28 de noviembre de 2020
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FIN DE SEMANA

Obliga a quitar los presuntos delitos anotados de un ciudadano, administrador de la sociedad propietaria de los terrenos, que impedían vender la finca

El Constitucional ordena suprimir los presuntos datos delictivos de una persona en el Registro de la Propiedad

El Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por los magistrados Encarnación Roca -presidenta-, Juan Antonio Xiol Rius, Pedro González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez y Ricardo Enrique Sánchez, ha dictado una sentencia histórica en la que declara vulnerado el derecho al honor de un ciudadano español por no poder vender su finca, al constar en una anotación marginal del Registro de la Propiedad los delitos por los que está siendo juzgado.

El Tribunal Constitucional ordena en una sentencia de gran calado jurídico, que obra en poder de elcierredigital.com,  suprimir la anotación registral de una finca en la que se mencionaban los delitos de su propietario, algo  que impidió su posible venta. Esto supone para el Alto Tribunal una vulneración al Derecho al Honor del propietario, que todavía no había sido juzgado en un procedimiento judicial abierto por en la Audiencia Nacional.

El demandante, identificado por las siglas A.H.L., recurrió en amparo al Tribunal Constitucional, ya que en el marco de ese procedimiento, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional acordó librar mandamiento al Registro de la Propiedad de Alicante a fin de que se practicara una anotación marginal de prohibición de vender, gravar, obligar o enajenar los derechos de propiedad de una finca titularidad de una empresa del citado recurrente.

El abogado de A.H.L., el abogado y profesor doctor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Manuel Ollé Sesé, argumentó en su recurso de amparo que dicha mención comisionaba frontalmente “con los derechos constitucionales al honor y a la presunción de inocencia de su cliente", que es administrador solidario de la empresa CANED Madrid, S.L., propietaria de la finca en cuestión situada en el término municipal de Mutxamel, en Alicante.

“Con la publicidad de la inscripción de esos delitos en un registro público se lesionan los derechos a la tutela judicial, a la intimidad y al honor de mi representado”, escribió el abogado Ollé en su recurso de amparo. 

El abogado Manuel Ollé Sesé.

En la anotación preventiva que hizo el Registro de la Propiedad de Alicante, por orden del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional, se incluyó que la prohibición de vender era por la presunta comisión de la persona investigada de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la Hacienda Pública, todos relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y otras actividades delictivas conexas, por los que el ciudadano estaba siendo investigado, sin haber sido todavía juzgado.

Por ese motivo. la defensa del recurrente solicitó al Juzgado Central nº4 de la Audiencia Nacional que librase un mandamiento al Registro de la Propiedad de Alicante para que modificara la anotación, suprimiendo el elenco de delitos objeto de investigación, "por considerar que dicha inclusión vulnera los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la presunción de inocencia del investigado" y, además, porque esa anotación "no era necesaria para que la inscripción fuera eficaz".

Primera página de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ante la respuesta negativa de los órganos judiciales, se interpuso el correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que estimó dicha petición estableciendo que "la inclusión de dicha información en un registro público, con acceso a terceros, podría poner en cuestión la reputación y actuación profesional del demandante, ante cualquier consulta que se efectuase en virtud de la publicidad registral, afectando al núcleo duro del derecho al honor".

Por ello el Tribunal Constitucional ha declarado ahora vulnerado el derecho al honor del recurrente, ordenando al Juzgado instructor librar un nuevo mandamiento judicial al Registro de la Propiedad, en el que se requiera la supresión de la enumeración de los presuntos delitos incluidos en la nota registral.

Sentencia de gran calado jurídico

Por todo esto, el Constitucional ha anulado el auto de 20 de junio de 2017 dictado por el magistrado instructor en el que dijo que se incluyera dicha anotación, y también el del 31 de julio de ese mismo año, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lo ratificó  en apelación. 

Además, el Alto Tribunal ha ordenado al Juzgado Central de Instrucción 4 que mande al Registro de la Propiedad nº 5 de Alicante la supresión de la enumeración de los supuestos delitos de la anotación registral, centro de este conflicto.

Una sentencia de gran calado jurídico de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC), compuesta por los magistrados Encarnación Roca –presidenta–, Juan Antonio Xiol Rius, Pedro González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez y Ricardo Enriquez Sánchez, que ha declarado que la Audiencia Nacional vulneró el derecho al honor de A.H.L., investigado por varios delitos, al ordenar al Registro de la Propiedad de Alicante que incluyera en una anotación registral sus datos delictivos que impidieron la venta de la citada finca de su propiedad.

Los cinco magistrados entienden que la información que relacione a una persona física con la investigación en fase de instrucción de hechos delictivos, aunque mantenga intacta la presunción de inocencia del afectado, “conlleva, o puede conllevar, teniendo en cuenta actitudes sociales que son hechos notorios, un desmerecimiento en la consideración ajena, quedando de ese modo menoscabada su reputación“. Y añaden que se trata de una “medida innecesaria” para alcanzar el objetivo perseguido.

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