Las víctimas de Angrois llevan ante los Tribunales a los organismos públicos por "falta de independencia"

El 24 de julio de 2013, en la víspera del día de Santiago Apóstol, el Alvia 730 Madrid-Ferrol, con identificación 04155, circulaba a 190 kilómetros por hora antes de llegar a la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, una zona a la salida de un túnel en la que tendría que reducir la velocidad a 80 km/h. El maquinista, Francisco Garzón, que estaba atendiendo una llamada del revisor, frenó demasiado tarde y el convoy descarriló. En el siniestro, que se ha convertido en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España, murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas.

Después de casi ocho años, los afectados continúan buscando “justicia y verdad” y que los responsables del accidente, que la CIAF atribuye únicamente al error humano obviando la cadena de fallos y las anomalías en el caso, depuren responsabilidades. Por ello, la asociación de víctimas registró este jueves una demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una decisión que llega días después de que el ministerio de José Luis Ábalos desestimara renovar a parte de los miembros de la CIAF que, según la plataforma, "no goza de independencia" a día de hoy. Una reclamación que los afectados llevan realizando prácticamente desde que se inició el proceso.

Imagen del accidente de Angrois. 

De hecho, ya en el año 2016, un informe de la Agencia Ferroviaria Europea les dio la razón. Este organismo consideró que la investigación de la CIAF no se realizó con las garantías de independencia que marcan las directivas comunitarias. Desde entonces, Europa viene pidiendo a España que realice una nueva investigación técnica pero la comisión, dependiente del Ministerio de Transportes, se ha negado en varias ocasiones.

En este sentido, Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, ha remarcado que esta investigación la tienen que llevar a cabo personas que no formaran parte ni de Renfe ni de Adif, "ya que están investigados" en la causa. Además piden que se analicen "todas las causas" que tienen que ver, precisamente, con el ministerio, la operadora y el administrador ferroviario algo que, señalan, "no se hizo".

Una proceso judicial lleno de sombras

El proceso judicial del caso Alvia ha estado marcado por la lentitud y por múltiples impedimentos. La semana pasada trascendió la confirmación, ya definitiva, del cierre de la instrucción por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Fue en septiembre de 2020 cuando Andrés Lago cerró la investigación del accidente. Era la tercera vez que este magistrado -el segundo encargado de investigar la causa- daba por cerrada la instrucción. El primer juez instructor de la causa, Luis Aláez, basándose en que no había ningún sistema que evitase o subsanase el error humano, imputó, contra el criterio del fiscal, a 27 técnicos y directivos de ADIF, la empresa pública responsable de infraestructuras ferroviarias. En octubre de 2013, la Audiencia de A Coruña levantó las imputaciones, e instruyó al juez a investigar las condiciones técnicas de la curva de A Grandeira. En mayo de 2014, el juez volvió a imputar a 11 exdirectivos de Adif y la Audiencia volvió a levantar las imputaciones. Aláez cambió de destino y su sustituto, Andrés Lago dio por cerrada la instrucción en octubre de 2015 con el maquinista como único responsable.

En diciembre de 2018, tras una nueva reapertura, entre los imputados, además de al maquinista, se incluía al exresponsable de seguridad de Adif. En esa ocasión, fue la declaración jurada del extrabajador de Talgo, que aseguró que distintos mandos de la empresa le habían obligado a borrar "averías críticas" que había sufrido el tren y que figuraban en la base de datos, la que obligó a reabrir la causa. Talgo negó esas acusaciones pero el juez, ante la demanda de la Audiencia, tomó declaración al exoperario denunciante y a varios trabajadores para tratar de dilucidar si ese borrado existió o no.

Ahora, con el proceso de instrucción cerrado definitivamente, el magistrado dará un plazo para presentar escritos de acusación y de defensa. De este modo, los dos únicos imputados, el maquinista y el exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, respectivamente, irán a juicio para determinar si son responsables de 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Carta a la presidenta de Adif

Este miércoles, la plataforma de víctimas del accidente envió una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para exigirle "que cumpla con su palabra" y cese al cargo de libre designación que irá a juicio por su etapa como responsable de seguridad en la empresa pública, Andrés Cortabitarte.

Tanto Pardo de Vera como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se comprometieron en diciembre de 2018, ante las víctimas, a cesar a Cortabitarte de su puesto de libre designación en el momento en que la imputación fuera firme. "Ese momento ha llegado y esperamos que cumpla con su palabra para no generar aún más dolor a las víctimas y familiares", le dice ahora la plataforma a la presidenta de Adif.