Procesadas un total de 44 personas por corrupción en España entre julio y septiembre

La base de datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ha incorporado la información relativa a los meses  de julio, agosto y septiembre del presente año. Las cifras resultantes exponen un total de 44 casos de procesamiento por delitos de corrupción en los juzgados y tribunales españoles.

Así, durante el tercer trimestre del año, un total de 44 personas fueron (o serán llevadas) a juicio a raíz de este tipo de delitos. A su vez, se abrieron juicios dictados en base a autos de apertura contra 13 personas jurídicas y se dictaron 17 sentencias, 11 de las cuales fueron condenatorias.

Esta información corresponde específicamente a la denominada corrupción pública, pues lidera los índices de preocupación de la ciudadanía española. De esta manera, según informa el CGPJ, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y, como uno de los elementos del tipo, la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Tabla de personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción. /CGPJ

Los datos clasificados muestran que Andalucía recoge los índices más altos de casos procesados, con 14 personas acusadas, juicios dictados contra 7 personas jurídicas y un total de 7 procedimientos por delitos de corrupción efectuados. Cataluña, en segunda instancia, reúne 3 personas acusadas y un único procedimiento realizado. Concluyen la tabla Madrid, con 1 acusado, 1 persona jurídica y 2 procedimientos ejecutados, la Comunidad Valenciana (1 acusado y 1 procedimiento) y Aragón (1 acusado y 1 procedimiento).

Por su parte, la Audiencia Nacional en sus órganos centrales percibe hasta 24 personas acusadas, juicios contra 5 personas jurídicas y un total de 6 procedimientos efectuados por corrupción. Estos números reflejan los casos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Información territorial

El repositorio de información del Consejo General del Poder Judicial ofrece todos sus datos públicamente. Las cifras permiten hacerse una idea de la acción de la justicia en su lucha contra los delitos corruptivos.

Los delitos que entran dentro de este marco de corrupción, recogidos además en el Código Penal, son aquellos relacionados con la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Las fuentes de las que se obtienen estos datos son también públicas. Destacan los boletines estadísticos elaborados por los Letrados de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Dirección General de servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

El portal digital del CGPJ presenta también la posibilidad de consultar esta información clasificada territorialmente. Para ello, han puesto a disposición de los usuarios un mapa interactivo que ofrece cifras sobre tramitación de procesos de corrupción en base a la comunidad autónoma seleccionada, el año elegido y el período trimestral marcado.

Sentencias dictadas

En base a lo citado por el CGPJ, entre el 1 de julio y 30 de septiembre los Juzgados y Tribunales dictaron 17 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 11 fueron condenatorias y 6 absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 65 por ciento de los casos.

Dentro de las condenatorias, los datos ofrecidos explican si lo han sido con o sin conformidad o si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba como porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Los datos muestran de nuevo que Andalucía se posiciona como la comunidad más afectada, con un total de 4 sentencias. Le sigue la Comunidad Valenciana, también con 4, los tribunales de Canarias y Asturias junto con la Audiencia Nacional se igualan con 2 y, tanto los de Baleares como los de Castilla-La Mancha y Cataluña han dictado 1.