Repatriación de menores a Marruecos: Críticas a Interior por "no tener el valor de asumir su responsabilidad"

El debate político y social, así como también el embrollo judicial, generado en torno a las devoluciones de menores a Marruecos no amaina. La causa sobre la repatriación supuestamente irregular de 700 niños y adolescentes que entraron en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo sigue adelante en la Audiencia Nacional, que rechazaba este lunes la petición del Ministerio del Interior de inadmitir el recurso de la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la “instrucción” que dio inicio a las repatriaciones el pasado 13 de agosto.

Estas devoluciones, que se realizaban en grupos de quince menores, fueron paralizadas cautelarmente tres días después de iniciarse por un juzgado local de Ceuta, que ha apreciado que el procedimiento no cumple con ninguna de las garantías legales, como la de abrir un expediente individual por cada menor, o que estos tengan oportunidad de ser escuchados.

En este sentido, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y multitud de organizaciones y expertos señalan que el procedimiento incumple al menos dos normas. 

La primera, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que fue ratificada por España en 1990. Su artículo 12 prescribe que el menor tiene que "ser escuchado" en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”.

La segunda, la Ley de Extranjería del año 2000, que exige un informe previo de los servicios de protección de menores, así como de la Fiscalía, en los procedimientos de repatriación de menores. Desde la organización Save The Children advierten que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es una práctica "ilegal", al no analizar caso por caso la situación de cada niño. "Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada uno de los menores para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar".

Mientras, El Ministerio del Interior se ampara en el acuerdo firmado entre Marruecos y España en el 2007, al tiempo que echa balones fuera y niega cualquier responsabilidad. De hecho, en un escrito, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, señala directamente a la delegación de Gobierno en Ceuta y a la propia comunidad autónoma. 

Malestar de ARP con la postura de Interior   

Una postura, la del Ministerio del Interior, que la Agrupación Reformista de Policías (ARP), critica en un comunicado en el que expresa que "las garantías que tenemos encomendadas, con la debida objetividad a los intereses generales de las personas, deben afrontarse de forma distinta, sin complejos y asumiendo responsabilidades si las hubiera".

"Está claro que nadie quiera asumir con valentía las responsabilidades graves en las que se  ha podido incurrir vulnerando el ordenamiento jurídico que afecta a la tutela judicial efectiva de estos menores, y determinados preceptos internacionales que vinculan a nuestro país ante organismo e instituciones, lo que invita a tener que preguntar sobre el papel que ha tenido que desempeñar la Dirección General de la Policía, en materia de extranjería, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y, ésta a su vez, del Ministerio del Interior”.

A este respecto, ARP cita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la UCRIF, a la Unidad Central de Fronteras, la de Expulsiones y Repatriaciones y al CENIF.

Entrada de migrantes a Ceuta el pasado mes de mayo. 

Y prosigue, “como organización sindical no nos parece bien y no podemos compartir que el Ministerio del Interior se limite a manifestar que no tiene competencia en este intento de repatriación de menores (retornos asistidos) y aunque pudiera estar en lo cierto jurídicamente en su legítima defensa de evitar sea condenada la administración, todos sabemos que la no asunción de responsabilidades ante las demandas presentadas por organizaciones como el Defensor del Pueblo o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apreciaban que el procedimiento se había llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la Ley de Extranjería, la Ley del Menor y la Convención de Derechos del Niño, nos debe parecer como mínimo preocupante a los funcionarios, al exponernos ante la opinión pública si no se informa del papel jugado por estos departamentos policiales, que disipe cualquier duda”, aclara.

Y finalizan, “son cientos los funcionarios adscritos a estas unidades centrales y provinciales, en materia de extranjería, grandes valedores de los derechos de cualquier extranjero en su tratamiento administrativo y penal, honestos y eficaces funcionarios en la lucha contra las redes criminales de inmigración, que hoy se ven profundamente consternados por todo lo que se viene dilucidando en el terreno político y judicial”, advierte el sindicato.