Caso PCR Canarias: "El plan es salvar al presidente Torres del contrato de cuatro millones", según fuentes del Gobierno

Existen dos 'vías estratégicas relevantes en estos momentos en torno al caso ‘PCR Canarias’, cuyo proceso judicial investiga la adjudicación de cuatro millones de euros a RR7 United SL a través de una licitación de mascarillas 3M contratadas por el Servicio Canario de Salud (SCS). Este material sanitario nunca fue entregado a los hospitales canarios. Así describen este asunto fuentes gubernamentales consultadas por elcierredigital.com, que apuntan a "las diferentes estrategias para salvaguardarse de este escándalo seguidas por el responsable mercantil de RR7, pero también por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de cara a su inminente declaración del próximo 2 de noviembre a requerimiento del magistrado instructor".

En base a la citada autoprotección, estas mismas fuentes indican que "el administrador único de RR7, Rayco Rubén González –imputado por estafa agravada y blanqueo de capitales– ha dado un nuevo giro en su línea de defensa justo ante de la comparecencia de Torres, después de guardar silencio tras la querella del Ministerio Fiscal que le achaca estos presuntos delitos. Rayco, ha declarado voluntariamente ante el juez este 27 de octubre para desmentir manifestaciones vertidas en sede judicial por el director del SCS, Conrado Domínguez –imputado por prevaricación y tráfico de influencias– respecto a las comunicaciones entre ambos sobre esta licitación pública".

Rayco Rubén González al lado de su coche de lujo.

Según alegan, "se acaba de abrir la vía de las contradicciones entre ambos imputados pues, según Rayco, sí mantuvo conversaciones con Conrado sobre esta contratación pública de cuatro millones, a pesar de la negativa de este vínculo por parte del segundo. Por lo que habrá que estar muy atentos a la documentación y a la información contenida en el dispositivo móvil de Rayco, aportados ante el juez".

Por otra parte, también señalan que "podría coexistir una estrategia política diseñada para salvar la imagen del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres –de cara al ‘Pacto de las flores’ y a las próximas elecciones 2023–, respecto a las posibles irregularidades cometidas en esta licitación millonaria adjudicada a RR7, que han derivado en las imputaciones de Domínguez y de la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez –acusada de prevaricación y tráfico de influencias–.

Según estos testimonios cercanos al presidente canario, se trataría de "que esta cadena de imputaciones no acaben ‘in crescendo’, salpicando a la cúpula del gobierno regional. Por el momento, a nivel político, la estrategia vendría dada por minimizar el alcance mediático de este caso en la sociedad, además, de proteger la imagen del gabinete presidencial".

La estrategia de RR7 previa a Ángel Víctor Torres

La particularidad de la inesperada declaración adelantada por Rayco – acompañado por su abogado Rachid Mohamed–, sostienen fuentes gubernamentales, es que "ha escogido la opción de presentarse ante el magistrado instructor, Javier García García-Sotoca –en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas– unos días antes de que comparezca como testigo el presidente del ejecutivo canario Ángel Víctor Torres –que responderá al juez por escrito– y en los días previos a que testifiquen, en calidad de investigadas, la madre de Rayco y su propia pareja, Belén Arencibia Alemán, al ser representantes de otra mercantil –Berabemar 2017 SL– vinculada a traspasos de fondos económicos por el administrador de RR7 –según la querella del Fiscal.

El letrado de la defensa de Rayco, semanas atrás había asegurado a la salida del juzgado en manifestaciones a elcierredigital.com, que "su defendido esperaría a que se sucedieran las diferentes declaraciones ante el juez para acudir a testificar", pero su postura ha cambiado durante el curso de estas diligencias pre-procesales tras las versiones del director del SCS.

La acusación popular cree que "habrá más actores en el caso"

No obstante, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias -que ejerce la acusación popular-, subraya en declaraciones ante elcierredigital.com que "parecen todos y ninguno culpables, tal como vamos observando a través de las diversas versiones de los imputados en este caso", pero "se trata de un negocio por el cual se pagó una cantidad excesiva por las mascarillas que, además, nunca han aparecido. Pero hay una implicación directa por parte del SCS, siendo su director Conrado Domínguez".

El presidente de este colectivo, Guillermo de la Barreda, explica que "ha habido problemas con el abastecimiento y el suministro de este material sanitario. Se ha producido una contratación irregular vía WhatsApp con la empresa de Rayco por parte del SCS. Mientras, el hecho de que haya coches de alta gama de por medio vinculados a RR7 es accesorio, y como consecuencia de todo lo ocurrido con esta licitación pública". Además, insiste: "Se pretendía modificar el contrato primitivo, anular la contratación inicial, para hacer otro contrato para adquirir otras mascarillas diferentes, un hecho del que los responsables tendrán que responder".

Finalmente, manifiesta, "se podría prever que a lo largo de esta causa se podrían sumar más actores en este proceso judicial, puesto que en esta adjudicación, por lo que se va desvelando, intervinieron muchas personas. Mientras, el presidente Torres tendrá que aclarar la posible existencia de actas y reuniones sobre la contratación con RR7, tal como recoge el Boletín Oficial de Canarias sobre unas actas del comité de expertos".