Caso Cursach: Anticorrupción cambia de golpe su acusación mientras los empresarios la mantienen

El 'caso Cursach' sobre corrupción en los negocios de la noche mallorquina ha dado un nuevo giro inesperado. A tan solo doce días del macrojuicio –que se celebrará el próximo 13 de mayo–, la Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación contra siete de los 23 investigados, acotando los hechos por los que reclama condenas por el proceder de catorce agentes de la Policía Local de Palma –que se enfrentaban a condenas de hasta 12 años y medio de cárcel– y sus posibles conexiones con Bartolomé Cursach Mas.

Sin embargo, los empresarios que vieron sus negocios afectados por este caso se reafirman en su acusación y mantienen sus peticiones de cárcel sin exculpar a ninguno de los procesados. Esta decisión obliga a empresarios, policías locales de Palma y políticos a asistir al juicio por sus presuntos delitos. Los empresarios afectados y sus representantes legales insisten en que Bartolomé Cursach y sus empleados –entre los que se encuentran algunos de los procesados– se beneficiaron de su influencia sobre las instituciones de Palma para acabar con la competencia.

Cursach, también conocido como Tolo o el 'rey de la noche' de Mallorca, es uno de los magnates del ocio nocturno mallorquín con más influencia. El propietario de las discotecas más grandes de la isla (además de hoteles, gimnasios e incluso restaurantes) lleva siendo investigado por corrupción desde el año 2014, aunque no fue hasta 2017, con la acusación de algunos empresarios de la isla, cuando se empezó a poner el foco en sus negocios.

Según un escrito registrado ante la Audiencia Provincial, el Ministerio Público elimina su acusación contra el funcionario del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell y el funcionario del Govern, Bernadí Coll –estos dos últimos acusados de prevaricación por permitir que se realizaran obras sin licencia en el Megapark–.  También aparta el foco de la investigación inicial del celador de Cort, Julián Garau, y de tres cargos del Grupo Cursach: el director de Tito's y el jefe de sala de la discoteca, Jaime Lladó y Arturo Segade y Antonio Bergas, supuesto 'número tres' de la trama.

Por otro lado, la Fiscalía también ha rebajado sus peticiones de condena de los 16 procesados restantes del caso Cursach. Para 'el rey de la noche' de Mallorca, reclama ahora un año y medio de prisión frente a los ocho y medio solicitados en un principio. Para Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, se piden ahora tres años y medio de prisión. Inicialmente, a ambos se les investigaba por delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones, pero la fiscalía ha retirado varios de ellos por "falta de pruebas". De esta manera a Cursach solo le imputan ahora delitos de grupo criminal y prevaricación.

Miguel Estarellas, agente de la Patrulla Verde y uno de los implicados en el caso Cursach, ha resultado también exculpado a pesar de haber fallecido durante la tramitación de la causa y antes de que se celebre el macrojuicio. Además, la Fiscalía ha renunciado a casi 40 testigos propuestos en el escrito inicial de acusación.

El relato de los hechos inicial

El relato inicial de los hechos fue presentado a finales de 2018 por el fiscal Juan Carrau –uno de los que reducen las peticiones de condena del caso junto a Tomás Herranz– y el exfiscal Miguel Ángel Subirán –ahora bajo investigación por presuntas irregularidades durante la instrucción junto al juez Manuel Penalva–.

Un informe realizado por una perito judicial aseguró que el presunto fraude económico realizado por las empresas que configuran el Grupo Cursach supera con creces los 51 millones de euros, cantidad establecida por el informe que realizó en su momento el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, según adelantó El Diario de Mallorca.

El empresario Bartolomé Cursach Mas.

Esta valoración es el resultado de una investigación en la que, por una parte, se han ido anotando las cantidades de dinero que una empresa de seguridad recogía cada noche de los locales de ocio de Cursach en Mallorca y, por otra, de las declaraciones oficiales que se realizaron a los testigos e implicados ante la Agencia Tributaria.

Comparando ambas cantidades, la Policía sostenía que la empresa de ocio de Cursach solo declaraba un tercio de sus ingresos, por lo que la investigación apuntaba a que se habría cometido un presunto fraude fiscal superior a los 50 millones de euros. Asimismo, se denunciaba que la empresa contrataba a sus empleados por muchas menos horas de las que realmente trabajaban, por lo que también se habría podido cometer otro delito de fraude a la Seguridad Social, al no haber pagado las horas extra. La Policía, además, sospechaba que el empresario tendría un "topo" dentro de Hacienda.

Una perito, contratada por el empresario Bruno da Silva, uno de los denunciantes de la trama, realizó otro informe en el que sostenía que aunque la cantidad exacta del presunto fraude no puede determinarse aún, dado que no ha podido analizar la documentación completa, sí que respalda el trabajo que realizaron los especialistas del Grupo de Blanqueo de dinero de la Policía Nacional y estima que lo defraudado podría superar por mucho más esta ingente cantidad.