y prosiguen, "¿no caía en la cuenta de estar ejerciendo indebidamente un privilegio otorgado graciosamente por el franquismo y continuado en la democracia, un privilegio que va contra la igualdad y justicia que proclama la Constitución? ¿Ignoraba que se trata de bienes que pertenecen al patrimonio común, que son bienes “demaniales” que, por ser de dominio público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables?" Una dura crítica con la que además pretenden obtener una explicación "clara y exhaustiva" tanto de la Conferencia Episcopal Española como de las instituciones públicas.

"Las dimensiones de estos hechos no se agotan, a nuestro juicio, en la inmatriculación masiva de unos bienes, engloban también otros factores que nos afectan a todos los fieles católicos muy directamente, como la financiación de la Iglesia y, sobre todo, la propiedad entendida desde el Evangelio".

Por ello, proponen la celebración de una Asamblea Nacional de la Iglesia Española a principios del 2022 para "dar solución entre todas y todos a estos problemas".